A qué se dedican hoy los cargos de Ayuso denunciados por los ‘Protocolos de la vergüenza’
La Fiscalía ha sido clara. Cinco años después de su aprobación, los juzgados deben llamar a declarar como investigados a los "autores intelectuales" y a los firmantes del Protocolo de la Vergüenza. El posible delito de denegación de asistencia sanitaria por discriminación que se pudo cometer en las residencias madrileñas durante lo peor de la pandemia no debe por tanto prescribir. Al menos en los próximos seis meses, el plazo que tienen ahora los jueces para estudiarlo y dirigirlo contra personas concretas. Ahora bien, la Fiscalía Provincial de Madrid no especificó en ninguno de los escritos en los que solicitó estas actuaciones ningún nombre propio, sino que recurrió a la fórmula genérica de actores "ya identificados en la denuncia" interpuesta por los familiares de 115 residentes. ¿Y quiénes son? Pues Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, los responsables de esas órdenes, a los que se suman otras dos personas: Pablo Busca y Antonio Burgueño.
Los 109 familiares de las víctimas en las residencias de la Comunidad de Madrid que firmaron la macrodenuncia por este delito —que nunca antes había sido explorado en los tribunales en lo relativo a lo sucedido en estos centros durante la crisis sanitaria— han tenido que esperar meses para ver estas palabras plasmadas en un escrito del Ministerio Público. Presentaron el documento, de más de 160 páginas, el pasado 10 de octubre ante la Fiscalía Superior de Madrid, pero pasó un mes hasta que ésta se declaró incompetente y repartió la causa en distintos casos y cuatro fiscalías: la Provincial de Madrid y las de área de Getafe-Leganés, Alcalá de Henares y Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón.
Fue cada una la que decidió, de manera individual, si cada caso era o no judicializado. Este lunes, era la institución dirigida por Almudena Lastra la que informaba que nueve que hasta ahora no habían estado en manos de ningún juez pasaban a los decanatos de los juzgados, un dato que las propias organizaciones de familiares Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia elevaron a 17, pidiendo la rectificación "inmediata" de la Fiscalía Superior. De todas ellas, cinco pertenecían al Ministerio Público Provincial, que por otro lado decidió añadir la investigación de este delito a las diligencias que ya estaban en marcha en otros 48 casos. Y fue en esos escritos en los que pidió llamar como investigados a los responsables de ese Protocolo de la Vergüenza que, como desveló infoLibre, impidió derivar a los ancianos con mayor deterioro físico o cognitivo, tuvieran o no covid.
El firmante
Esa orden, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue tachando de "borrador", tuvo cuatro versiones. Se firmaron los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. Y todas de manera digital por la misma persona, Carlos Mur. Ese es el primer nombre propio. Actualmente, según la información compartida por él mismo en su red social LinkedIn, se encuentra trabajando como psiquiatra en el servicio de salud de Andorra.
Cuando comenzó la pandemia, era el director de Coordinación Sociosanitaria del Ejecutivo madrileño, pero fue cesado del cargo el 13 de mayo de 2020, tan sólo dos días después de que Marea de Residencias presentase una querella criminal colectiva contra la presidenta del Gobierno autonómico, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y diez directores de geriátricos. Entonces apuntaban a la presunta comisión de cuatro delitos: homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Los que hasta el pasado mes de octubre se habían llevado siempre hasta los tribunales, hasta ahora sin éxito.
Según la macrodenuncia por discriminación que interpusieron en octubre más de un centenar de familiares, Mur, además de firmar digitalmente las versiones del protocolo que impidió la derivación de los residentes —7291 fallecieron entre marzo y abril de 2020 en el propio geriátrico—, envió ese documento a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Lo hizo aunque, según señaló en la breve comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, ya entonces había mostrado su "disconformidad" con los criterios utilizados para autorizar o no los traslados a los hospitales. En concreto, dijo, con "el índice de Barthel o la enfermedad neurodegenerativa". "Decidí avalar dicho protocolo de forma general a expensas de futuras modificaciones", añadió.
Mur además ha declarado en varias ocasiones en sede judicial, donde ha asegurado que los protocolos eran meras instrucciones que no tenían que cumplirse de manera obligatoria. Pero en todo caso, en la Asamblea defendió que la base de esos documentos eran otros similares que habían sido elaborados antes por Francisco Javier Martínez Peromingo. El segundo nombre propio.
El geriatra "ideólogo" y autor del protocolo clínico
La macrodenuncia de los familiares le presentan como el posible "ideólogo" del protocolo de no derivación y autor de un segundo protocolo "clave" en el presunto delito de discriminación de los mayores residentes. Geriatra de profesión, Martínez Peromingo cogió el testigo de Mur cuando éste fue cesado como director de Coordinación Sociosanitaria, cargo que mantuvo hasta julio de 2023. Durante la primera ola fue el geriatra de referencia del Hospital Rey Juan Carlos. Actualmente, según la información pública que él mismo ofrece en sus redes sociales, es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital del Grupo Quirón.
También siguiendo la estela de Mur, Martínez Peromingo ha comparecido ante el juez y ante la comisión de investigación que se conformó en el Asamblea de Madrid, ante la que sostuvo, exactamente, el mismo argumento: que no estaba de acuerdo con los criterios que impedían los traslados a los hospitales. Ni él ni la mayoría de los geriatras. Culpa, en su caso, al que fuera su antecesor en el cargo de la Consejería de Sanidad.
Pero, ¿cuál fue su papel respecto a la prohibición de trasladar a los residentes a los centros médicos? Según consta en la macrodenuncia presentada ante la Fiscalía y que ahora ha acabado en manos de distintos juzgados, Martínez Peromingo fue el autor o coordinador de un segundo protocolo clínico que complementaba al primero, el denominado Protocolo de la Vergüenza firmado por Mur.
En concreto, este otro documento estableció unas instrucciones a las residencias, que debían tener información concreta sobre el mayor enfermo para el que iban a solicitar la hospitalización. Entre ella, el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. En función de esa información, los llamados geriatras de enlace decidían si se trasladaba o no a los ancianos. Fue este, señalan los denunciantes, "el núcleo de los delitos de discriminación de los residentes por enfermedad o discapacidad".
La 'Operación Bicho' y Antonio Burgueño
Son estos dos ex altos cargos de Ayuso los que la Fiscalía llama a investigar. Sin embargo, no son los únicos nombres que aparecen en la denuncia de los familiares. Junto a ellos, aparecen otras 27 personas: 25 geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los hospitales públicos de Madrid; Pablo Busca, director del Summa 112 en aquel momento; y Antonio Burgueño, director del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo. Y esto lo confirmó hasta el propio Mur.
En un correo enviado a la Consejería de Políticas Sociales el día 22 de marzo, reconoció que "las bajas y la falta de cobertura de las mismas en las residencias de la red de Políticas Sociales con médicos y enfermeras, unidas a la falta global de EPIs" no permitía "funcionar como 'residencias medicalizadas". Y ahí es donde entra Antonio Burgueño, quien fuese asesor sanitario de la presidenta madrileña y, según consta en la denuncia, autor del plan de choque aprobado por el Gobierno regional para luchar contra la pandemia.
Es el único que habría cometido el delito como "particular vinculado a un servicio público", puesto que las otras 28 personas lo habrían hecho como funcionarios. Actualmente la información publicada por él mismo señala que sigue siendo consultor sanitario y ha participado recientemente en un programa del canal de televisión ultra El Toro TV.
Su presencia en la crisis del covid comienza el 11 de marzo, cuando participa en una reunión en la Puerta del Sol como socio de una empresa de consultoría especializada en asuntos sanitarios. Tan sólo 24 horas después fue nombrado asesor principal y responsable de crear el mando único que coordinaría la sanidad pública y la privada. Días después, el 26, el propio Mur encarga a su hija Encarnación Burgueño la medicalización de los geriátricos a través de la empresa Transamed. Fue lo que se llamó Operación Bicho, que según consta en la denuncia se realizó con tan sólo nueve personas en apenas diez días: entre el 27 de marzo y el 6 de abril.
Los datos del Portal de Transparencia contenidos en la denuncia muestran además que fue un fiasco: la Consejería de Sanidad no reforzó las residencias con ningún profesional sanitario en marzo y en abril sólo envió a 29 médicos y 25 enfermeros. Había 475 residencias en Madrid.
El papel de Pablo Busca
El último nombre propio que aparece en la denuncia es el de Pablo Busca, entonces director gerente de los Servicios de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (Summa 112) y, desde octubre, director de Emergencias de Osakidetza, el servicio vasco de salud. Su papel fue "determinante", señalan los denunciantes, porque gracias a él se hizo efectivo el presunto delito de discriminación. ¿Cómo? Impidiendo el traslado a las ambulancias a aquellas residencias que no contaran con un visto bueno previo de un geriatra de enlace.
La Fiscalía quiere identificar cinco años después a los "autores intelectuales" del 'Protocolo de la Vergüenza'
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Según la macrodenuncia, "si un familiar o la directora de una residencia tenían la tentación de saltarse el sistema y llamar directamente a una ambulancia, se encontraban con una negativa". Y eso ocurría también otras veces en las que sí había luz verde.
Así al menos lo confirmó El País, periódico al que un geriatra confesó el propio 29 de marzo que el 061 ponía "muchos problemas". Además, el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero (Cs) contó en su libro Morirán de forma indigna que la dirección médico asistencial del Summa 112 dio instrucciones verbales a la plantilla para que no recogieran a personas de las residencias. Busca fue además una de las personas a las que Mur envió el Protocolo de la Vergüenza.
A diferencia de Mur, Peromingo y Burgueño, Busca nunca ha declarado en sede judicial. Estuvo convocado en la comisión de investigación de la Asamblea, pero nunca le dio tiempo a acudir porque la convocatoria electoral dejó los trabajos a medio hacer.
