Martes, 2 de julio de 2019. Han pasado dos semanas desde la elección del nuevo alcalde y el madrileño barrio de Chamberí amanece con varios operarios municipales en plena calle Galileo. Con la ayuda de una grúa, los trabajadores levantan y retiran poco a poco las pesadas jardineras y bancos que ocupaban la calzada desde que el anterior Ejecutivo local decidiese declarar la zona como vía de prioridad residencial. Algunos vecinos protestan. Otros, sin embargo, lo celebran. El nuevo regidor, José Luis Martínez-Almeida, contempla sonriente cómo los maceteros van desapareciendo. Su número dos, Begoña Villacís, inmortaliza el momento con su teléfono móvil. La escena queda plasmada en una fotografía que circula como la pólvora en redes sociales. Una imagen que representó a la perfección el inicio del desmantelamiento del llamado legado de Carmenalegado de Carmena, un trabajo que ha continuado sin freno a lo largo de los dos últimos años y en el que los tribunales han jugado –y seguirán jugando– un papel crucial.
Prácticamente desde el principio, allá por 2017, el proyecto Despacio Galileo se encontró con la oposición de parte del barrio. Un movimiento al que no tardaron en arrimarse PP y Ciudadanos. Siempre que había una protesta, ambos partidos se dejaban ver por allí. Tal era su implicación que convirtieron la reversión de la iniciativa de peatonalización del equipo de Carmena en una de las banderas de cara a los comicios electorales que les abrieron la puerta del Palacio de Cibeles. No era la única. Entre los planes que ponían sobre la mesa para esta enmienda exprés a la gestión municipal del anterior Gobierno municipal se encontraba también la retirada de los semáforos en la A-5, una de las principales arterias de entrada a la capital por el sur. No se habían cumplido ni dos semanas desde la conformación del nuevo Ejecutivo local cuando fueron retirados. Unos meses después, cayó el carril bici de Hortaleza.
Dos años han pasado ya desde los primeros movimientos del nuevo consistorio. Veinticuatro meses en los que el legado que dejó la exalcaldesa se ha ido borrando poco a poco. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, resume lo que va de legislatura, que ya se encuentra en el ecuador, en una combinación de "comentar y destruir. "Almeida se ha dedicado fundamentalmente a comentar lo que pasaba confrontando con [Pedro] Sánchez y a destruir lo que el anterior Gobierno había hecho", apunta en conversación con infoLibre quien fuera portavoz del Ejecutivo de Manuela Carmena. En lugar de "construir ciudad", señala Maestre, ha hecho "retroceder" a la capital "a los años setenta", a un Madrid "antiguo" y "alejado" de "una ciudad moderna". "Madrid es una ciudad innovadora, diversa, moderna. Abierta. Merece un gobierno a su altura", la cara visible de Más Madrid.
Uno de los caballos de batalla del nuevo equipo municipal fue, desde el principio, la movilidad. Y, sobre todo, Madrid Central, la zona de bajas emisiones de la capital que echó a andar allá por 2018 y que consiguió reducir la contaminación en toda la ciudad hasta un 10%, en contra de lo que la derecha aseguraba que pasaría. Nada más llegar a Cibeles, Almeida acordó una moratoria de multas de tres meses, lo que, de facto, implicaba dejar sin efecto el área anticontaminación. Una semana duró el anuncio. La medida fue rechazada por los tribunales. Una justicia que, al mismo tiempo, ha acabado derribando Madrid Central. Por un defecto de forma, con el visto bueno del Supremo –que todavía tiene que resolver otros procedimientos en este sentido– y a raíz de un recurso del PP, quien a toda prisa se ha visto obligado a preparar una nueva ordenanza de movilidad casi idéntica a la que había. Eso sí, invirtiendo 185.000 en borrar de las calles el nombre del proyecto estrella de Carmena –ahora se llamará Distrito Centro–.
Sin memoria histórica y sin radio municipal
Los jueces también se han encargado a lo largo de esta legislatura de ir laminando parte del legado de Ahora Madrid en materia de memoria histórica. Fundamentalmente, en lo relativo a la eliminación del callejero de algunos nombres franquistas. Los cambios en el nomenclátor fueron pilotados por el Comisionado de Memoria Histórica. En total, se acordó tocar poco más de medio centenar de placas con nombres como "Batalla de Belchite", "General Franco", "Arriba España" o "Héroes del Alcázar". Sin embargo, algunas de estas modificaciones han chocado de frente contra los tribunales, que incluso han tenido que poner coto a los recursos de la Fundación Franco. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado el mantenimiento de General Millán Astray y Caídos de la División Azul al entender que no exaltaban la dictadura. Lo mismo hizo con El Algabeño, Cirilo Martín, Asensio Cabanillas, Crucero Baleares o Hermanos García Noblejas.
De la otra parte del desmantelamiento de las políticas memorialistas se ha encargado el equipo de Almeida. Y lo hizo desde el primer minuto. Cuando no llevaba ni dos semanas con el bastón de mando, anunció el cierre de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, que puso en marcha el Gobierno de Carmena y que velaba por la aplicación del Plan Estratégico de Derechos Humanos, un asunto que ha dejado de tener financiación municipal en los últimos presupuestos –el programa se recortó en las primeras cuentas y se eliminó en las segundas–. Cinco meses después, actuó contra el memorial del cementerio de La Almudena, un proyecto impulsado por el anterior equipo local, retirando las placas con los nombres de los fusilados frente a las tapias del camposanto entre 1939 y 1944. "En ambos bandos hay heridas e igual de profundas", fue el argumento esgrimido desde Cibeles.
La cultura ha sido otro campo de batalla de la herencia recibida. Poco tardó Andrea Levy, responsable de área, en dar un golpe de mano en cuanto llegó al Gobierno municipal. En cuestión de semanas, descabezó algunos de los principales centros culturales, como Conde Duque, Fernán Gómez o Centro-Centro y relevó a sus directores. Todos ellos habían sido elegidos a través de un sistema de concurso público que se puso en marcha en tiempos de Carmena. Sin embargo, la concejala de Cultura decidió regresar a la modalidad de elección directa de los tiempos de Ana Botella o Alberto Ruiz-Gallardón. Lo hizo después de conocerse que el consistorio revertiría también la decisión del anterior equipo de gobierno de separar el Teatro Español y las Naves del Matadero. O el cierre de M21, la emisora de radio municipal que partía de una idea de los noventa de José María Álvarez del Manzano (PP) pero que impulsó Ahora Madrid. Se acababa así con tres años de ofensiva de la derecha contra lo que llamaron radio Carmenaradio Carmena.
Reducción de la participación ciudadana
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Una de las piedras angulares del proyecto que encabezó en su día Manuela Carmena se situaba en la descentralización del poder local y en una mayor democratización. Que los vecinos pudieran participar activamente de la toma de decisiones. Lo hizo con una nueva figura: los Foros Locales, bautizados por Esperanza Aguirre como "nuevos soviets" y que no eran más que una versión revisada de los consejos territoriales que dejaron de utilizarse durante el mandato de Ana Botella. Unos órganos compuestos por ciudadanos y asociaciones que se pusieron en marcha en apenas unos meses. "Los vecinos van a tener más poder, más posibilidades de proponer, de influir, de condicionar las políticas municipales y pedir cuentas a los responsables políticos", se encargó de resumir Ignacio Murgui, delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, tras aprobarse el reglamento encargado de regular su funcionamiento.
Un texto al que ya ha metido mano el nuevo equipo de Gobierno. A partir de ahora no se llamarán Foros Locales, sino Consejos de Proximidad, que solo podrán pronunciarse sobre asuntos que afecten al "ámbito territorial" de su distrito. Además, se crean figuras como la de los organizadores de mesa, que serán vocales vecinos de los distintos grupos municipales, y se recorta el número máximo de mesas y grupos de trabajo. El objetivo, defienden desde Cibeles, es aligerar esas juntas y que sean "un modelo de participación ciudadana neutral, porque el anterior era una participación sectaria". Desde la oposición, sin embargo, defienden lo contrario. "Han puesto un modelo absolutamente caduco", sostiene en conversación con este diario el concejal de Más Madrid Ignacio Murgui, quien considera que la nueva propuesta no es más que un "cerrojazo" y un "portazo en la espalda" a los vecinos.
No es la primera vez que la oposición denuncia el desmantelamiento de la participación ciudadana por parte del actual equipo de Gobierno. Ya lo hizo en los primeros compases de legislatura, cuando el Ejecutivo local planteó su intención de vaciar de contenido el Observatorio de la Ciudad, puesto en marcha durante la legislatura de Carmena y con potestad para "intervenir en el diseño de las políticas públicas". Aquel órgano, que evaluaba la gestión municipal, estaba formado en su día por 49 ciudadanos elegidos por sorteo. Sin embargo, el nuevo modelo aprobado por el alcalde de Madrid poco antes del estallido de la pandemia borraba todo rastro de participación de los madrileños de a pie. Los vecinos han sido sustituidos por responsables del Gobierno local y altos cargos. Ahora, el Observatorio de la Ciudad lo capitanea el titular del área de Transparencia.
Martes, 2 de julio de 2019. Han pasado dos semanas desde la elección del nuevo alcalde y el madrileño barrio de Chamberí amanece con varios operarios municipales en plena calle Galileo. Con la ayuda de una grúa, los trabajadores levantan y retiran poco a poco las pesadas jardineras y bancos que ocupaban la calzada desde que el anterior Ejecutivo local decidiese declarar la zona como vía de prioridad residencial. Algunos vecinos protestan. Otros, sin embargo, lo celebran. El nuevo regidor, José Luis Martínez-Almeida, contempla sonriente cómo los maceteros van desapareciendo. Su número dos, Begoña Villacís, inmortaliza el momento con su teléfono móvil. La escena queda plasmada en una fotografía que circula como la pólvora en redes sociales. Una imagen que representó a la perfección el inicio del desmantelamiento del llamado legado de Carmenalegado de Carmena, un trabajo que ha continuado sin freno a lo largo de los dos últimos años y en el que los tribunales han jugado –y seguirán jugando– un papel crucial.