La Fiscalía Anticorrupción aceleró la judicialización del posible desfalco del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid para evitar la prescripción de algunos de lo presuntos delitos relacionados con el desarrollo de este proyecto urbanístico fallido, que fue iniciado por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, informa Europa Press.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la investigación que explican de este modo que la fórmula empleada por el Ministerio Público para poner este asunto en manos de la Audiencia Nacional sea la denuncia, que supone poner en conocimiento del juez José de la Mata unos hechos presuntamente irregulares, y no una querella, que debería dirigirse contra personas concretas y requiere una elaboración más precisa.
Por otro lado, el motivo por el que esta actuación de la Comunidad de Madrid es competencia de la Audiencia Nacional y no de un juzgado de instrucción ordinario se encuentra en lo elevado de la cuantía presuntamente distraída del erario público. El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355,92 euros, según el informe en el que se basa la denuncia que fue presentada en su día en la Fiscalía por los grupos parlamentarios de Podemos, PSOE y Ciudadanos.
Esta competencia por razón de cuantía se regula en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que corresponde a este órgano investigar defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 admitió la denuncia el pasado 3 de agosto por las presuntas irregularidades acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA y que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.
Por el momento, Anticorrupción no ha solicitado la citación de ningún responsable autonómico ni de ninguna otra persona en relación con este asunto, según las mismas fuentes, por lo que aún no se puede hablar de imputados en este procedimiento.
Sin sistema de control interno sólido
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 la creación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA, una empresa de titularidad 100% pública que nacía con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto, tal y como recogió la orden firmada por la entonces consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, y la propia Esperanza Aguirre.
Según el acuerdo que publicó entonces el Boletín Oficial de la región, el objetivo era "el desarrollo y ejecución de los planes, programas y actuaciones para la realización y gestión" de ese proyecto, incluyendo la "enajenación de los inmuebles" que constituían las dependencias judiciales y que iban a devenir en "innecesarios" una vez puesto en marcha el Campus. La sociedad fue disuelta el 31 de julio de 2014, ya con Cristina Cifuentes presidiendo la Comunidad de Madrid.
La denuncia admitida ahora se basa en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del pasado mes de marzo en el que se concluye que la mencionada sociedad no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.
Dicho informe ponía de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc.
Igualmente, en el ámbito relativo a la contratación y pagos, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.
El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355,92 euros. De todo el proyecto realizado sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.
Imputado por el desfalco en el Campus de la Justicia Alfredo Prada, encargado de detectar prácticas corruptas en el PP
Operaciones objeto de investigación
Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007), la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid (2007), la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.
También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de la calle Goya 66, la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia, el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel, la edición y distribución del libro "Foster+Partners", el servicio de asesoramiento jurídico o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (2008), entre otros.
La Fiscalía Anticorrupción aceleró la judicialización del posible desfalco del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid para evitar la prescripción de algunos de lo presuntos delitos relacionados con el desarrollo de este proyecto urbanístico fallido, que fue iniciado por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, informa Europa Press.