La Audiencia Nacional condena a 133 años al único acusado por los asesinatos de cinco jesuitas en El Salvador en 1989

La Audiencia Nacional ha condenado al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano a la pena de 133 años y tres meses de cárcel por el asesinato del ideólogo de la Teoría de la Liberación Ignacio Ellacuría y de otros cuatro jesuitas españoles en 1989 en El Salvador.

En la lectura pública de la sentencia que ha tenido lugar este viernes, el tribunal le ha condenado concretamente como "responsable de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista" (los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo). Por cada uno de ellos le impone la pena de "26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor", si bien el límite máximo de condena no excederá los 30 años.

En la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal también se considera a Montano autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

Además, en la resolución se explica que el contexto en el que se produjeron los hechos en noviembre de 1989, El Salvador vivía un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y que duraba más de diez años.

El condenado pertenecía a La Tandona, la promoción de la Academia Militar de Oficiales del Ejército Salvadoreño del año 1966, que fue la clase más grande, poderosa y cohesiva del Ejército. Dado su tamaño inusualmente grande, los oficiales de este grupo esperaban gobernar al final de la década, una opción que habían estado anticipando desde por lo menos 1980. Inocente Montano era miembro del "círculo íntimo" de poder de este grupo, denominado "los compadres", y participaba en las decisiones con los demás.

Los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes enfrentadas para un proceso de diálogo y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin". La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por ese grupo de oficiales de La Tandona. El excoronel fue extraditado por Estados Unidos en 2017 y desde entonces ha estado en prisión a la espera de la celebración de este juicio.

Los poderosos enemigos de Ellacuría

El padre Ellacuría, como rector de la Universidad Centroamericana, era considerado uno de los analistas políticos más importantes del país e insistía en la idea de que no creía que fuese posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN. Además, se caracterizó por su influencia en la sociedad salvadoreña a través de sus artículos, charla, análisis y propuestas.

Según la sentencia, esa participación en la vida pública le había creado poderosos enemigos y, de hecho, los jesuitas habían sido blanco durante toda la década de amenazas de muerte, registros y atentados en la universidad que fueron creciendo en intensidad y en número –hasta 49 en el año 1989–. Así, el papel de la Iglesia como mediadora en el conflicto le granjeó la enemistad de la extrema derecha, que temía perder privilegios fruto de esa negociación. Por eso, la línea dura centró su atención en obstaculizar el proceso de paz ya que se buscaba la depuración de las Fuerzas Armadas.

Dado que Ellacuría era el principal valedor de esa purga en el ejército que pusiera fin a la influencia de los oficiales de La Tandona, se gestó entre ellos la idea de que era un "enemigo" cuya labor de intermediación suponía una amenaza para su privilegiada posición, "por lo que comenzaron a plantearse la conveniencia de acabar" con su vida.

En la sentencia, se relata la reunión que mantienen oficiales del ejército salvadoreño –en la que estaba Montano– y en la que se decide matar al padre Ellacuría y no dejar testigos, utilizando para ello unidad del batallón Alacatl. Después de la medianoche del 15 al 16 de noviembre, los soldados se reunieron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel Rene Yusshy les facilitó un fusil AK 47 de fabricación rusa que usaba habitualmente el FMLN con el fin de disparar con él y simular que habían sido los miembros del FMLN los autores de los hechos. Les ordenó también que hicieran creer que se hubiera producido una confrontación militar una vez que los sacerdotes estuviesen muertos.

Los oficiales se acercaron a la residencia de los sacerdotes y cuando estos salieron de su residencia alertados por el ruido les ordenaron tirarse al suelo, momento en el que el oficial que llevaba el AK 47 empezó a disparar a los tres que estaban en el suelo, Ellacuría, Baró y Montes. Tras ello, según el relato de la sentencia, el subsargento y un cabo empezaron a disparar y mataron a los otros tres sacerdotes.

En ese mismo momento, el sargento que se había quedado custodiando a la cocinera de la universidad y a su hija efectuó numerosos disparos mientras ambas se agarraban. A continuación, cuando descubrió que seguían vivas en el suelo, abrazadas la una a la otra, ordenó a otro soldado que se asegurase de su muerte, lo que hizo descargando su M-16 "hasta acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad".

Inmediatamente después, otro de los soldados, siguiendo instrucciones del teniente de la Escuela Militar escribió en una pared: "EL FLMN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte, FMLN".

El juicio de El Salvador

Por estos hechos, se celebró un juicio en El Salvador que el Tribunal Supremo de España consideró que no revelaba indicios suficientes de que se garantizase el castigo y persecución de sus responsables, sino más bien su sustracción a la Justicia. Los hechos han sido juzgados en España al ser competencia de la Audiencia Nacional los asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas, y la sentencia argumenta que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, "lo que comúnmente viene a denominarse como 'terrorismo desde el estado' que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder".

La Sala considera además acreditado que en los hechos participaron un grupo "estable y permanente" que, desde las más altas estructuras del poder, y compuesto por el propio presidente de la República, utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana.

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El objetivo, incide la sentencia, era "perpetuar sus privilegiadas posiciones" y para ello cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes que trabajaban como profesores de la UCA, pertenecían al liderazgo intelectual del FMLN.

Para esclarecer los hechos, la sala considera vital el testimonio del exteniente del ejército Rene Yusshy Mendoza, que en calidad de testigo reconoció su participación. Al inicio del juicio fue eximido de ser procesado por la Fiscalía porque ya cumplió condena en su país y ha colaborado con la justicia.

La sala le da credibilidad a este testigo y recuerda que desde el principio reconoció esa participación, señalando acudió aquella noche a la universidad por orden del coronel. Por otro lado, la Sala incluye en la condena las costas de la acusación popular ejercida por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia, dado el papel determinante y decisivo que ha tenido en el proceso.