Anticorrupción recurre el archivo de la pieza del caso Rato en la que la UCO le acusaba de blanqueo de capitales

La fiscal del caso que instruye el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid sobre el origen presuntamente ilícito de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha recurrido el archivo de la pieza relativa a la investigación sobre las campañas publicitarias que llevaron a cabo empresas privatizadas durante su mandato y con las que habría cometido blanqueo de capitales, según la Guardia Civil.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente cree que este asunto debe seguir siendo investigado por el magistrado instructor Antonio Serrano-Arnal, que el pasado 26 de mayo sobreseyó provisionalmente esta pieza en la que la Unidad Central Operativa (UCO) acusaba al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho.

En su auto, el juez que investiga el origen presuntamente ilícito de la fortuna de Rato argumentó que el informe de la Guardia Civil carecía de "sustento básico alguno". En éste se apuntó que el exbanquero se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Endesa, Repsol o Teléfonica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de su confianza y luego obtener sustanciosos contratos de publicidad a través de la sociedad Cor Comunicación, creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013.

Tras incorporarse este informe a la causa, la Fiscalía Anticorrupción pidió a Serrano Arnal que volviera a citar a declarar al exvicepresidente económico del Gobierno por la posible comisión de estos delitos, aunque el juez respondió que la tesis de la Guardia Civil era una "hipótesis sin sustento fáctico actual" y acabó archivando provisionalmente esta parte.

Causa compleja

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Así matizó que, conforme establece el artículo 131 del Código Penal, el delito de cohecho prescribe a los diez años por lo que, si abandonó el Gobierno en 2004, los hechos estarían prescritos desde 2014. Respecto a la comisión de delito fiscal al que apuntó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, dijo que al no estar individualizadas las cuotas que habrían sido objeto de blanqueo, "difícilmente" se podía hablar de este tipo de operaciones.

Rato, que tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna, habría defraudado cuotas por un importe total de 6,8 millones de euros según expuso la ONIF en un informe adherido a la causa y que recoge que las rentas no declaradas apreciables en transferencias bancarias internacionales ascienden a un importe superior a los 7 millones de euros.

El magistrado instructor decidió la pasada semana prorrogar 18 meses más la investigación de acuerdo con el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite que, tras medio año de instrucción, la declare compleja si se dan las circunstancias para ello y prolongue las diligencia por un plazo de 18 meses.