La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la jueza Mónica Boticario Martín reabrir la causa por la muerte de 29 mayores en cuatro residencias de Leganés durante la primera ola de pandemia. Según el auto al que ha tenido acceso infoLibre, los magistrados de la Sección número 23 aceptan el recurso presentado por los familiares contra la resolución del 13 de julio de 2021, ordenan no archivar la causa y continuar investigando la querella contra los directores de los geriátricos, a los que acusan de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.
La magistrada archivó en julio dos querellas. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.
Las querellas fueron interpuestas contra los respectivos directores de los cuatro centros así como contra determinados responsables políticos de la Comunidad de Madrid, entre ellos la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y el consejero de Interior y Justicia, Enrique López López. Sin embargo, en agosto de 2020, ya se excluyó de la causa a los tres políticos por razones de aforamiento, ya que no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.
Ahora, en el auto, fechado el pasado 10 de enero, la Audiencia Provincial estima necesario para tomar “una decisión más fundamentada y para despejar toda duda sobre la actuación de los querellados” tomar declaración a los responsables de implementar los protocolos de actuación frente al covid en cada una de las residencias a “los efectos de que expliquen los informes ya remitidos en cuanto a los protocolos seguidos para evitar los contagios en relación a los medios disponibles”.
En el auto de la Audiencia Provincial se hace referencia a estos protocolos y a las resoluciones de la administración pública y se incide “en la posible responsabilidad de los responsables de la Comunidad de Madrid en la falta de atención o atención tardía de los residentes que determinaron su fallecimiento”. “Vaya por delante que lo cierto es que si se analizan los protocolos y resoluciones adoptadas por las diferentes administraciones públicas para intentar regular la actuación en este tipo de centros; (...) ninguna de ellas data del mes de febrero sino que las mismas comienzan a dictarse a partir del 6 de marzo de 2020; fecha ésta en la que se aprueba por parte de la Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad) el Protocolo de Medidas de Precaución covid 19 en residencias de la Comunidad de Madrid”, asegura los magistrados en texto.
En el auto de archivo de la querella del mes de julio, la jueza Boticario Martín menciona hasta 22 resoluciones relacionadas con “protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas”. Pero, omite el Protocolo, conocido como protocolo de la vergüenza, de la ver que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].
Asimismo, la Audiencia Provincial de Madrid también solicita ahora tomar declaración en calidad de testigos a los responsables médicos de cada una de las residencias y a los responsables del servicio de geriatría del Hospital Severo Ochoa de Leganés, el centro de referencia, para que “informen sobre los criterios adoptados en esas fechas para el traslado de los enfermos desde las residencias implicados”.
Las dos querellas contra los directores de las residencias de Leganés
Los familiares de 29 residentes fallecidos en Leganés recurren el archivo de la causa y piden que se ordene a la jueza investigar
Con la decisión tomada este mismo mes de enero, la Audiencia Provincial vuelve a corregir a la jueza Boticario Martín. Ya lo hizo cuando ordenó la admisión de la querella de Marea de Residencias. En esta denuncia, los familiares de los once residentes –ocho fallecidos y tres que pudieron sobrevivir– acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación.
La segunda querella fue presentada, el 2 de julio de 2020, por los familiares de 24 mayores que vivían en Vitalia Home, de los que 21 fallecieron y tres lograron sobrevivir. En este caso, iba dirigida contra la directora de Vitalia Home en Leganés y tres ejecutivos de dicho grupo geriátrico. No pedían actuar contra ningún miembro del Gobierno de Ayuso.
Los datos oficiales del Gobierno de Ayuso, publicados por infoLibre, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la jueza Mónica Boticario Martín reabrir la causa por la muerte de 29 mayores en cuatro residencias de Leganés durante la primera ola de pandemia. Según el auto al que ha tenido acceso infoLibre, los magistrados de la Sección número 23 aceptan el recurso presentado por los familiares contra la resolución del 13 de julio de 2021, ordenan no archivar la causa y continuar investigando la querella contra los directores de los geriátricos, a los que acusan de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.