La Audiencia Nacional condena a la excúpula de iDental a penas de hasta 5 años de prisión y multas de hasta 55 millones
La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a la excúpula de iDental a penas de hasta 5 años de prisión y multas de hasta 55 millones de euros por un delito contra la Seguridad Social.
Los magistrados han concluido, tras la prueba practicada en la vista oral, que bajo la gestión de los acusados García Pellicer y Castañer Blasco las empresas que conforman el grupo iDental dejaron de pagar las cuotas de la Seguridad Social, empleando "artificios engañosos" para ello, causando un perjuicio de 8,5 millones de euros.
Han determinado, a su vez, que tras el nombramiento de José Luis González Sánchez como administrador y con la dirección efectiva de los acusados Luis Sans Huecas y José María y Juan Garrido López, estos "impagos y artificios engañosos" persistieron y causaron un perjuicio a la Seguridad Social de 18,3 millones de euros incluidos, en ambos casos, intereses costas y recargos.
Así las cosas, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha impuesto penas 3 años de prisión a García Pellicer y Castañer Blasco, quienes fueron propietarios del grupo de clínicas entre febrero de 2005 y octubre de 2017. También les ha condenado al pago de una multa de más de 25 millones de euros.
"Maniobras defraudatorias"
Según los magistrados, la conducta de ambos "no consistió en el mero hecho de no pagar, sino que este fin lo consiguieron con una serie de maniobras defraudatorias diseñadas al efecto que dificultaron tanto la labor inspectora como la recaudatoria de la Seguridad Social de modo que, mientras fueron dueños del grupo iDental, la Seguridad Social no pudo cobrar todas las cuotas adeudadas por las entidades del grupo, que a 30 de septiembre de 2017 ascendía a 8.565.486 euros, según los certificados de deuda elaborados por la seguridad social".
Por su parte, el tribunal ha acordado una pena de 5 años de cárcel y multa de 55 millones a los posteriores dueños de la compañía: Sans Huecas y los hermanos Garrido López. Además, ha impuesto una pena de 2 años y medio y una multa de más de 36 millones de euros al administrador José Luis González Sánchez como colaborador necesario.
En la resolución, los magistrados han recalcado que "de la prueba practicada ha resultado probado que quienes estaban detrás de los entramados societarios de iDental e IOA y tomaban las decisiones eran los acusados" Sans Huecas y los hermanos Garrido López.
Según recoge la sentencia, los tres "sabían, o estaban en posición de saber, cuál era la deuda con la Seguridad Social que iDental tenía cuando la compraron" y cuál era "la situación económica exacta" de la compañía. Y han incidido en que el hecho de que se encontraran con un escenario "mucho peor" del que preveían cuando adquirieron la empresa "no es causa de justificación para no pagar las deudas".
Así, la Sala de lo Penal ha determinado que "la realidad que se ocultaba en el presente caso a la Tesorería General de la Seguridad Social" es que Sans Huecas y los hermanos Garrido López "no tenían intención de pagar a la Seguridad Social más que las cuotas estrictamente necesarias para que la empresa siguiera funcionando y seguir obteniendo beneficios de ella mientras la deuda con la Seguridad Social aumentaba".
Dilaciones indebidas
En 265 folios, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha explicado que ha considerado pertinente aplicar a los seis condenados la atenuante simple de dilaciones indebidas, "teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la incoación de las diligencias previas --la pieza principal se incoó en julio de 2018-- y la de esta sentencia".
En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal ha condenado a los acusados a indemnizar de forma solidaria a la Seguridad Social con la cantidad dejada de pagar durante su gestión. En concreto, 8,5 millones de euros en el caso de García Pellicer y Castañer y 18,3 millones en el caso de los otros cuatro condenados, cantidades de las que deben responder de forma subsidiaria las sociedades del Grupo.
Al margen, ha acordado absolver al séptimo acusado en el juicio, Domingo Bejarano, del delito continuado contra la Seguridad Social del que estaba acusado.
Cabe recordar que la Fiscalía pedía penas de hasta 6 años de prisión para García Pellicer, Castañer, Sans y los hermanos Garrido López. Reclamaba 3 años de cárcel para González y Bejarano. Las multas solicitadas por el Ministerio Público, por su parte, alcanzaban los 90 millones de euros para algunos de los acusados.
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El denominado caso iDental llegó a juicio después de que el magistrado José de la Mata concluyera de su investigación que la red de clínicas había basado su modelo de negocio "en un gran entramado societario opaco, con organigramas empresariales complejos" y colaborando en "unos casos" con testaferros "para prestar la actividad médico dental mediante la apertura de clínicas y talleres en toda España y en el extranjero".
Dicho entramado empresarial, según el juez instructor, contaba con dos tipos de sociedades: las mercantiles titulares de las clínicas y talleres donde se desarrolla la actividad profesional, y las sociedades interpuestas o pantalla y sus testaferros para "defraudar".
En el marco de la resolución, los magistrados de la Sala de lo Penal han avalado la investigación que llevó a cabo De la Mata, incluidas las intervenciones telefónicas y otras diligencias practicadas que fueron impugnadas por los acusados al inicio del juicio.
