A Feijóo le cuesta mojarse. Especialmente cuando hacerlo implica comprometer la acción del gobierno que eventualmente le pueda corresponder presidir. Por eso su discurso en relación con la decisión de Bildu de incluir en sus candidaturas municipales a varias decenas de exmiembros de la desaparecida ETA que en su día fueron condenados por diferentes delitos —siete de ellos por asesinato— se limita a pedir a otros —la Fiscalía y la Abogacía del Estado— que estudien cómo impedirlo. Y a exigir a Pedro Sánchez que el PSOE no vuelva a llegar a ningún acuerdo con la formación abertzale. Ni en los ayuntamientos, ni en comunidades como la de Navarra ni, por supuesto, en el Congreso de los Diputados.
Es una estrategia con la que Feijóo pretende alzar la voz lo justo para atraer a los socialistas que más dificultades tienen a la hora de aceptar la normalización de Bildu como un actor político más, pero sin asustarles demasiado izando la bandera de una ilegalización poco compatible con el respeto a la pluralidad democrática, sobre todo ahora que ETA ya no existe y la apuesta por las vías pacíficas de los abertzales está fuera de toda duda.
Esa actitud no es, en opinión de muchos dirigentes radicales del PP, otra cosa que tibieza. Por eso piden, un día sí y otro también, desafiando el riesgo de poner en evidencia a su líder, que Feijóo vaya más lejos. Isabel Díaz Ayuso, deseosa de atraer todo el voto ultra que pueda para hacer realidad su sueño de gobernar con mayoría absoluta, pide abiertamente la ilegalización de Bildu, algo que Vox ha solicitado en varias ocasiones y que el PP ha rechazado otras tantas. La que fuera presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, apoya abiertamente esta idea haciendo suyos los lemas de la extrema derecha. Incluso la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha dicho que “España no puede permitir que Bildu sea legal”. Y José María Aznar, la máxima autoridad del ala derechista del PP, se unió este miércoles al coro de voces que, sin citarle expresamente, piden a Feijóo que dé un paso más allá.
La tesis de Aznar
Aznar, que en su día, cuando ETA todavía mataba y extorsionaba, no sólo negoció con la organización terrorista sino que acercó a sus presos al País Vasco y jamás discutió la legislación que permite presentarse a las elecciones a personas que han cometido delitos y ya han cumplido sus penas, reclamó en un acto de campaña del PP junto al alcalde de Madrid una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para prohibirlo.
El expresidente hace tiempo que asegura, sin prueba alguna que lo sustente, que Sánchez ha recibido el apoyo de Bildu y de ERC en el Congreso a cambio de indultos, de la reforma del delito de sedición o de “la salida masiva de etarras” de la cárcel, algo que ni siquiera se ha producido. Su pronóstico, respaldado abiertamente por Ayuso y sin nada concreto que lo sustente, es que si Sánchez sigue siendo presidente ofrecerá sendos referéndums de autodeterminación a los independentistas vascos y catalanes a cambio de su apoyo en el Congreso. Y que hasta el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, legalizará ambas votaciones.
Esa tesis, que Feijóo asumió en parte en enero, en plena ofensiva contra la reforma del Código Penal, pero que no ha vuelto a defender, al menos en público, trata de plantear las elecciones que se celebran este año como una apuesta al todo o nada, de manera que si el PP no gana será el fin de España tal y como la conocemos. “Nos estamos jugando una cuestión casi existencial desde el punto vista constitucional, histórica y desde lo que es nuestra España reciente”, insistió Aznar con su habitual tono sombrío.
Feijóo todavía no ha hecho suyos estos argumentos durante la campaña municipal, más allá de insistir cada día y en cada mitin en la necesidad de “derogar el sanchismo”. Génova no está asumiendo todavía las demandas extremas de Ayuso o Aznar, que son las de Vox, pero sí puso este miércoles toda su maquinaria al servicio de un único objetivo: denunciar que Sánchez sigue sin renunciar a los votos de Bildu para sacar adelante sus propuestas en el Congreso de los Diputados.
Para hacer más visible ese vínculo y a falta de otros argumentos en materia económica el líder del PP trata de convertir en la piedra angular de las elecciones del 28M, Feijóo ha dado instrucciones a su grupo parlamentario para forzar una votación en el Congreso pidiendo al Gobierno que rompa “de manera inmediata y definitiva los acuerdos que mantiene actualmente y a no promover pactos, ni establecer ningún tipo de acuerdos de gobernabilidad o de cualquier otro tipo, con partidos políticos que tengan en sus estructuras o que hayan incluido en sus candidaturas para cualquier proceso electoral, a personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, con independencia de que hayan cumplido sus penas”.
El cordón de Feijóo
Sin el respaldo de la Fiscalía, que ha descartado actuar contra Bildu al constatar que la presencia de condenados en sus listas es perfectamente legal, y sin posibilidad de encargar nada a la Abogacía del Estado, el PP se aferra ahora a la idea de querer “impedir que la gobernabilidad de España dependa de partidos que incluyen en sus estructuras o en sus candidaturas electorales a personas condenadas por terrorismo”. En realidad sabe que la propuesta no va a salir adelante, pero busca obligar a los diputados socialistas a participar de la decisión de Sánchez de mantener abiertas las puertas del diálogo y la negociación política con los abertzales. No es la primera vez que el PP señala uno a uno a los parlamentarios del PSOE.
Con esta propuesta Feijóo acepta por primera vez establecer un cordón sanitario para excluir del sistema a un partido, en este caso Bildu, por más que sus diputados estén en el Congreso gracias a los votos de los ciudadanos. Hasta ahora, el líder del PP se había opuesto a este tipo de iniciativas cuando el PSOE intentó sin éxito, que fuese él quien excluyese de cualquier posibilidad de pacto a la ultraderecha de Vox.
Los ultras de Santiago Abascal desean acabar con el Estado autonómico y romper con la integración europea al tiempo que niegan el cambio climático o la violencia machista. Pero a Feijóo eso no le parece motivo suficiente para ponerles un cordón sanitario. Su argumento es que “todos los partidos políticos que concurren a elecciones son democráticos”. “Todos los ciudadanos tienen la posibilidad de votar o no votar. Esa es la grandeza de la democracia”. Ahora ya no dice eso. Ahora niega ese espacio a Bildu.
A Feijóo le cuesta mojarse. Especialmente cuando hacerlo implica comprometer la acción del gobierno que eventualmente le pueda corresponder presidir. Por eso su discurso en relación con la decisión de Bildu de incluir en sus candidaturas municipales a varias decenas de exmiembros de la desaparecida ETA que en su día fueron condenados por diferentes delitos —siete de ellos por asesinato— se limita a pedir a otros —la Fiscalía y la Abogacía del Estado— que estudien cómo impedirlo. Y a exigir a Pedro Sánchez que el PSOE no vuelva a llegar a ningún acuerdo con la formación abertzale. Ni en los ayuntamientos, ni en comunidades como la de Navarra ni, por supuesto, en el Congreso de los Diputados.