Avalmadrid lleva siete años incumpliendo el acuerdo de su Comité de Morosidad de embargar bienes a los padres de Ayuso

La entidad semipública Avalmadrid lleva más de siete años incumpliendo un acuerdo adoptado en su Comité de Morosidad, que decidió embargar los bienes de los ocho socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre los que se encontraban los padres de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo era recuperar los 400.000 euros que habían prestado a dicha sociedad un año antes. Como desveló ayer infoLibre, Avalmadrid no ha embargado ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica.

MC Infortécnica SL era una sociedad dedicada a desarrollar tecnologías para el mercado sanitario. Sus propietarios eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25%. Una de esas parejas era la formada por Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la ahora candidata de PP a dirigir la Comunidad de Madrid.

El préstamo se formalizó el 15 de marzo de 2011 y tenía una garantía hipotecaria–una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso– y el aval solidario de los ocho accionistas de MC Infortécnica SL. Ese aval solidario obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros que tengan los avalistas. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.

La empresa debía devolver los 400.000 euros en tres años. El primer pago estaba fijado para el 15 de diciembre de 2011, por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. Cuando llegó la fecha, MC Infortécnica SL no devolvió el dinero. Así que desde Avalmadrid se pusieron en contacto con los administradores de la compañía para ver qué ocurría. La respuesta fue que estaban teniendo problemas para cobrar importantes cantidades que le debía el sector público, pero se negaron incluso a aportar copia de esas supuestas facturas impagadas. Así que la entidad semipública llevó el tema a la reunión que mantuvo el Comité de Morosidad el 2 de abril de 2012. De acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre, en dicho Comité se adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios.

Avalmadrid es una entidad financiera en la que el Gobierno autonómico tiene en torno al 30% del capital y cuya misión es facilitar la financiación de las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid. En 2011, el presidente de la entidad era Juan Manuel Santos-Suárez y el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. Ambos ocupaban, por tanto, los puestos decisorios para la concesión del préstamo de 400.000 euros a MC Infortécnica SL. Santos-Suárez dejó Avalmadrid en mayo de 2014, cuando fue nombrado consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cargo que sigue ocupando en la actualidad. Fernández-Rubíes permaneció en Avalmadrid hasta marzo de 2016 y ahora está vinculado al sector de la automoción. Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer su versión sobre el préstamo fallido.

¿Qué ocurrió para que se incumpliese el acuerdo del Comité de Morosidad y no se embargasen los bienes de los ocho avalistas solidarios? ¿Quién dio la orden de no actuar contra los deudores y, por tanto, dar por perdidos 400.000 euros que en una parte significativa habían salido del bolsillo de los contribuyentes? infoLibre planteó estas cuestiones a Avalmadrid, que se niega a responder a cualquier pregunta sobre el préstamo a MC Infortécnica SL (ver La caja negra, al final de esta información).

En 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre era el principal poder en Avalmadrid. Isabel Díaz Ayuso había trabajado como asesora del Gabinete de Esperanza Aguirre entre junio de 2008 y marzo de 2009. Después ocupó otros puestos en el Gobierno regional y, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011, pasó a ser diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Allí permaneció hasta que en septiembre de 2017 fue designada viceconsejera de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño. Antes de los últimos comicios autonómicos, Pablo Casado la nombró candidata a presidir la Comunidad.

En otras palabras: cuando se produjo el impago del préstamo por parte de MC Infortécnica SL, Isabel Díaz Ayuso ya era diputada autonómica, y en los más de siete años que Avalmadrid lleva incumpliendo el acuerdo de embargar a los avalistas, ha ido ascendiendo en la escala de poder del PP hasta convertirse en candidata a presidenta madrileña. Díaz Ayuso sostiene que siempre "ha estado totalmente al margen de la actividad empresarial de su familia”.

En relación con el préstamo de los 400.000 euros, la cúpula de Avalmadrid ha tenido dos actuaciones fuera de lo común: no ha ejecutado los bienes de ninguno de los ocho avalistas solidarios y, además, lo ha hecho burlando un acuerdo expreso en dicho sentido de su Comité de Morosidad.

Los bienes que no embargó

A la hora de solicitar el préstamo, los ocho socios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3.272.000 euros, según el cálculo aportado por ellos mismos y que figura en el expediente de concesión del préstamo. 300.000 euros correspondían a una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), el único bien que quedó hipotecado, y los 2,97 millones restantes a las otras 12 propiedades. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila.

Pese al acuerdo del 2 de abril de 2012 del Comité de Morosidad, Avalmadrid sólo inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave en el municipio abulense, cuyo dominio le fue adjudicado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro en junio de 2018. Pero no procedió contra los bienes de los avalistas solidarios.

¿Qué ocurrió con esos bienes? Tal y como desveló infoLibre, la nuda propiedad del piso en el barrio madrileño de Chamberí fue donada a Isabel Díaz Ayuso por sus padres el 7 de octubre de 2011, pocas semanas antes de que venciese el primer plazo para la devolución del préstamo de Avalmadrid. El usufructo del inmueble lo mantiene en la actualidad la madre de la dirigente del PP (el padre falleció en 2014). Entre las cargas de la finca figuran dos embargos sobre el usufructo de Isabel Ayuso Puente: el primero fue anotado el 26 de junio de 2013 en favor del Banco Popular, mientras que el segundo se anotó el 4 de febrero de 2014 a favor del Banco Grupo Cajatres. Ambos embargos eran por un plazo de cuatro años y fueron prorrogados al cumplirse la fecha por el mismo periodo.

El mismo día, 7 de octubre de 2011, salió del patrimonio de los Díaz-Ayuso otro bien: la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada. Se trata de un chalé de 212 metros construido sobre un terreno de 700 metros cuadrados. Y se lo donaron a su otro hijo, Tomás. Esta finca no tiene cargas.

El cuarto bien que figura en el expediente de concesión del préstamo, otra nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad al 50% de Leonardo Díaz, también desapareció de su patrimonio antes de febrero de 2012, cuando la cúpula de Avalmadrid analizó por primera vez el impago y elaboró un documento con los bienes que tenían los avalistas.

En definitiva, la totalidad de los bienes que el matrimonio Díaz-Ayuso había utilizado ante Avalmadrid para justificar su solvencia en marzo de 2011 ya no estaban en su patrimonio en febrero de 2012. Sólo quedaba el usufructo sobre el piso del centro de Madrid.

El segundo matrimonio de avalistas era el formado por Juan Carlos Herrero Casasola y María Victoria Fernández Moyano, que valoraron en 891.000 euros su patrimonio, integrado por una vivienda unifamiliar en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada (671.000 euros) y dos áticos en la localidad coruñesa de Oleiros (220.000). El más valioso, el chalé de 291 metros sobre un terreno de 1.556 metros cuadrados, tampoco forma ya parte del patrimonio de los avalistas. Ahora es propiedad de Aliseda SAU, una filial inmobiliaria del Grupo Santander.

El matrimonio formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero valoraba su patrimonio en 2011 en 640.000 euros. Estaba compuesto por un piso en Villanueva de la Cañada (377.000 euros), otro en la localidad alicantina de El Campello (218.000 euros), los respectivos garajes de ambos inmuebles (27.000 euros) y otra plaza de aparcamiento en Alcorcón (18.000 euros). La propiedad más importante, el piso de 144 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada, tiene tres embargos judiciales: el primero del Banco Popular, el segundo del ICO y el tercero del Banco Mare Nostrum.

La cuarta pareja de accionistas de MC Infortécnica SL, Juan Manuel Pitarch Divar y María del Carmen Angulo López-Cancio, declaró ante Avalmadrid un solo bien: un piso en Majadahonda que valoraron en 600.000 euros. El 26 de julio de 2012, cuando ya habían dejado de pagar el préstamo de Avalmadrid, traspasaron la titularidad del inmueble a una sociedad creada ese mismo día: Las Pantorgas SL. Los administradores son ellos mismos. Sobre el inmueble pesan tres hipotecas: una del Banco Pastor y dos del Banco Popular.

La reunión del Comité de Morosidad

En el informe que los técnicos de Avalmadrid prepararon para el Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 también figuraban 13 propiedades: la nave industrial hipotecada y otros 12 bienes de los avalistas solidarios. Pero en la lista se habían producido variaciones. Veámoslo.

Del patrimonio de los ocho accionistas habían desaparecido tres propiedades: la vivienda en Sotillo de la Adrada de los Díaz-Ayuso, la nave industríal en el mismo pueblo propiedad al 50% del padre de la dirigente del PP y la plaza de garaje en Alcorcón de los Marcelino-Suñer. Además, la dirigente del PP había aceptado que sus padres le donasen la nuda propiedad del piso en el centro de Madrid.

A cambio, los técnicos de Avalmadrid habían encontrado otros tres bienes que figuraban a nombre de los avalistas en los diversos Registros de la Propiedad: un solar en Sotillo de la Adrada propiedad en un 50% del padre de Ayuso, una vivienda en Tapia de Casariego de la que era dueña María del Carmen Angulo y un piso en A Coruña en cuya titularidad tenía una novena parte Juan Carlos Herrero. Respecto al solar en el municipio abulense, en la actualidad figuran tres embargos en cuanto a la mitad de la finca propiedad de Leonardo Díaz –la otra mitad figura a nombre de un hermano–: el primero del Banco Grupo Cajatres, el segundo de Ibercaja y el tercero del Banco Popular.

Al igual que con las 12 propiedades que figuraban en el expediente de concesión del préstamo, Avalmadrid tampoco embargó los tres bienes descubiertos por sus técnicos. Y podía hacerlo, ya que los avalistas solidarios se comprometían a responder con todos sus bienes presentes o futuros del préstamo de 400.000 euros.

Pasividad total ante la descapitalización de los avalistas

Pese a tener todos estos datos desde un primer momento, los dirigentes de Avalmadrid no hicieron nada para evitar la descapitalización de los avalistas. Notarios y abogados consultados por infoLibre explican que la entidad semipública tenía dos opciones en relación con el traspaso de la propiedad de los inmuebles: denunciarlo por la vía penal, si entendían que era constitutiva de un delito de alzamiento de bienes, o actuar por la vía civil, si consideraban que los contratos de donación o compraventa se habían celebrado en fraude de acreedores, lo que obligaba a su rescisión. Pero no hicieron ni una cosa ni otra.

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En cuanto al usufructo del piso de Madrid que mantuvo el matrimonio los Díaz-Ayuso, Avalmadrid debería haber presentado un embargo. Desde el primer impago hasta que el Banco Popular se inscribió como primer embargante de dicho usufructo transcurrieron 18 meses, en los que la entidad pública tuvo tiempo para ejecutar su derecho. Tampoco lo hizo.

El resultado de esa pasividad absoluta de Avalmadrid es la pérdida de un dinero en parte de procedencia pública. La entidad inició en 2013 el procedimiento de ejecución sobre el único bien que contaba con garantía hipotecaria: la nave industrial en Sotillo de la Adrada. En junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro le adjudicó la nave por la suma de 272.000 euros y cifró en 261.973 euros la deuda pendiente entonces de saldar por MC Infortécnica SL. Una cantidad que sigue creciendo por los intereses de demora. Y que Avalmadrid podría haber recuperado si hubiera ejecutado el acuerdo que su Comité de Morosidad adoptó el 4 de abril de 2012.