Dos asociaciones de jueces denuncian ante la ONU ataques del Gobierno a la independencia judicial

Dos asociaciones de jueces –Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente– y la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain se han dirigido, por segunda vez en esta legislatura, a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU para denunciar lo que consideran ataques a la independencia judicial por parte del Gobierno.

En un comunicado, las asociaciones precisaron que su denuncia se refiere al reciente nombramiento del nuevo Presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la que se está tramitando sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

Las asociaciones aprecian "indicios de injerencias del Gobierno" en la elección de Luis María Díez-Picazo como nuevo presidente de la Sala Tercera del Gobierno, y opinan que el Ejecutivo puede querer "evitar decisiones judiciales como la anulación del indulto concedido al conductor kamikaze" al principio de la legislatura.

Así, subrayan que para salvaguardar la imparcialidad e independencia judicial es necesario, por un lado, que el procedimiento de nombramiento sea claro, transparente y libre de presiones e influencias; y, por otro, que los criterios de nombramiento sean objetivos y basados en la integridad y capacidad profesional.

En su opinión, la no renovación de José Manuel Sieira Míguez "marca un hito", al tratarse de la primera vez en la historia del Alto Tribunal que un presidente de Sala no es renovado para un segundo mandato, pese a llevar 22 años siendo magistrado del TS, los últimos cinco ejerciendo como presidente de esta sala. "Y todo ello, sin que desde el propio Consejo General del Poder Judicial se haya justificado esta decisión", añaden llos denunciantes.

A su modo de ver, el nombramiento es "una manifestación más de la situación difícil que atraviesa la independencia judicial en España y, en concreto, de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuya consecuencia está siendo una merma en la independencia judicial".

De hecho, el escrito denuncia de nuevo la última reforma de la LOPJ por introducir modificaciones "que merman el carácter colegiado, y por tanto, la independencia" del órgano de Gobierno de los jueces. Y añade que ya son nueve las leyes del PP que han introducido cambios en esta norma sin hacer "una verdadera consulta con las organizaciones de la sociedad civil" ni tener en cuenta "las opiniones de los operadores jurídicos", aseguran las cuatro entidades.

Por último, las asociaciones denuncian que la reforma de la LeCrim que se está tramitando en el Senado fije "un plazo límite para la instrucción penal con el objetivo alegado de agilizar la justicia", porque creen que esa medida "afectaría especialmente a las causas por corrupción política, al impedir a los jueces realizar todas las investigaciones necesarias", especialmente porque la reforma no se acompaña de financiación para permitir que las investigaciones se lleven a cabo en plazo. "Contribuirá, en la práctica, a aumentar la impunidad", advierten.

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Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, "las presiones del poder político para controlar la judicatura han llegado a niveles que no tienen equivalentes en toda la etapa democrática" y esos intentos están "erosionando gravemente la credibilidad" de las instituciones juficiales.

Por su parte, la directora ejecutiva de Rights International Spain, Lydia Vicente, avisó de que la falta de independencia judicial vulnera un principio básico del Estado de Derecho y "sin jueces independientes los derechos y libertades de toda la ciudadanía están en peligro".

El pasado abril, Rights International Spain y Jueces para la Democracia, ya dirigieron a la Comisión Europea una carta y un Informe en los que denunciaban, entre otras medidas, estas dos reformas legislativas (LOPJ y LECrim) por considerarlas "parciales e insuficientes"