El bloqueo de datos por el Banco Popular entierra la rogatoria a Londres sobre el ático de Ignacio González

El bloqueo de la entrega de datos bancarios solicitados por el Reino Unido a España para desenredar la madeja que envuelve el ático de Ignacio González acaba de enterrar una de las comisiones rogatorias esenciales en la investigación. Lo sucedido con la rogatoria de Londres, que da por fallido el expediente de auxilio judicial, confirma que cinco años después del inicio del caso, los continuos "errores" y dilaciones en las peticiones internacionales de ayuda siguen torpedeando la investigación sobre el patrimonio del expresidente madrileño, encarcelado desde abril por la segunda causa en la que, tras la del ático, se ha visto imputado: la Operación Lezo.

Un documento recién incorporado al sumario del ático y al que ha tenido acceso infoLibre revela cómo la Agencia Tributaria británica (HMRC) notificó el pasado 7 de julio al Ministerio de Justicia el cierre del caso tras la solicitud de auxilio judicial cursada a Londres en noviembre de 2015 por el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona. Relacionados con movimientos de dinero de Coast Investors Llc, la misteriosa sociedad pantalla de Delaware (EEUU) que en 2008 compró el piso de lujo para de inmediato alquilárselo al expresidente madrileño y su mujer y finalmente vendérselo en diciembre de 2012, los datos estaban en teoría en poder del Banco Popular.

Esa era la teoría, porque lo que el Popular le dijo en primavera a la Policía en una "conversación telefónica" –el entrecomillado procede del oficio con que la Udef informó en mayo a la jueza sobre los vericuetos de este episodio– es que no era "posible ampliar más la información requerida" por cuanto no había "información adicional" en sus "archivos informáticos". Este diario no ha logrado averiguar si la Fiscalía o la jueza Isabel Conejo, titular del juzgado 5 de Estepona, dieron algún paso que obligase al Popular a activar los mecanismos necesarios para facilitar lo que se le estaba pidiendo. Este viernes, infoLibre preguntó a los portavoces del Ministerio de Justicia por lo sucedido en relación a la rogatoria de Londres. No hubo respuesta.

Lo que perseguía el juzgado 5 de Estepona con esta solicitud de ayuda puede resumirse así: conocer los movimientos de la cuenta del banco británico Lloyds Bank desde la que Coast Investors transfería fondos para el pago de la comunidad de propietarios del ático del que Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero, disfrutan en la urbanización Alhambra del Golf de Estepona desde 2008. Desde que en 2012 el sindicato policial SUP puso en manos de la justicia sus sospechas de que el inmueble siempre perteneció en realidad al político madrileño y que escondía el pago de un soborno en especie, el rastreo de los movimientos financieros de Coast Investors ha constituido uno de los objetivos primordiales de la investigación.

Para cumplimentar la rogatoria, Londres pidió el pasado 22 de diciembre a las autoridades españolas que le aportasen el "número de cuenta bancaria, código de sucursal bancaria o número IBAN de de la entidad Lloyds TSB Bank de Londres". ¿Por qué? Porque como hizo constar luego la Udef en el oficio remitido en mayo a la jueza de Estepona, el Lloyds operaba en realidad como un "mero banco corresponsal entre la entidad US Bank de Portland (EEUU) (...) y el Banco Popular", receptor de los fondos. Todo apuntaba a que la llave informativa se localizaba por tanto en el banco destinatario, el Popular.

Transcurridos seis meses desde aquella solicitud, la Agencia Tributaria británica notificó el 7 de julio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional que como no había recibido "respuesta a la carta" de diciembre, y lamentando no haber podido prestar la asistencia solicitada, había "cerrado" el caso [puedes consultar el documento aquí]

La fallida rogatoria a Londres aparece hoy como la última etapa conocida de la carrera de obstáculos y retrasos –incluidos los de las traducciones de respuestas oficiales– a que se enfrentan las rogatorias del caso ático. Por ejemplo, también en mayo trascendió que el Ministerio de Justicia había enviado a un destinatario erróneo la rogatoria cursada por la juez a Panamá para determinar si Coast Investors está vinculada al caso Gürtel: en lugar de hacérsela llegar a la Procuradoría (Fiscalía) General panameña, el departamento que dirige Rafael Catalá la mandó al Ministerio de Gobierno, que tardó 11 meses en avisar a España de la equivocación cometida.

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Antes de eso, y ya en 2013, Justicia había cometido el primer error de la serie. Y justamente guardaba relación con la rogatoria a Londres: pese a que los protocolos de colaboración internacional estipulan que las rogatorias han de ir de Gobierno a Gobierno –por eso las envía Justicia y no la jueza de Estepona–, Justicia se la envió a Interpol, con lo que hubo que repetir luego el proceso.

Tampoco EEUU facilitó la tarea a los investigadores. El 21 de septiembre de 2015 sus autoridades anunciaron que el banco de este país al que se reclama la información básica para mantener la investigación a Ignacio González, el US Bank, rechazó aportar los datos bancarios porque "por el paso del tiempo, ya no se guardan los datos reclamados".