El banco corresponsal de los 617 millones por los que se investiga al Pastor ha sido sancionado por no luchar contra el blanqueo

Standard Chartered Bank, el banco británico que actuó como corresponsal en el envío de transferencias al extranjero por un valor de 617,6 millones de euros del Banco Pastor, y que investigan Hacienda y el magistrado José de la Mata en una pieza separada del caso Gürtel denominada Cantón, ha sido multado en dos ocasiones por más de 600 millones de dólares por autoridades de Estados Unidos por no luchar contra el blanqueo de capitales.

En concreto, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, en el que están instaladas el 90% de las entidades financieras en este país, ha impuesto dos sanciones contra el banco por un valor de 640 millones de dólares, según ha informado el propio departamento encabezado por el superintendente Benjamin M. Lawsky, que también ha sancionado a otras entidades como el HSBC.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) de la Agencia Tributaria envió un duro informe sobre la actuación del Banco Pastor en la presunta trama de blanqueo de capitales de 617,6 millones de euros descubierta gracias a la investigación de la trama Gürtel, y cuya operativa fue adelantada por infoLibre.

"Elevadísimo" blanqueo

"Se han apreciado indicios de que Banco Pastor y Belfast Link podrían haber participado en un escenario de blanqueo de capitales", indica el documento de la Onif fechado el 15 de marzo y que califica como "elevadísimo" el volumen de fondos canalizado entre 2006 y 2010 por esta entidad financiera gallega: 617,6 millones de euros.

El informe de la Agencia Tributaria especifica los "posibles graves incumplimientos del Banco Pastor", que "lejos de ser puntuales, podrían afectar a varias de las principales obligaciones contenidas en esas normas". Como por ejemplo que el banco no identificó a los intervinientes de las 34.000 operaciones investigadas en relación a las firmas Eves y Belfast Link, y los titulares reales de las sumas transferidas. 

Pero el Pastor, que en 2011 fue comprado por el Banco Popular, tampoco conservó la documentación, tal y como obliga la ley, al mismo tiempo que incumplió la obligación de no establecer relaciones de negocio con "bancos pantalla" y que no comunicó a las autoridades españolas, en concreto el Servicio de Protección del Blanqueo de Capitales (Sepblac), las importantes cantidades de dinero transferido de forma irregular mediante las empresas Belfast Link (Uruguay) y Eves (Argentina).

"Copia de los cheques"

El Banco Popular, en una carta dirigida al magistrado De la Mata, explicó a éste que había reclamado al banco corresponsal de las transferencias bancarias sospechosas, el Standard Chartered Bank, "copia de los cheques que formaban parte de casa remesa".

En concreto, el banco corresponsal hasta 2008 fue el American Express Bank, que en febrero de 2008 fue adquirido por el Standard Chartered Bank, a quien ahora se dirige el Banco Popular, y más en concreto a la directiva Margherita Invernizzi, a quien le reclama todos los cheques abonados entre 2006 y 2010 desde la cuenta del antiguo Banco Pastor.

Pero la entidad financiera española, que ahora mismo está inmersa en una dura crisis de solvencia, aportaba un dato más para la investigación del magistrado De la Mata: que pese a que en los ficheros con los que contaba el banco español "se han respetado los datos del país del ordenante/beneficiario que figuran en el fichero informático del Banco Pastor del que se han extraído, es obvio que en todos estos movimientos el dato sobre el país en que está domiciliada la cuenta del ordenante (dato por el que se interesaba el Juzgado) es siempre Estados Unidos. Extremo distinto es cuál es el país del ordenante", completa el documento del Banco Popular.

Pero infoLibre ha accedido a documentación del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York que muestra que el británico Standard Chartered fue objeto de dos sanciones. La primera fue el 21 de septiembre de 2012, tras confirmar que desde al menos 2001 a 2007, el banco británico proporcionó servicios de compensación en dólares a clientes iraníes sujetos a sanciones económicas estadounidenses.

En concreto, las autoridades del Estado de Nueva York pusieron su foco sobre 59.000 transacciones por un total de aproximadamente 250.000 millones de dólares, a través de la sucursal del banco en Nueva York.

Omitiendo información

La entidad financiera facilitó estas transacciones eliminando u omitiendo la información que identificaba a las contrapartes sancionadas de los mensajes de pago (mediante el uso de separación de cables y pagos de cobertura), ocultando así su conducta de los reguladores y las autoridades policiales. La primera multa fue de 340 millones, al tiempo que obligó al banco a contratar a un empleado durante dos años cuyo cometido era examinar y evaluar los programas, políticas y procedimientos de cumplimiento de la normativa de la lucha contra el blanqueo.

Standard Chartered contrató al analista, que identificó nuevos fallos, con respecto a los sistemas de control de las de transacciones que el banco no había revelado. Por ello, el 9 de agosto de 2014, Standard Chartered y el Departamento firmaron una segunda sanción según la cual el banco suspendió la compensación de dólares en su sucursal de Nueva York y pagó una multa adicional de 300 millones de dólares, al mismo tiempo que fue obligado a adoptar nuevas medidas correctivas que supervisaría el analista, que permanecería dos años más en el banco.

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Además, y según reconoció recientemente el propio banco británico, el regulador financiero de Hong Kong tiene intención de emprender acciones contra Standard Chartered, cuyo negocio se concentra principalmente en Asia, en relación al patrocinio de una salida a Bolsa asesorada en la región en 2009, según informó el banco británico durante las presentación de sus cuentas trimestrales, donde admitió que dicha acción podría tener "consecuencias financieras" para la entidad.

Tal y como adelantó infoLibre, los propietarios de una de las empresas implicadas en el presunto blanqueo, en concreto la argentina Eves, fue objeto de dos sanciones por parte del Banco Central de la República Argentina por un total de 612.000 euros.