La Fiscalía Superior de Madrid ha archivado de plano la denuncia que acusaba de prevaricación al hasta hace un mes consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández Lasquetty. El denunciante, un particular, sostenía que Lasquetty incumplió la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que obliga a sacar a concurso de méritos aquellas plazas que de forma ininterrumpida hayan estado ocupadas en la administración pública "con carácter temporal" desde antes del 1 de enero de 2016.
En apoyo de su tesis, el denunciante aportó el historial completo de cuatro interinos de la Comunidad de Madrid para demostrar que, aun ajustándose a lo que preceptúa esa ley, no se les dio la oportunidad de estabilizar su puesto mediante la fórmula establecida en la ley citada, en vigor desde diciembre de 2021. Sencillamente no se les dio –era su argumento central– porque los concursos no llegaron a convocarse. Pero según la Fiscalía, lo que sostiene el denunciante está “huérfano de un apoyo probatorio que lo refrende”. Es decir, que no ha demostrado la inexistencia de tales concursos de méritos.
Rechazo del PP a la ley
Un año y medio antes de que la denuncia llegara el pasado 2 de junio a la Fiscalía de Madrid desde Granollers, donde reside el denunciante –funcionario madrileño allí destinado–, el propio Lasquetty había expuesto claramente su posición sobre el plan del Gobierno para finiquitar la temporalidad permanente. El entonces consejero de Hacienda del Ejecutivo madrileño definió como “extraordinariamente preocupante” y una “concesión demagógica” la ley aprobada para que los interinos con más de cinco años de permanencia –es decir, los que ya estuvieran contratados el 1 de enero de 2016– sean fijos sin opositar y mediante concurso de mérito.
Antes de que infoLibre publicase que la Fiscalía de Granollers había abierto diligencias tras la denuncia y se las había traspasado a las de Madrid, el equipo de Lasquetty declinó ofrecer su versión sobre lo sucedido a preguntas de este diario.
Meses después, la propia Isabel Díaz Ayuso se lanzó a degüello contra la misma ley. "Lo que tenemos enfrente –dijo en mayo de 2022– es un proyecto totalitario que le da la espalda a las instituciones” y que busca "regalar el acceso a las instituciones a personas que no han pasado unas oposiciones".
"Ni siquiera se lo ha preguntado"
Aun así, la Fiscalía argumenta lo esbozado en el primer párrafo: que el denunciante no ha aportado pruebas del supuesto delito. “La mera afirmación realizada por el denunciante de no haber ofertado un aforado [Lasquetty lo era en tanto que miembro del Ejecutivo autonómico y lo sigue siendo como diputado autonómico] determinadas plazas que debieran haberlo sido, huérfano de un apoyo probatorio que lo refrende –más allá de los informes de vida laboral– y de toda argumentación sobre los hechos en que pudiera sustentar el presunto hecho delictivo no lleva sino a concluir (…) la ausencia de un mínimo indicio que permita iniciar una investigación contra la persona denunciada”.
Dirigida por Almudena Lastra, la Fiscalía Superior de Madrid recuerda al denunciante que puede presentar una querella. Pero no es posible hacerlo, asegura en declaraciones a infoLibre el autor del escrito, Israel Fulgencio García, “porque implicaría disponer de dinero para ello”.
Licenciado en Derecho, García remarca su “incomprensión” ante el argumento central de la Fiscalía Superior de Madrid para dar carpetazo al asunto: “Lo que me están diciendo con este decreto de archivo es que debo probar que hay personas que como trabajadores están en la situación que obligaba a la Administración a convocar un concurso que no se ha convocado”. “Quien tendría que probar que sí ha convocado el proceso sería el investigado pero ni siquiera se lo han preguntado”, añade para a renglón seguido subrayar que la ley –la de Enjuiciamiento Civil– y la jurisprudencia señalan lo siguiente: “Que los hechos públicos y notorios están exentos de prueba”. Y que “no pensaba convocar concursos de méritos” –relata García– lo precisó Lasquetty durante la respuesta a una pregunta parlamentaria de Unidas Podemos en la pasada legislatura. El vídeo de aquella intervención se puede ver pinchando aquí.
Auténtico gurú de la política económica seguida por Ayuso hasta que tras las elecciones autonómicas salió del Gobierno, Lasquetty conserva el escaño por el PP en la Asamblea regional, con lo que conserva el aforamiento ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM). Lasquetty perdió el rango de consejero en cuanto tomó posesión el nuevo Ejecutivo, cuya composición anunció públicamente Ayuso el 22 de junio. Fue en esa misma fecha cuando la Fiscalía Superior, que tenía la denuncia en su poder desde 20 días antes, dio el cerrojazo sin investigación previa. El decreto de archivo quedó así datado el 22 de junio. Pero no partió hacia el denunciante, vía correo certificado, hasta el 14 de julio. Lo recibió el viernes 21, víspera de la jornada de reflexión para las elecciones generales de hace una semana.
La Fiscalía Superior de Madrid ha archivado de plano la denuncia que acusaba de prevaricación al hasta hace un mes consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández Lasquetty. El denunciante, un particular, sostenía que Lasquetty incumplió la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que obliga a sacar a concurso de méritos aquellas plazas que de forma ininterrumpida hayan estado ocupadas en la administración pública "con carácter temporal" desde antes del 1 de enero de 2016.