Baltasar Garzón cree "lógico" que el emérito no tenga inmunidad en Reino Unido como no la tuvo Pinochet
El exmagistrado Baltasar Garzón ha asegurado este viernes que la decisión del juez británico Matthew Nicklin de retirar la inmunidad al rey emérito Juan Carlos I —para que la demanda que le interpuso su examante Corinna Larsen pueda seguir adelante— es "lógica". Lo ha hecho en declaraciones a infoLibre en las que ha recordado que "el criterio" del magistrado del Tribunal Superior de Justicia británico es el mismo que se utilizó en el caso Pinochet.
Se refiere de este modo al acuerdo que en 1998 adoptó la Cámara de los Lores respecto al dictador chileno a raíz de una solicitud de extradición formulada por España. Refugiado en Londres para huir de la justicia, el dictador había recibido el respaldo inicial de los tribunales británicos, que le aplicaron lo que se conoce como inmunidad de Estado. Pero la Cámara de los Lores la rechazó para quienes ya no ocupan el cargo.
Ese es el caso del emérito, residente en los Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020. Hay una "ausencia", explica Garzón, de la "inmunidad soberana", puesto que ya no es jefe de Estado y, además, los hechos por los que el tribunal británico pretende juzgar a Juan Carlos "nada tienen que ver con el ejercicio" del cargo de jefe de Estado que ocupó hasta junio de 2014. Ese era el argumento de su defensa, del despacho Clifford Chance: según defendieron, a pesar de su abdicación, su posición constitucional en España significa que sigue siendo un "soberano" y que por tanto tiene derecho a la inmunidad personal prevista legalmente. Nicklin lo rechaza.
"Es una visión restrictiva de lo que significa la inmunidad, algo lógico. El tribunal la asocia a la función de jefe de Estado y a los ámbitos propios de jefes de Estado. Ni una supuesta violencia de género ni un supuesto acoso está dentro de esas funciones. Aceptarlo sería desnaturalizar la propia figura de la inmunidad soberana", continúa Garzón.
En su demanda, la examante del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.
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Además, Garzón también se muestra de acuerdo con el juez británico cuando destaca que tampoco "se ha presentado ninguna prueba por o en nombre del Estado español, o del rey Felipe VI, afirmando que el acusado es parte de la Casa del Rey". "No ha habido reclamación por el Estado español de declarar inmunidad respecto de la demanda interpuesta", destaca Nicklin.
"Aunque se hubiese indicado, tampoco se hubiese" entendido que el emérito goza de esa "inmunidad soberana", asegura Garzón. "Los convenios internacionales son muy taxativos. Hay inmunidad para jefes de Estado, primeros ministros y cancilleres, no para el resto. Y menos para una acción civil", remata.
El auto judicial británico, que amenaza con sentar en el banquillo a Juan Carlos I, llega tres semanas después de que la Fiscalía archivase sus diligencias de investigación.
