Ciudadanos, el partido que posibilitó la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, y que ha prolongado la permanencia en el poder del PP en la región cuatro años más (y van veinte), rechaza responder a una pregunta. Si reprueba o no que Cifuentes, en 2002, cuando era secretaria de la Mesa de la Asamblea autonómica, presidiera el tribunal calificador que decidió la oposición convocada por la Cámara para cubrir 34 plazas del cuerpo de administrativos, tribunal que concedió una de esas plazas a Eva María González Molina, en aquel momento novia de Santiago Cifuentes, uno de los hermanos de la política del PP. Cifuentes no se abstuvo ni comunicó al resto de miembros del tribunal esa situación personal. González Molina y Santiago Cifuentes acabaron contrayendo matrimonio en 2004.
La noticia fue desvelada este lunes por infoLibre. En ella se recordaba que según el artículo 28 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proceso Administrativo Común, que regía aquella convocatoria de oposiciones, se recogen como motivos de abstención, entre otros, "tener parentesco de afinidad de segundo grado" o "tener amistad íntima" con cualquiera de los interesados. Cifuentes no lo hizo. González Molina quedó cuarta entre todos los aspirantes y obtuvo su plaza de funcionaria, que todavía conserva. Según la versión oficial proporcionada por una portavoz de la hoy presidenta madrileña, en aquel momento, 2002, Eva María y Santiago "no eran novios formales" y Cifuentes "no podía imaginar que se podía convertir en su cuñada".
Cifuentes ha apuntalado su discurso intentando enterrar el pasado envuelto en escándalos de corrupción de sus antecesores en el cargo, Esperanza Aguirre e Ignacio González, marcados por escándalos como la Gürtel o la Púnica. Pero aparte de luchar contra la corrupción, también ha reivindicado que hay que rechazar "a quienes se corrompen saltándose las reglas de la ética".
Este periódico preguntó a Ciudadanos Madrid –cuyo portavoz en la Asamblea es Ignacio Aguado– si consideraba que Cifuentes debía dar explicaciones por aquellos sucesos de 2002 y si se ajustaba al comportamiento ético en la política que el partido naranja defiende. No llegó una respuesta. No obstante, el acuerdo de investidura firmado por PP y la formación de Albert Rivera tampoco especifica qué hacer en un caso tan concreto. El texto asegura que se separará de forma inmediata a cualquier cargo público que "haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política" o que "haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica".
Tampoco hay respuesta de Podemos
Algo semejante ocurrió con Podemos. Tras formular la pregunta por teléfono a un portavoz del partido en Madrid, y dirigirle la consulta por escrito a través de correo electrónico, no llegó tampoco ninguna contestación.
En el caso del PSOE, primer partido de oposición en la Asamblea, sí hubo posicionamiento tanto de la cúpula federal como del grupo parlamentario en Madrid. El secretario de Organización, César Luena, preguntado en rueda de prensa, exigió a Cifuentes "menos elocuencia y más explicaciones". "Sobre las responsabilidades de su partido y de la gente que está con ella en el Parlamento y en el Gobierno y también sobre sus gestiones y decisiones en el pasado. Tiene que explicarse y asumir responsabilidades", señaló el número dos de Pedro Sánchez.
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El grupo en la Cámara regional va a dar unos días de plazo a la presidenta para que dé explicaciones. Si no es así, no descarta formular alguna pregunta en la Asamblea, aunque advierte de las dificultades reglamentarias, ya que la oposición puede dirigir cuestiones al Gobierno sobre su gestión, y no sobre la actuación de la Mesa en legislaturas anteriores.
Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea, señala que, más allá del "carácter legal o no" del comportamiento de Cifuentes en 2002, importa la dimensión ética de la cuestión, ya que tenía que haberse "abstenido por tener una relación directa" con González Molina. "No entro en las capacidades de su hoy cuñada para acceder a la plaza, que seguramente las tenía, pero tenía que haber informado al tribunal y no habría pasado nada. Cifuentes debe una explicación a los ciudadanos, contar si era consciente de que cuando se abrió este proceso de convocatoria pública su hermano tenía una relación con esta chica. Más cuando ella se presenta como la presidenta de la regeneración democrática".
La diputada subraya que aún hacen falta más explicaciones en una comunidad como Madrid, "harta de Púnica, Gürtel o gestapillosPúnicaGürtelgestapillos [por la trama de presunto espionaje]", en alusión a todos los escándalos que han atravesado la gestión del PP de Aguirre y González al frente del Ejecutivo regional. "En definitiva, no es un tema de legalidad, sino de si éticamente es aceptable o no esta actuación", remata.
Ciudadanos, el partido que posibilitó la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, y que ha prolongado la permanencia en el poder del PP en la región cuatro años más (y van veinte), rechaza responder a una pregunta. Si reprueba o no que Cifuentes, en 2002, cuando era secretaria de la Mesa de la Asamblea autonómica, presidiera el tribunal calificador que decidió la oposición convocada por la Cámara para cubrir 34 plazas del cuerpo de administrativos, tribunal que concedió una de esas plazas a Eva María González Molina, en aquel momento novia de Santiago Cifuentes, uno de los hermanos de la política del PP. Cifuentes no se abstuvo ni comunicó al resto de miembros del tribunal esa situación personal. González Molina y Santiago Cifuentes acabaron contrayendo matrimonio en 2004.