Memoria histórica
Boadilla envía una carta a los vecinos de la calle de José Antonio disculpándose por tener que cumplir la Ley de Memoria
Los cambios de las denominaciones de las calles en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica parecen seguir molestando a ciertos ayuntamientos que se oponen a llevar a cabo las modificaciones. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, ha sido el último. El pasado mes de diciembre, enviaron un escrito a los vecinos en los que explicaba que la calle de José Antonio pasará a llamarse Juan Carlos I "en próximas fechas", un cambio que, según sus propias palabras, se ven "obligados a realizar".
El motivo de la "obligación" es una advertencia del Defensor del Pueblo derivada de una queja presentada por un vecino del municipio madrileño. Según la decisión de la institución, a la que tuvo acceso Europa Press, se instó al Ayuntamiento a tomar "las medidas oportunas" para cumplir lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que establece que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
Además, el Defensor recordó que, entre las medidas que "pueden adoptar las administraciones públicas" para "contribuir al cumplimiento" del artículo, está "la retirada de subvenciones o ayudas públicas".
Un alcalde del PP: "La Ley de Memoria es infame e impuesta por José Luis Rodríguez el Rojo, un indigente mental"
Ver más
"Somos conscientes del trastorno que este cambio supone tanto para ustedes, los vecinos, como para los comerciantes que viven y desarrollan su actividad en la calle de José Antonio", reza el escrito enviado por el Consistorio. "Son los mismos trastornos que también sufrirá el Ayuntamiento que tiene su sede administrativa en esta calle", añade. Fuentes del Ayuntamiento insistieron a infoLibre en que las razones por las cuales se oponen al cambio únicamente tienen que ver con esas complicaciones y "trastornos" que supondría. "Recibimos muchas quejas de los vecinos", afirmaron.
En este sentido, Raimundo Herráiz, segundo teniente de alcalde, afirmó en una entrevista que "no se ha visto necesario" el cambio de calle por "el problema que eso supone para los comerciantes y vecinos". Además, manifestó que "en absoluto" existe ninguna reclamación ciudadana que solicite el cambio, a pesar de que la decisión del Defensor se adoptara después de la queja de un ciudadano. "Lo que pasa es que esta Ley de Memoria Histórica que sacó Zapatero, que solo sirve para los de un bando de una guerra de hace 80 años, va a quitar los nombres de un lado y no los de otro", opinó.
No obstante, el Ayuntamiento confirma que, aunque no comparten "el criterio de la institución", "como representantes públicos y garantes de la legalidad", cumplirán y acatarán "las sentencias judiciales, las disposiciones legales y mandatos de las altas instituciones del Estado".