El bloqueo del CGPJ desnuda las lagunas del sistema de elección tras un nuevo "no" del PP

La que termina este domingo podría haber sido una semana atípica en la política de los últimos años porque Gobierno y Partido PopularPartido Popular parecían dispuestos a cerrarla con el primer gran acuerdo de legislatura. Un acuerdo que arrancó a primera hora del jueves, con la propuesta de candidatos para el Consejo de RTVE, al que se pretendía que siguiera otro pacto más global del resto de instituciones con renovaciones pendientes, con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como piedra angular.

Pero no pudo ser. Durante la tarde del jueves, desde ambas partes de la negociación se alertaba de la inminencia del anuncio. Pero todo estalló por los aires y, pasadas las 00.00 horas, tanto el Gobierno como el Partido Popular informaron de la imposibilidad del acuerdo. "Ambas partes constatan que existen escollos que han impedido alcanzar un pacto", podía leerse en los mensajes remitidos a los periodistas.

Ni el Gobierno ni el PP se ponen de acuerdo sobre qué motivó la ruptura. Los conservadores se quejan de que la Moncloa, después de haber aceptado su "veto" a José Ricardo de Prada, volvió a incluirlo en la candidatura en la tarde del jueves, lo que atribuyen a "presiones" de Pablo Iglesias (Unidas Podemos). En el Ejecutivo lo niegan, culpan a los "vetos" del PP del hecho de que el CGPJ siga todavía bloqueado y niegan la mayor. Aseguran que este episodio si para algo ha servido, además de para poner evidencia los "complejos" del PP respecto a la extrema derecha, ha sido para exhibir que la coalición ha estado junta en esto. Un mensaje que llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiese a Unidas Podemos en sede parlamentaria "bajar los decibelios" de las difernncias.

Mientras en cada uno de los sectores confían en que el paso del tiempo haga recapacitar al otro para que el desbloqueo llegue en las próximas semanas, el bloqueo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces deja al descubierto un sistema de elección puesto en evidencia por sectores de la judicatura y por formaciones políticas. Y, de forma paralela, la incapacidad de los partidos para repartirse los puestos. El actual Consejo del Poder Judicial, pendiente de renovación desde diciembre de 2018, está integrado por 20 vocales y un presidente que salieron de un Parlamento en el que Partido Popular tenía mayoría absoluta.

Ahora, con un Congreso más plural en el que los conservadores han disminuido su presencia, el Partido Popular lleva un tiempo resistiéndose a que cambie el escenario. Parecía que iba a haber una oportunidad a finales de 2018, pero la publicación de un mensaje en el que el por entonces portavoz del PP en el Senado se jacataba de lo beneficioso para los conservadores de la lista pactada, hizo que todos los planes se derrumbasen. Y hasta ahora.

Limitación de poderes en funciones

Si no hay cambios de última hora, a finales de marzo o principios de abril el Parlamentodará luz verde a una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que pretende limitar los poderes de un órgano de gobierno de los jueces en funciones. La medida fue interpretada como una forma de presionar a los conservadores para que se acercasen al pacto, pero también nació con el objeto de evitar que un CGPJ con el mandato caducado siga haciendo nombramientos discrecionales que podrían no salir adelante si su composición fuese la que le corresponde en base al equilibrio de fuerzas parlamentarias del momento.

También hay otra iniciativa que, de momento, el Gobierno mantiene bloqueada que permitiría sortear el bloqueo de los conservadores al rebajar las mayorías para elegir a los vocales. Pedro Sánchez anunció en la moción de censura de Vox que la retiraba como invitación a Casado a negociar y este mismo viernes, preguntado por los periodistas en rueda de prensa, anunció que su gesto seguía en pie. 

El texto presentado por Unidas Podemos y los socialistas refleja que "cada una de las Cámaras [Congreso y Senado] elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial". Y prosigue: "Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta".

Con este requisito de mayoría absoluta, los votos de los diputados del Partido Popular ya no serían necesarios porque Sánchez tendría alternativas como la del denominado bloque de la investidura o sus socios para los Presupuestos Generales del Estado.

Junto a estas iniciativas, la derecha también ha mostrado en los últimos meses sus cartas sobre lo que consideran el modelo ideal. La última vez fue a finales del pasado enero, cuando el Congreso debatía las enmiendas a la totalidad de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para limitar a un Poder Judicial en funciones. El PP defendió un texto alternativo que abogaba por que la mayoría de los vocales del CGPJ, los doce de extracción judicial, sean elegidos por los propios jueces, un sistema por el que también apuestan Ciudadanos y Vox.

Este mismo viernes, tras el fracaso de las negociaciones, la dirección del Partido Popular celebró un Comité de Dirección. Uno de los temas que estuvo sobre la mesa, aseguran las fuentes consultadas, es que a través del acuerdo frustrado, el partido pretendía "sentar las bases con el PSOE para reforzar la independencia del Poder Judicial como una cuestión de principios". "Es lo que llevamos manteniendo desde hace dos años para que en la próxima renovación de CGPJ los jueces elijan a los jueces", añaden en Génova.

Minuto y resultado

Si en algo coinciden en PP y en el Gobierno es que, tras una semana muy intensa, es necesario "tiempo" para que las negociaciones se reconduzcan. Pero más allá de en esto, no tienen otro tipo de planteamientos similares. Porque los conservadores creen que la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez y el Ejecutivo cree que la pelota está en el tejado del Partido Popular.

Los conservadores aseguran no tener prisa y que Sánchez es el principal interesado en el desbloqueo, porque fue él quien llamó personalmente a Casado tras las catalanas del 14F para activar las negociaciones. Señalan que ya han dejado claro al equipo negociador del Gobierno que no van a dar luz verde a ninguna lista en la que figuren los nombres de Victoria Rosell o José Ricardo de Prada. 

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Rosell es exdiputada de Unidas Podemos y De Prada, el juez al que se atribuyen las frases más contundentes de la sentencia del caso Gürtel. A última hora del jueves, cuando se anunción la ruptura de las negociaciones, De Prada era planteando por el PP como el principal "escollo".

En sectores del PP también se quejan de que Iglesias vetó de la lista al juez Alejando Abascal, muy próximo, dicen, a Pablo Casado.

Sánchez fue muy claro al respecto en la rueda de prensa que ofreció cuando se le preguntó por ellos. Dijo que "los vetos no son aceptables en democracia" y que los nombres que están sobre la mesa corresponden a "personas que tienen un currículum acreditado" y que "lo que han hecho es su trabajo como jueces".