El anuncio contra la corrupción de Rajoy que tenía truco

"Afortunadamente, no hay impunidad. Quien la hace la paga", aseguró Rajoy sobre la corrupción este jueves. Para probarlo, el presidente de Gobierno aseguró que facilitaría todos los “medios personales y materiales", anunciando que el Consejo de Ministros aprobaría el viernes la creación de 282 "nuevas plazas de jueces y magistrados" para "luchar contra la corrupción". Pero la realidad no es exactamente cómo la vendió Rajoy, y algunas asociaciones judiciales han llegado a acusar al Gobierno de "no decir la verdad"

El Consejo de Ministros ha decidido crear tres nuevos juzgados –en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa–. El resto de las 282 plazas son para jueces que ya ejercían su labor porque habían aprobado la oposición, pero no tenían asignada una plaza concreta. Esto es lo que se soluciona ahora: se les asigna una plaza fija que no tenían. Por supuesto, no todos esos jueces se van a dedicar a enjuiciar casos penales, entre ellos delitos de corrupción. También estarán adscritos al orden civil, contencioso o social. El Ministerio de Justicia no específico cómo se repartirían esas 282 plazas entre los cuatro órdenes jurisdiccionales. A preguntas de infoLibre, un portavoz del ministerio ofreció la siguiente cifra: un 75% de las 112 plazas adscritas a órganos colegiados (audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia, básicamente) un 75% trabajará en salas de lo penal. Entre ellas hay dos en la Audiencia Nacional, el órgano que instruye los principales casos de corrupción. Además, se crean 167 plazas de juez de adscripción territorial, que pueden ser asignados a cualquiera de los cuatro órdenes (civil, penal, contencioso o social). 

Jueces críticos

Pablo Llanera, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), reconoce que las 282 plazas no se dedicarán exclusivamente a casos de corrupción, pero cree que "mejorarán la gestión de esos casos, que son particularmente complejos". Llanera subraya que la medida aprobada por el Gobierno era algo "necesario" que la APM "había hecho ya llegar al Ministerio de Justicia y al Gobierno". También destaca que "282 jueces es una cifra significativa". La APM es la asociación mayoritaria en la magistradura, y tiene un tinte ideológico conservador.

En cambio, el presidente del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, apunta que "no hay más jueces, sino que se les recoloca", haciendo hincapié en que, pese al anuncio de Gobierno, estos nuevos jueces "no se dedicarán solo a temas de corrupción". En esta línea, Dolado señala que "no es una medida adoptada para luchar contra la corrupción" –como se podría pensar por el escándalo de la red Púnica destapado esta semana–, sino que se debe a que "tenemos jueces desde hace tres años sin plazas, que estaban destinados como jueces de apoyo", por lo que "no hay una generación de nuevos jueces, eso no es verdad". El presidente del Foro Judicial Independiente reitera que "van a ser distribuidos allí donde se necesiten, no están destinados específicamente para corrupción".

"Es un engaño para que parezca que se está haciendo algo en el ámbito de la corrupción", asegura por su parte Joaquim Bosch, presidente de Jueces para la Democracia. Para Bosch, se trata de "un mero ajuste administrativo de la plantilla" por el que se "ha creado un espacio para que estos jueces puedan tener un lugar para concursar y estén computadas en la plantillas", debido a que la situación anterior era "irregular".

El presidente de Jueces para la Democracia también insiste en que "no se crean jueces nuevos: todos estaban trabajando desde hace dos años", y destaca que "la gran mayoría están y seguirán estando en destinos que no tienen nada que ver  con la corrupción". Bosch sentencia que "en pleno escándalo contra la corrupción, quieren lanzar esta cortina de humo".

La mejor medida es la prevención

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Estas tres asociaciones de jueces coinciden en lo fundamental para luchar contra la corrupción: prevenirla. "Aparte de una cuestión de valores y ética y un grado de exigencia personal y responsabilidad civil e integridad personal", señala Pablo Llanera, hacen falta "mecanismos de control de funcionamiento de las administraciones públicas y del gasto de los presupuestos".

Para empezar, Ángel Dolado cree que "lo más importante" es que tanto los jueces de la Audiencia Nacional como de todos los territorios "tengan bajo sus órdenes directas a inspectores de Hacienda y de Trabajo o a auditores contables", para "que sean los jueces quienes decidan a quién quieren para investigar a estos casos". El presidente del Foro Judicial Independiente considera que agilizar los procedimientos también sería de gran ayuda, impidiendo que "no se utilicen los recursos para ralentizar el proceso".

"La justicia penal llega siempre tarde, cuando se ha causado un daño a la sociedad", asegura Joaquim Bosch, que apuesta también por mecanismos y procedimientos que garanticen y controlen a la administración, de forma que se eviten las prácticas corruptas.