MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Constitucional suspende la exclusión de la Real Casa de Correos como lugar de memoria

Vista de la iluminación extraordinaria de la Real Casa de Correos con los colores de la bandera de España.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la reforma legal de la Comunidad de Madrid para no declarar la Real Casa de Correos de la capital, sede del Gobierno autonómico madrileño, como lugar de memoria democrática mientras resuelve el recurso presentado contra la misma. En su resolución el TC admite a trámite el recurso del Gobierno de España contra el artículo 4 de la ley de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid del pasado 26 de diciembre, según informa EFE.

Este precepto añade los artículos 87, 88 y 89, apartados 2 y 3, a la ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid de 1983 y aborda cuestiones relacionadas con la protección, la instalación de placas y distintivos y la celebración de eventos y actuaciones en la Real Casa de Correos, situada en madrileña Puerta del Sol de Madrid, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de España alega en su recurso que el precepto podría vulnerar la competencia estatal para "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales en relación con la Ley de Memoria Democrática" y que podría ser contrario a los artículos 10 y 15 de la Constitución.

El artículo 10 establece que la dignidad de las personas es la base de la paz social y el orden político y que los derechos fundamentales y las libertades se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el 15 que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

El TC admitió a trámite el pasado 11 marzo el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con el acuerdo del Ejecutivo nacional de incoar procedimiento de declaración de lugar de memoria democrática la extinta Dirección General de Seguridad franquista, que estaba ubicada en el edificio de la Real Casa de Correos.

Posteriormente, el 25 de marzo el Consejo de Ministros aprobó la impugnación ante el TC de la modificación legislativa de la Comunidad de Madrid. La ministra portavoz del Gobierno explicó entonces que esta medida se adoptó ante la negativa de la Comunidad de Madrid a dialogar con el Ministerio de Política Territorial para resolver las discrepancias sobre este asunto.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entendió que el objetivo del Gobierno es reducir la historia de la Real Casa de Correos "a un pasado tenebroso" con el "fin espurio" de "dinamitar la Transición".

Por su parte el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó que el Gobierno incoó en octubre del año pasado el expediente para declarar lugar de memoria la sede de la extinta Dirección General de Seguridad por considerar que fue "un centro de represión, de torturas e incluso de muerte" durante la dictadura. La Comunidad de Madrid respondió a este expediente con un requerimiento y a la vez el Gobierno autonómico hizo la referida modificación legislativa.

El Consejo de Ministros decidió recurrir ante el TC al entender que los tres artículos que introduce la reforma "están fuera de la Constitución" al señalar que los lugares de memoria que sean de la Comunidad de Madrid se tienen que acordar con el Gobierno regional. También sostienen esos artículos que "no se puede colocar una placa si no es autorizado por el propietario del inmueble", que en este caso en la Comunidad de Madrid, así como que los actos de memoria "tienen que hacerse en consenso" con el Ejecutivo autonómico.

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