El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso juzgar al cantante canario Juan Carlos Senante, al expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista y a los ex directivos Enrique Gómez Piñeiro y Ricardo Azcoaga por el desvío de 50.354 euros, que fueron dirigidos a una empresa del músico y a la adquisición de un timple, que los peritos judiciales valoran en unos 3.000 euros.
El magistrado dictó un auto en el que transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, un trámite equivalente al procesamiento, y acuerda que sean juzgados por delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta "sin perjuicio del carácter continuado de alguna de esta infracciones".
De la Mata, que dio un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de esta pieza separada del caso SGAE, considera que Caco Senante obtuvo, de un "modo supuestamente ilícito" y con el consentimiento de los otros tres investigados, la suma de 30.354 euros de la SGAE, a través de un pago que se hizo contra facturas giradas por la empresa Algo Distinto -- de la que el canario es administrador único-- en concepto de asesoramiento.
Según el juez, las nueve facturas se giraron mensualmente desde octubre de 2010 hasta junio de 2011, sin estar autorizados por el Consejo de Dirección. En concreto, la mercantil de Senante, que fue miembro de la Junta Directiva y del Consejo de Dirección de la SGAE desde 2007, recibió 10.620 euros en 2010 y 19.724 el año siguiente.
"Tales servicios, el gasto para la SGAE y su pago a quien tenía el carácter de consejero, no fueron autorizados por el Consejo de Dirección de SGAE, pese a que el importe del contrato excedía de 6.000 euros y que, por tanto, de acuerdo con las normas de contratación, la aprobación por el órgano directivo corporativo era preceptiva", indicó el auto.
Sin contrato y ocultándolo al Consejo
El juez destacó que el músico comenzó a prestar tareas de representación de la SGAE en las Islas Canarias desde al menos octubre de 2010, "sin habilitación" ni "mandato formal" por parte de la entidad cultural. Ese año, Eduardo Bautista aprobó la contratación de forma "directa y unilateral" con el acuerdo de los otros tres procesados y sin "suscribir contrato alguno" para la cobertura de los pagos.
Para simular "cierta normalidad", el magistrado indicó que Bautista y Senante llevaron al orden del día de una reunión celebrada por el Consejo de Dirección el 10 de marzo de 2011 una lista de actividades desarrolladas por el cantante, pero sin informar de que "estaba cobrando y que no las estaba haciendo en su condición de consejero de la SGAE".
Un instrumento "único" y con una pintura de Alberti
La segunda conducta investigada se centra en la compra de un timple canario --una pequeña guitarra típica de Canarias-- por importe de 20.000 euros, que fue llevada a cabo por Senante, Bautista y Azcoaga a principios de 2011.
En las opacas profundidades de la SGAE
Realizaron adquisiciones de más de 6.000 euros omitiendo la suscripción de contrato escrito y "sin la más mínima cautela sobre su valoración económica". Argumentaron que se trataba de una "pieza única por ser obra de un legendario artesano constructor de instrumentos", llamado Francisco Rodríguez Franco y que sobre el instrumento había realizado una pintura Rafael Alberti.
Los acusados expresaron su idea de colocar la pieza en una urna con el objeto de que presidiera la entrada de la nueva sede de la SGAE en Canarias.
Sin embargo, "lo cierto es que el valor pericial de la pieza adquirida es de 3.270 euros y que, por tanto, SGAE podría haber sufrido pérdidas por importe de 16.730 euros", remacha el juez, que añade que las transferencias se efectuaron a favor de Amparo Miralles.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso juzgar al cantante canario Juan Carlos Senante, al expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista y a los ex directivos Enrique Gómez Piñeiro y Ricardo Azcoaga por el desvío de 50.354 euros, que fueron dirigidos a una empresa del músico y a la adquisición de un timple, que los peritos judiciales valoran en unos 3.000 euros.