Ayuso no añadió ni un hospital privado a la red pública que atendía a los mayores pese a que miles morían en las residencias sin ser trasladados a un centro médico

El 29 de abril, en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso afirmó lo siguiente: “El jueves 12 de marzo mantuve la primera reunión con representantes de la sanidad pública y privada para crear, de manera histórica, un mando único de la sanidad en Madrid, según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!” [puedes consultar aquí el diario de sesiones].

En realidad, ese mando único “histórico” no consideró necesario que los 68 hospitales privados atendiesen a las personas que vivían en las residencias y caían enfermas. Los datos oficiales de derivaciones hospitalarias a los que ha tenido acceso infoLibre demuestran que todos los traslados de residentes enfermos se hicieron a centros de la red pública de hospitales. En marzo y abril se llevaron a cabo 6.308 derivaciones desde las residencias de la Comunidad de Madrid. Ni una tuvo como destino un centro hospitalario ajeno a la red pública, según la información facilitada por la Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero.

Las palabras de Ayuso en la Asamblea son por tanto falsas en lo que se refiere a los residentes, precisamente el colectivo más castigado por la pandemia. Como desveló este periódico, en marzo y abril fallecieron 7.291 mayores en los geriátricos de Madrid sin ser trasladados previamente a un hospital, cifra que equivale al 77% del total de muertes entre los residentes.

infoLibre ha accedido a la información de los 18.895 traslados realizados en los seis primeros meses del año en la Comunidad de Madrid, incluyendo la residencia de origen y el hospital de destino. Son datos oficiales aportados por Sanidad en respuesta a una petición realizada por un periodista de este medio al amparo de la Ley de Transparencia. Este es el segundo de una serie de tres reportajes de infoLibre analizando los miles de datos obtenidos de Sanidad. El primero se publicó este martes y demuestra cómo se paralizó el traslado de residentes enfermos a los hospitales, de forma especialmente intensa después de que el Gobierno Ayuso aprobase el 18 de marzo un Protocolo que impedía las derivaciones de mayores que tuvieran un nivel alto de dependencia o de deterioro cognitivo [puedes leerlo aquí].

Las 68 "sucursales" privadas, inoperativas

Las residencias son, a efecto de la atención hospitalaria, como un domicilio particular. Los residentes de cada geriátrico tienen asignado un hospital de referencia, que es quien debe atenderles cuando lo necesiten.

La Comunidad de Madrid cuenta con una red pública formada por 34 hospitales (puedes consultar aquí el listado). La mayoría son hospitales generales, aunque hay también alguno especializado (el infantil Niño Jesús o los psiquiátricos Dr. Rodríguez Lafora y José Germain). Cinco de esos hospitales, pese a formar parte de la red pública, están gestionados por empresas privadas: cuatro están en manos de Quirónsalud (Fundación Jiménez Díaz en Madrid, Infanta Elena en Valdemoro, Rey Juan Carlos en Móstoles y el General de Villalba) y el quinto lo lleva Ribera Salud (Torrejón).

En esa red pública hay 26 hospitales que actúan como centros de referencia para las 474 residencias de mayores de la Comunidad (durante la pandemia estuvieron operativas 472).

Los datos de las derivaciones nos permiten entender cuál era el volumen normal de trabajo antes de la pandemia. Así, en las cuatro semanas del 10 de febrero al 8 de marzo, se realizaron 3.158 traslados de residentes que necesitaban tratamiento hospitalario. Los que atendieron a mayor número de pacientes fueron los hospitales Rey Juan Carlos (360) y Puerta de Hierro Majadahonda (321). Por el contrario, hasta ocho centros recibieron menos de 50 traslados en ese periodo.

Las cuatro semanas siguientes, del 9 de marzo al 5 de abril, fueron las peores para las residencias. Los enfermos se multiplicaron de forma exponencial, así que lo lógico es que también se hubieran disparado los traslados de pacientes desde las residencias a los hospitales. Pero ocurrió exactamente lo contrario: las derivaciones se redujeron hasta 1.995, lo que supone un desplome del 36,8% respecto a las cuatro semanas precedentes.

El frenazo a los traslados fue especialmente intenso entre el 16 y el 30 de marzo. “Los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias”, explicaba el 17 de marzo el médico de La Purísima Concepción a los familiares de los residentes, por medio de un escrito que reprodujo este periódico. Y al día siguiente, 18 de marzo, la Consejería de Sanidad aprobó el Protocolo que prohibía trasladar al hospital a mayores de los geriátricos que tuvieran un mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Un documento que firmó digitalmente el entonces director de Coordinación Socio-sanitaria, Carlos Mur, y que ese mismo día se envió por correo a los gerentes y directores médicos de los hospitales de Madrid y a los altos cargos del Gobierno de Ayuso que debían garantizar su aplicación. En los días siguientes, se aprobaron otras tres versiones de ese Protocolo, todas ellas desveladas de forma íntegra por infoLibre. En todas se establecían, con mayor o menor crudeza en el lenguaje, criterios de exclusión para trasladar a determinados enfermos.

¿Qué ocurrió en los 26 hospitales de referencia? Los datos son claros: en 23 de esos 26 hospitales de la red pública se recibieron menos traslados entre el 9 de marzo y el 5 de abril que en las cuatro semanas anteriores. En trece de esos centros la caída fue superior al 40% y en siete llegó a superar el 60%. Los tres únicos centros que incrementaron el número de derivaciones fueron el Clínico San Carlos (pasó de 39 a 62), la Fundación Jiménez Díaz (de 145 a 157) y el hospital de La Princesa (de 66 a 67). Son cifras en todo caso irrisorias en comparación con la tragedia que se estaba viviendo en los geriátricos. Entre esos tres hospitales aceptaron 36 pacientes más en cuatro semanas, mientras que en los otros 23 la reducción de derivaciones se elevó a 1.224. El resultado: 1.224 traslados menos.

¿Y qué hizo exactamente ese mando único “histórico”, en palabras de Ayuso, que había convertido a Madrid en una Comunidad que pasaba a “funcionar como un solo hospital con 102 sucursales”? Pues que el mano único no consideró necesari implicar a las 68 “sucursales” privadas en la atención de los mayores.

La única aportación en esas semanas críticas a la red pública ya existente fue el bautizado por Ayuso como “hospital milagro” del Ifema. Como ya desveló infoLibre hace dos semanas, el milagro pasó de largo en el caso de los geriátricos: el hospital de campaña atendió exactamente a 23 residentes en las seis semanas que estuvo operativo. Una cifra que equivale al 0,22% de los 10.298 mayores que vivían en geriátricos y dieron positivo en covid-19 en marzo y abril. 470 de las 472 residencias operativas no pudieron trasladar ni a una persona al Ifema. Los otros dos centros enviaron en total a 23 pacientes: 12 la residencia Monteverde, de Villaviciosa de Odón, y 11 la Sol Salud, de Collado Villalba. Los 23 fueron enviados al Ifema el mismo día: el 27 de marzo, seis días después de su inauguración. Después, nada.

Mientras la red hospitalaria pública colapsaba –sin género de duda en lo que respecta a la atención de los geriátricos– y el “hospital milagro” acogía exactamente a 23 residentes, cientos de mayores morían cada día. El 5 de abril habían perdido la vida ya 4.470 personas que vivían en residencias y varios miles más habían empeorado de forma tan grave que estaban a punto de fallecer en sus centros, de forma que el 12 de abril ya eran 7.141 los muertos.

A continuación, infoLibre reproduce un documento con el número de traslados aceptados en cada hospital en las cuatro semanas previas a la pandemia (10 de febrero a 8 de marzo), en las cuatro semanas críticas (9 de marzo a 5 de abril) y en las cuatro semanas siguientes cuando se empezó a recuperar la normalidad en las derivaciones (6 de abril a 5 de mayo). También se calcula la variación porcentual de los dos últimos periodos respecto al primero, el que define la situación de normalidad anterior a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

tras el pico de la pandemia

Tras pasar el pico de la pandemia, que el Gobierno de Madrid situó entre el 27 de marzo y el 1 de abril, se empezó a recuperar el número de derivaciones hospitalarias. Pero esta vez lo hizo de forma muy desigual.

Once de los 26 hospitales no recuperaron los niveles de actividad previos a la pandemia. Por tanto, entre el 6 de abril y el 5 de mayo tuvieron menos traslados que entre el 10 de febrero y el 8 de marzo. Las cifras son especialmente negativas en el caso del Hospital del Sureste, en Arganda; el Infanta Cristina, en Parla, y el Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares.

Los otros 15 centros, en cambio, recibieron más traslados que antes de la pandemia. Destacan especialmente tres: la Fundación Jiménez Díaz (subida del 129%), el Clínico San Carlos (125%) y el Hospital de Móstoles (113%). En términos absolutos, el dato más relevante es el de la fundación gestionada por Quirónsalud, que pasó de atender 145 enfermos antes de la pandemia a 333 en el periodo del 6 de abril al 5 de mayo. La factura que dicho grupo privado pasa a la Comunidad depende en buena medida del número de personas atendidas.

En este último periodo analizado, Ifema ya no recibió ningún traslado a pesar de que estuvo operativo hasta el 30 de abril.

A cambio, hubo otros cuatro hospitales de la red pública que no habían recibido derivaciones en las cuatro semanas previas a la pandemia y que sí lo hicieron en este último periodo: el hospital de la Cruz Roja atendió a 70 residentes, Santa Cristina a 24, Virgen de la Torre a 9 y Virgen de la Poveda a 2. Los tres primeros están en Madrid y el último en la localidad de Villa del Prado.

Los datos son claros y contundentes: en lo que respecta a los mayores de las residencias, el 70% del total de víctimas con covid-19 en la Comunidad de Madrid, la colaboración público-privada de la que tanto presume el Gobierno madrileño no fue tal en lo que se refiere a la atención hospitalaria.

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La presidenta Ayuso no fue la única que, pese a esta realidad, se jactó de esa supuesta colaboración. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una comparecencia en la Asamblea el 12 de junio, proclamó: "Tengo que decir que cerca del 30% de la actividad durante esta pandemia ha tenido lugar dentro de la red de hospitales privados de la Comunidad de Madrid, actuando como un único servicio de cuidados intensivos, o sea, daba igual que las camas de cuidados intensivos estuviesen en la sanidad pública o en la sanidad privada, ¡se utilizaba el recurso!". 

Ese mismo día, el portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, Eduardo Raboso, que no suele pecar de comedido en sus elogios al sector privado, lanzó una de esas alabanzas: "Sabemos todos hoy en día que los hospitales privados absorbieron una parte importantísima de los pacientes infectados, despreciando y dejando completamente al lado cualquier tipo de actividad propia de sus pacientes, asegurados o no, y, de hecho, poniendo en serio compromiso sus estructuras y su funcionamiento normal, y todavía ese funcionamiento en muchos centros sigue comprometido". Raboso, eso sí, no facilitó nombre alguno de esos supuestos hospitales privados que "despreciando la actividad propia de sus pacientes" pusieron en "serio compromiso" su normal "funcionamiento". Lo que sí se sabe ahora es que, en todo caso, como no pusieron en riesgo sus estructuras fue atendiendo a los mayores que vivían en las residencias. Que eran, por cierto, los que morían a centenares cada día y en la inmensa mayoría de los casos sin recibir atención hospitalaria.

Pese a que se trata de un tema extremadamente sensible, puesto que 9.470 residentes fallecieron en marzo y abril, Ayuso y Escudero han mentido reiteradamente en relación con el Protocolo de exclusión que aprobó el Gobierno madrileño. La presidenta lo hizo en la propia Asamblea, calificando de "borrador" un documento firmado digitalmente por un alto cargo de su Ejecutivo. Y el consejero de Sanidad se inventó que existían hasta siete versiones de ese Protocolo firmado por Carlos Mur para intentar apuntalar la teoría del borrador, algo completamente falso puesto que sólo existen cuatro. Las cuatro firmadas digitalmente por Mur los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, las cuatro oficiales y las cuatro enviadas por correo electrónico el mismo día que se aprobaron a los gerentes y los directores médicos de los hospitales para su inmediata aplicación, además de a 18 altos cargos del Gobierno Ayuso que debían velar por su cumplimiento [Puedes consultar aquí todos los documentos].