Ayuso insiste en negar los 'Protocolos de la Vergüenza' y dice que lo que ocurrió en las residencias fue "anecdótico"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un desayuno informativo de Europa Press, este lunes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se hable "a toro pasado" de alguno de los casos ocurridos en residencias madrileñas durante la pandemia, que sucedieron "de manera anecdótica", al tiempo que ha asegurado que los muertos en todas las comunidades autónomas durante la covid "son de todos", informa EFE.

Según ha dicho Díaz Ayuso este lunes en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en la pasada legislatura solo "cuatro o cinco" familiares de fallecidos en los centros de mayores se dirigieron al Gobierno madrileño, mientras han recibido cartas de familias "abochornadas y profundamente dolidas por la manera en la que se pretende retorcer desde la Moncloa y con los medios públicos que pagamos todos" la pandemia.

"Extraer a toro pasado lo que dijo el primo del amigo en un momento, en una noche, lo que pasó en una residencia de una manera anecdótica, me parece horrible", ha expresado Díaz Ayuso, y ha censurado que se desprestigie la labor de geriatras y sanitarios a los que acusan de "cumplir órdenes".

La presidenta ha subrayado que fue "una guerra" lo que se vivió en pandemia, y ha vuelto a negar la existencia de los protocolos de no derivación de residentes a hospitales en la Comunidad de Madrid, mientras "varias comunidades autónomas gobernadas por el PSOE sí tenían unos protocolos de código rojo y código verde", ha indicado.

Como desveló infoLibre, el 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza llegó a tener cuatro—, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital. Y que era de obligado cumplimiento, según ha declarado ante el juez, y en varias ocasiones, el propio Reyero y también directoras de varios centros.

Sin embargo, Ayuso y todo su Gobierno defendieron desde el primer momento que el documento no era más que un "borrador" que, por tanto, no se cumplió. Al menos no de manera obligada. Lo que ocurrió en las residencias de mayores, han defendido y todavía hoy defienden, ocurrió "en todo el mundo". Este mismo mes de marzo, el Ejecutivo de Ayuso presentó tras cinco años una nueva cifra de muertos en residencias: 4.100.

Califica de "juicio mediático" el caso de su pareja

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Sobre la situación judicial de su pareja, Díaz Ayuso ha dicho que Alberto González Amador acudirá a declarar ante la jueza el próximo 10 de abril "a petición propia" porque "quiere defenderse", en lo que ha denominado "un juicio mediático" en el que no estaría si no fuera su pareja sentimental. Según la presidenta madrileña este "juicio mediático" dura ya "13 o 14 meses" cuando "como mucho era una multa" por una inspección fiscal, si bien la jueza que investiga a su pareja le ha citado a declarar como imputado en la pieza separada en la que trata de dilucidar si incurrió en posibles delitos como corrupción en los negocios.

También se ha referido en este desayuno a la reubicación de menores migrantes desde Canarias acerca de lo que ha dicho que denunciará ante la Unión Europea las políticas "autocráticas" del Gobierno de Pedro Sánchez para que "abran los ojos" en Bruselas de que la crisis mundial migratoria tiene en el jefe del Ejecutivo "un verdadero incendiario". Díaz Ayuso ha acusado al Ejecutivo de convertir a España "en un auténtico coladero" por "su demagogia" y su "incapacidad" para gestionar este problema, y de poner "en peligro la seguridad en las calles, la integración de tantos inmigrantes legales que sí vienen a ayudar a levantar a España y Europa entera".

Por ello, aunque cumplirá la ley, llevará a los tribunales y la Unión Europea el real decreto ley para la reubicación de menores migrantes no acompañados, tras el acuerdo del Gobierno con Junts que limita la llegada a Cataluña a una treintena de los 4.000 que se encuentran en Canarias.

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