Anticorrupción no ve delito en la venta de preferentes y cuotas de la CAM

La Fiscalía Anticorrupción, que el 19 de junio de 2012 pidió que se iniciara una investigación por presunta estafa de las cuotas participativas y de las participaciones preferentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), no ve ahora ningún delito en la emisión y comercialización de estos productos financieros, que han atrapado a miles de clientes de la entidad financiera originaria de Alicante y Murcia.

"Nos encontramos ante unos hechos y unas consecuencias jurídicas derivadas de los mismos que tienen el cauce apropiado para su esclarecimiento y en su caso resarcimiento en el ámbito civil, no en el procedimiento penal", concretan los fiscales Luis Rodríguez Sol y Ana Cuenca en un escrito del pasado 26 de junio.

En el documento de 23 páginas, al que ha tenido acceso infoLibre, los representantes del Ministerio Pública solicitan al magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que archive esta pieza separada del caso CAM.

Investigación por estafa

Precisamente, la investigación de las cuotas participativas y de las preferentes es la que tiene una mayor repercusión entre los afectados, tal y como han explicado ellos mismos a infoLibre. En este sentido, fuentes de la acusación de Adicae consideran que la investigación sobre las cuotas participativas es determinante para la defensa de los intereses de sus asociados, que consisten básicamente en tratar de conseguir la devolución del dinero invertido.

En el caso de las cuotas participativas, la CAM comercializó 292 millones de euros de este producto financiero. Y en el caso de las preferentes y subordinadas la cifra fue mayor, pues llegó hasta los 1.609 millones. La CAM fue intervenida por el Estado y ha necesitado 24.861 millones de euros para evitar su quiebra, según los datos del Tribunal de Cuentas, que considera la entidad alicantina como la más ruinosa, por encima de Bankia.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la CAM, Carlos Pena, sostiene que de los 292 millones suscritos en cuotas participativas todavía quedan pendientes de amortizar unos 120 millones. De esta última cifra, 13 millones corresponderían a los 750 afectados que se han agrupado en torno al abogado murciano Diego de Ramón.

No hay irregularidades

Los fiscales Anticorrupción hacen en el escrito un recorrido sobre las decisiones adoptadas por los directivos de la CAM, con las conclusiones de que en el caso de las cuotas, pese a las denuncias recibidas, "no consta que la CNMV detectara ninguna irregularidad relevante en la comercialización entre la clientela minorista".

Pero en relación a las preferentes, Anticorrupción sí admite la existencia de irregularidades en su comercialización, pero no suficientes para considerarlo un delito de estafa: "El ámbito idóneo para la depuración de las responsabilidades exigibles por estas conductas es el del Derecho administrativo sancionador y no el proceso penal", reseña el documento.

Luis de Guindos

Las cuotas participativas eran un producto financiero parecido a las acciones, pero que sin embargo no generaban derecho de voto. La CAM optó por este modelo híbrido ya que en ese momento las cajas de ahorros no podía emitir acciones. Tanto en el caso de la CAM como de Caja Madrid la entidad financiera que promovió la creación de las cuotas fue la firma norteamericana Lehman Brothers, cuya quiebra a finales de 2008 se convirtió en el preludio de la crisis financiera internacional.

El escrito de la Fiscalía pone de manifiesto que fue el representante legal de Lehman Brothers International (Europe) el que avaló con un escrito destinado a la CNMV en el que declaraba que había comprobado que la información contenida en la nota sobre las cuotas de la oferta, "en lo que se refiere a los términos y condiciones de la oferta y a los derechos y obligaciones de las cuotas participativas objeto de la misma, no es falsa ni se omiten en ella datos relevantes requeridos por la legislación aplicable".

Lehman Brothers

La Fiscalía no identifica al "representante legal" de Lehman Brothers que redactó el documento, aunque el máximo dirigente de esta sociedad en Europa era el actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Este integrante del Gobierno de Mariano Rajoy fue quien ofreció a Miguel Blesa que comercializara las cuotas participativas en Caja Madrid, tal y como confirman varios correos electrónicos publicados por infoLibre.

Este informe de la empresa liderada en Europa por Luis de Guindos acabó con "los temas delicados" detectados previamente por la CNMV, que dio su visto bueno a la comercialización del producto financiero, que tras la intervención del Fondo de Reestrcuturación Ordenado Bancario (FROB) pasó a tener un valor de cero euros.

Manipulación de las cuentas

Los fiscales aluden también a un informe de peritos del Banco de España en el que se pone de manifiesto que la manipulación de las cuentas de la CAM pudo tener efectos en los precios de cotización de 2009 y 2010, "que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, ya que se atribuían beneficios a ésta cuando en realidad se habían producido pérdidas".

Por dicho motivo, los fiscales consideran que los perjuicios no están claros, recordando que los peritos del Banco de España consideran también que es "razonable pensar que los precios de cotización hubiesen bajado ante una información financiera que reflejase una situación con más morosidad y peores resultados de la CAM. En este sentido, podría considerarse que fueron perjudicados los que adquirieran cuotas en el mercado en 2010 y 2011, mientras pudieron ser beneficiados los que las vendieron".

Tampoco ven irregularidades los fiscales en el hecho de que las cuotas pasaran a perder todo su valor. Sin llegar a una conclusión, los representantes del Ministerio Público recuerdan que la cotización de las cuotas fue suspendida tras la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB), y que posteriormente, el 9 de julio de 2012, la Asamblea General de la CAM aprobó las cuentas de la entidad financiera, "y como consecuencia de la aplicación de su resultado, el valor de las cuotas participativas pasó a ser de cero euros".

Preferentes

Por el contrario, en el caso de las preferentes los fiscales sí admiten la existencia de irregularidades. Después de constatar que casi todo el importe de los 1.600 millones en preferentes se colocó en el tramo minorista, el escrito de Anticorrupción destaca que el 95,83% de los preferentistas acudieron al canje ofrecido por el Banco Sabadell. "La emisión de preferentes en CAM se remonta a los años 2001 y 2002, mucho antes del comienzo de la crisis económica, lo cual significa que hay un buen número de clientes de la CAM que han disfrutado de la rentabilidad de este instrumento financiero durante bastantes años, en los que no hubo ninguna queja respecto de la actuación de la entidad", completan.

Juan Ramón Avilés

Y como ejemplo de esta alta rentabilidad los fiscales ponen como ejemplo al presidente de la comisión de control de la CAM: "Las preferentes han sido un instrumento altamente rentable para algunos clientes que han sabido comprarlas y venderlas en el momento oportuno. Por ejemplo, el informe del Banco de España de 24 de abril de 2012 cita el caso de algunas sociedades vinculadas a Juan Ramón Avilés, que titularon estos productos durante un tiempo en que su rentabilidad era del 7,25% anual".

Además, según argumentan los fiscales basándose en el mencionado informe de los peritos del Banco de España, en las operaciones de emisión y comercialización inicial de cualquiera de esos productos financieros "no se ha constatado que hubiera ningún engaño derivado de una falsa formulación de los estados financieros de la CAM y que pudiera llevar a error a los adquirentes de dichos productos".

Ocultaron pérdidas

No obstante, los peritos solo reconocen que desde 2009 podría sostenerse que las cuentas en las que se ocultaban las pérdidas de la CAM "encajan en el concepto de engaño y que dicho engaño era bastante para provocar en el comprador el error de que iba a obtener unos beneficios mayores que los reales".

Aunque no está claro, argumentan los fiscales, que haya habido ánimo de lucro por parte de los directivos de la CAM, ya que los que se habrían beneficiado con esta conducta habrían sido los particulares que vendieron los productos a un precio superior al de mercado. "El único beneficio de la CAM habría consistido en evitar posibles reclamaciones, el consiguiente perjuicio reputacional y una potencial pérdida de clientes".

No hay estafa

Por todo ello, los fiscales concluyen que no existen indicios que permitan apreciar, a partir de las conclusiones de los peritos judiciales sobre los perjuicios derivados del falseamiento de las cuentas anuales a los clientes de productos financieros de la CAM, la existencia de un delito de estafa "que justifique en este momento procesal la pervivencia de esta pieza separada".