Dos adjetivos insertados en un artículo de la Ley de Régimen Electoral (Loreg) se han convertido en la coartada legal del Congreso y el Senado para autorizar que parlamentarios en activo cobren la paga de jubilación que el Parlamento Europeo garantiza a los antiguos eurodiputados vinculados al fondo de pensiones de Luxemburgo.
El artículo 158.2 de la Loreg prohíbe a diputados y senadores percibir "pensiones de derechos pasivos [la jubilación de los funcionarios] o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio". Y es en esas tres últimas palabras –"público y obligatorio"- donde, a tenor de los argumentos facilitados a infoLibre por ambas Cámaras, radica la clave. Porque, pese a que fue creado, regulado y financiado por el Parlamento Europeo, que garantiza en el Estatuto de los Eurodiputados el pago de esas pensiones, tanto el Congreso como el Senado consideran que se trata de un fondo "privado".
Ambas instituciones remarcan asimismo que el fondo de Luxemburgo siempre tuvo carácter "voluntario" y que se trata –esa es la versión oficial del Congreso y el Senado–de un "fondo privado". Pero tanto el Estatuto de los Eurodiputados, en vigor desde 2009, como las actas oficiales del Parlamento Europeo desmienten esa segunda afirmación al remarcar la condición de garante de esas pensiones que asume la institución como el origen público del dinero ingresado por el fondo. Un ejemplo: el acta de la sesión donde la Eurocámara aprobó el 22 de abril de 2008 la ejecución del presupuesto de 2006 ofrece cifras exactas de esa aportación pública: “Constata [el Parlamento] que la cotización mensual al fondo por diputado ascendía [en 2006] a 3.354,21 euros repartidos de la siguiente forma: un tercio, es decir 1.118,07 euros, pagado por el diputado y actualmente deducido de su dieta para gastos, y dos tercios, es decir 2.236,14 euros, pagados por el Parlamento”.
En realidad, el hecho de que ese supuesto tercio de origen privado saliese del capítulo dedicado a dietas indica que el Parlamento sufragó la existencia del fondo al completo hasta que en 2007 consiguió que los eurodiputados pagasen –ahora sí– esa parte de su bolsillo. El Europarlamento cerró el grifo del fondo en 2009 tras la entrada en vigor del Estatuto de los Eurodiputados. Pero garantizó, a través de ese mismo estatuto, los derechos adquiridos por sus miembros. Es decir, el pago de las pensiones, cuyo desembolso de asumir la Cámara si el fondo -que cada año registra un déficit multimillonario- entra en quiebra.
Dadas las circunstancias, el marco legal aplicado por las dos Cámaras españolas a diputados y senadores se sitúa así, a efectos prácticos, en el polo opuesto del que establece la ley de Seguridad Social. Con carácter general, esa ley prohíbe a cualquier jubilado desarrollar una actividad laboral por cuenta propia si con ella obtiene rentas anuales superiores al salario mínimo (10.302,6 euros por año).
¿Es Margallo un caso único?
Mientras que el Congreso y el Senado se escudan tras la letra de la Ley Electoral para justificar su posición, el Gobierno permanece atrincherado en el silencio. Pese a las reiteradas peticiones de infoLibre, el Ejecutivo no ha accedido a desvelar qué criterio legal y político le llevó a permitir que al menos uno de sus ministros –José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016– y al menos durante dos años, sumara a su sueldo como alto cargo (51.000 euros netos en 2015) la pensión del fondo de Luxemburgo para exeurodiputados (53.000 euros) que hayan cumplido los 63 años.
Este diario no ha logrado averiguar si también Miguel Arias Cañete, que simultanea su sueldo como eurocomisario de Energía con su pensión como jubilado del Parlamento Europeo, ya cobró esa paga durante el año transcurrido entre febrero de 2013 –cuando cumplió 63 años– y abril de 2014, fecha en que cesó en el Gobierno de Rajoy para optar a la comisaría que ahora dirige. Un tercer miembro del Gabinete que también fue eurodiputado, Cristóbal Montoro, renunció voluntariamente al cobró de la pensión porque "entendía que no debía cobrarla".
infoLibre ignora si algún otro diputado percibe en la actualidad esa pensión además de Margallo, que tomó posesión de su escaño al Congreso en diciembre de 2015. Algunos datos apuntan a que, como mínimo, también algún miembro del Senado cobra como parlamentario activo y como pensionista jubilado del Parlamento de Estrasburgo. No ha sido posible verificar aún ese extremo, pero fuentes oficiales del Senado ya precisaron este lunes que la doble percepción de ingresos -el sueldo de senador en activo y la paralela pensión del Parlamento Europeo para sus antiguos miembros– se ajusta a la ley. El Senado considera –expusieron fuentes oficiales de la institución– que "el fondo de pensiones del Parlamento Europeo no es un sistema de pensión pública sino un fondo privado y las aportaciones son voluntarias y no obligatorias".
La expresidenta de Aragón también cobra como senadora y como pensionista del Parlamento Europeo
A la pregunta de si la Cámara entiende que un fondo de pensiones financiado en al menos dos tercios por el Parlamento Europeo con cargo a su presupuesto y cuyas pensiones de jubilación garantiza la Eurocámara en su Estatuto de los Eurodiputados debe conceptuarse como fondo privado, las mismas fuentes respondieron invocando el ya citado artículo 158.2 de la Loreg.
Se trata del mismo argumento que días atrás esgrimieron los interlocutores del Congreso consultados por este diario. En referencia expresa al caso del exministro Margallo, las fuentes se pronunciaron en los siguientes términos: "En la declaración de bienes, en el apartado “Otras rentas o percepciones de cualquier clase”, figura la cantidad percibida del Plan de Pensiones del Parlamento Europeo, en tanto que renta y no pensión, procedente de un fondo de pensiones, en el que los partícipes han ido aportando cantidades voluntariamente y luego las recuperan a partir de determinada edad, y que no contradice el artículo 158.2 de la Loreg".
Dos adjetivos insertados en un artículo de la Ley de Régimen Electoral (Loreg) se han convertido en la coartada legal del Congreso y el Senado para autorizar que parlamentarios en activo cobren la paga de jubilación que el Parlamento Europeo garantiza a los antiguos eurodiputados vinculados al fondo de pensiones de Luxemburgo.