El asalto final a Telemadrid: Ayuso estudia apoyarse en Vox para cambiar la ley y tumbar a la actual dirección

La televisión pública madrileña se cuela en la agenda de Isabel Díaz Ayuso para la presente legislatura. Tres semanas después de la cita con las urnas que dio una aplastante mayoría a la dirigente conservadora, el equipo de la actual presidenta en funciones está analizando las fórmulas existentes para llevar a cabo un cambio normativo que pueda terminar desembocando en un reemplazo de la actual dirección de Telemadrid y en la caída de su director general, José Pablo López. Es un capítulo más dentro de la guerra que los conservadores tienen abierta desde hace meses con la radiotelevisión pública, que poco a poco ha conseguido dejar atrás la nula credibilidad y la caída de audiencia que marcó las etapas de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la Puerta del Sol. Un enfrentamiento que alcanzó cotas máximas antes de la cita con las urnas del 4M y al que ahora se busca poner fin con un retoque normativo que podría salir adelante con el respaldo de la extrema derecha.

Por el momento, los términos de la reforma todavía están por concretar. "Es algo que simplemente está en estudio", se limitan a decir a infoLibre desde la Puerta del Sol. Fuentes cercanas a la presidenta han explicado a Abc, quien ha adelantado la noticia, que se está trabajando en la fórmula que permitiría un "nombramiento más sensato" del director general de Radio Televisión Madrid, una propuesta que posteriormente se trasladará a Vox y que podría formar parte de la negociación que los conservadores mantendrán con la extrema derecha, en la que la composición de la Mesa de la Asamblea, que se constituirá el próximo 8 de junio, ocupará un papel relevante. Con una suma de 78 diputados, nueve por encima de la mayoría absoluta, ambos grupos pueden hacer y deshacer prácticamente a su antojo en la Cámara de Vallecas.

Vox, por el momento, ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión. Una extrema derecha que ha llegado incluso a manifestarse en alguna ocasión a favor de subastar el ente público. "Creo que lo mejor para Telemadrid es subastarlo, manteniendo el empleo y los puestos de trabajo, y esos 80 millones de euros dedicarlos a Educación o a adaptar las universidades al mercado de trabajo. Esto es lo que me interesa y no tanto Telemadrid, pero esto solo se atreve a decirlo Vox", dijo Rocío Monasterio en una entrevista con Europa Press en enero de 2020. Una empresa contra la que también cargaba la formación de Santiago Abascal en su decálogo electoral para las autonómicas del 4 de mayo: "Limitar a 7 consejerías el Gobierno de la Comunidad y eliminar todos los entes públicos que realizan funciones que ya hace o que puede asumir la administración central, empezando por Telemadrid".

La idea de los conservadores pasa por meter mano a la Ley de Radio Televisión Madrid, que fue reformada durante la etapa de Cristina Cifuentes al frente del Gobierno regional. Aquel nuevo texto, que vino a sustituir a uno de la década de los ochenta, se vendió como un intento del Ejecutivo madrileño de construir una televisión pública "plural" y "transparente" en la que primen "los criterios profesionales" y se garantice "la objetividad en el tratamiento de la información", en palabras de la entonces dirigente conservadora. Y respondía también al compromiso de investidura que el PP tenía con Ciudadanos. Un acuerdo que en el punto 44 recogía la necesidad de retocar la norma que regulaba el ente público "estableciendo criterios de despolitización, profesionalización y elección" del Consejo de Administración y director general por mayorías cualificadas.

Una ley que blinda al director seis años

El texto de los ochenta establecía que este último cargo duraba hasta el final de la legislatura. Es decir, cada cambio de Ejecutivo llevaba aparejada una renovación. Algo que, sin embargo, se modificó con la reforma de 2015. La nueva normativa estableció un mandato de seis años, lo que obliga a mantener al director general aunque se produzca un relevo en la Puerta del Sol. Además, no resulta sencillo recurrir al cese para tratar de cambiar esta situación cuando el Ejecutivo se modifica. Si el texto de los ochenta permitía un despido fulminante a propuesta del Consejo de Administración adoptada por mayoría de dos tercios de sus miembros y ratificada por la Asamblea, ahora el cese solo podrá producirse en unos supuestos muy concretos: expiración de mandato, renuncia formal, fallecimiento, inhabilitación, investigación por corrupción o "cualesquiera otras causas legalmente establecidas".

También podrá ser despedido por motivos económicos. En concreto, recoge la reforma de Cifuentes, cuando de la liquidación del "presupuesto anual" y por "causas imputables a su gestión" se constate "un empeoramiento del resultado presupuestado" que genere "una insuficiencia de la compensación aprobada para la prestación del servicio público" o "la existencia de una desviación presupuestaria de las cifras aprobadas para el total de dotaciones tanto del presupuesto de explotación como del presupuesto de capital". No obstante, la decisión tiene que ser adoptada en la Asamblea de Madrid por mayoría de dos tercios de los escaños, lo que reduce el margen de maniobra de los conservadores si quieren hacer caer al director del ente público por esta vía. Actualmente, entre el PP y la ultraderecha suman 78 diputados, frente a los 91 necesarios para superar la barrera de los dos tercios.

A no ser que incurra en alguna de las causas de cese establecidas en la ley, el actual director general del ente público estaría blindado hasta un par de meses antes de que finalice la nueva legislatura. José Pablo López, quien fuera director general de 13 TV y al que los conservadores siempre han situado cerca del exvicepresidente Ignacio Aguado, fue elegido en enero de 2017 por una amplísima mayoría en la Asamblea de Madrid. En total, recibió el respaldo de 99 parlamentarios –PSOE, PP y Ciudadanos–. Solo los 26 diputados de Podemos se abstuvieron en la votación. La fecha de caducidad de su mandato, por tanto, se sitúa en febrero de 2023. Siempre y cuando no se cruce por delante un cambio normativo que permita ponerle fuera de la cadena. Fuentes internas de RTVM, no obstante, aseguran a infoLibre que esa supuesta reforma no es más que un "globo sonda".

La llegada de López supuso una bocanada de aire fresco para el ente público. Cuando se instaló en la dirección, López señaló a este diario que "casi la mitad de los mandos a distancia" de la Comunidad de Madrid "no tenían siquiera sintonizada la cadena", una situación que tratarían de revertir "con pluralismo político y mucha presencia en la calle". En aquellos momentos, la audiencia se situaba en el entorno del 4% y su credibilidad era nula tras una década presidida por el derroche económico y la manipulación informativa al servicio de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Algo que poco a poco ha ido cambiando. El pasado mes de enero, la cadena cerró con las mejores cifras de audiencia desde 2011. La cobertura en directo de la nevada Filomena y sus efectos posteriores fue clave. El informativo especial del sábado 9 de enero alcanzó una cuota de pantalla del 25,9%, algo que no se veía desde hace nueve años.

Una guerra permanente

Los madrileños han empezado, por tanto, a sintonizar con la radiotelevisión pública. Algo que no ha ocurrido, sin embargo, en las filas conservadoras. Desde la llegada de Ayuso a la Puerta del Sol, la ofensiva del PP contra el actual director de RTVM ha sido continua. "Si fuera leal con el Gobierno para el que trabaja, la izquierda no estaría aquí haciéndole la pelota, que es exactamente lo que le hace", apuntó en febrero de 2020 Almudena Negro, portavoz conservadora en la comisión de control a Radio Televisión Madrid. "Yo no trabajo para el Gobierno, trabajo para la Administración Pública", respondió el director general en el órgano parlamentario.

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Luego llegó la pandemia. Y aquella entrevista incómoda en la que Díaz Ayuso salió del paso con una frase lapidaria cuando se vio acorralada por las cuestiones relativas al nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal,: "Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima calidad en los próximos días". La líder del Ejecutivo regional ya había criticado en alguna que otra ocasión al ente público. Lo hizo, por ejemplo, en octubre de 2019, poco después de acceder al Gobierno. "Voy a exigir a Telemadrid, como al resto de organismos públicos que sufragan los ciudadanos con sus impuestos, que justifique las cuentas, que sea un servicio público con audiencia, porque un servicio público sin audiencia no es un servicio público", dijo en una entrevista radiofónica.

A comienzos de 2021, se produjo otro momento crítico. Las discrepancias entre el Ejecutivo y la dirección de la empresa impidieron que se firmara a tiempo el contrato programa, lo que supuso que Telemadrid no recibiera ni un solo euro del Gobierno madrileño a través de la habitual aportación. Esta situación dejó a la radiotelevisión pública en una situación de colapso económico que impedía el pago a proveedores y productoras externas. Al final, la Puerta del Sol decidió inyectar diez millones en concepto de adelantos a cuenta. 

El último enfrentamiento se produjo hace apenas unas semanas, con las elecciones autonómicas del 4 de mayo como telón de fondo. En primer lugar, por la negativa de Díaz Ayuso de acudir al debate electoral organizado por el ente público, un rechazo al que finalmente tuvo que dar marcha atrás. "El maltrato, la asfixia económica y los intentos de manipular la actual Telemadrid por parte de la presidenta están contrastados desde que gobierna la Comunidad, por eso no es de extrañar su negativa a debatir en la televisión pública", dijo a título personal por aquel entonces uno de los miembros del Consejo de Administración. Y, en segundo lugar, por la decisión de apartar a Telemadrid y adjudicar a empresas privadas la retransmisión de los actos oficiales del 2 de mayo, algo que la televisión pública llevaba haciendo desde hace más de tres décadas.