Es ya un tópico –pero no por tópico menos cierto– decir que la Constitución del 78 se redactó con "rumor de sables" de fondo. Menos se dice, aunque es igual de cierto, que había también rumor de sotanas. El tránsito a la democracia supuso para la Iglesia una amenaza existencial, ya que había trabado una alianza con la dictadura, consagrada por el Concordato de 1953, de imposible traslado a un marco aconfesional. La Iglesia salvó el envite. ¿Cómo? Supo aprovechar al mismo tiempo, sin ahogarse en contradicciones, la incrustación de su élite en el sistema declinante con el pedigrí antifranquista de sus párrocos obreristas, convirtiéndose en un agente importante de la Transición. El resultado fue el diseño de una relación Iglesia-Estado respetuosa hasta tal punto con el grueso de los privilegios eclesiales que bordea la inconstitucionalidad. Y si este estatus no ha sido más seriamente puesto en entredicho ha sido porque, como compensación por las prebendas otorgadas a la Iglesia católica, el Estado ha ido repartiendo favores a su competencia, generando una suerte de multiconfesionalismo asimétrico.
"Los privilegios de la Iglesia católica no sólo se han terminado aposentando, sino que se han extendido. Esto es una dinámica que hay que parar", afirma Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica. Picó observa con preocupación la polémica surgida en la Comunidad Valenciana a raíz de la decisión del Consell bipartito (PSPV-Compromís) de implantar el curso que viene la asignatura de Religión islámica. Es un asunto incómodo para el movimiento laico, eminentemente progresista, a cuyos miembros desagrada compartir trinchera, aunque sea circunstancialmente y en base a argumentos distintos, con quienes rechazan la asignatura desde posiciones más o menos próximas a la islamofobia. Pero sobre todo es un tema que abre en canal el debate sobre la relación del Estado, en particular del sistema educativo público, con las confesiones religiosas. La pregunta es: ¿Puede la supresión de privilegios de la confesión católica acometerse con la extensión de los mismos a musulmana, la judía, la evangélica...?
LA FE Y LA ESCUELA
Jorge García, presidente de Movimiento Hacia un Estado Laico, lanza una voz de alarma. "El salto hacia el multiconfesionalismo que parecen querer dar cada vez más autoridades es un gravísimo error. No soluciona los problemas. Al contrario, los agrava. Y por supuesto la Iglesia no tiene ningún problema con eso, porque sabe que pase lo que pase, el 95% del pastel se lo va a terminar quedando", afirma. A juicio de García, el impulso político de asignaturas religiosas es "un desvarío". El problema de que haya un delegado diocesano en un colegio público, según García, no se soluciona introduciendo a su lado un imán. Lo que podríamos llamar multiconfesionalismo educativo "distrae del mensaje esencial" del laicismo, añade García. A saber: "Que la escuela pública es para el conocimiento y que los dogmas y la fe, sean de la religión que sean, deben quedarse en el ámbito privado de las muy respetables creencias personales".
La presencia en las aulas de la religión católica está blindada por el acuerdo educativo entre el Estado español y el Vaticano de 1979. Su arraigo es notable. Escogen la asignatura de Religión católica, impartida por profesores elegidos por los obispados y pagados por el Estado, el 58,33% de los alumnos en primaria, el 38,56% en secundaria y el 22,45% en bachillerato. Ninguna ley educativa en democracia ha cuestionado la presencia de la asignatura de Religión católica en las aulas. El debate se ha centrado en si era evaluable y con una alternativa dura que disuada a los alumnos –como reclaman los obispos–, o no computable y con una alternativa suave que los atraiga. En ese margen se han ido moviendo las leyes conservadoras y progresistas hasta llegar a la Lomce, que colmó todas las aspiraciones del episcopado y de hecho ha contribuido a frenar la caída de la demanda de la asignatura.
UN MARCO LEGAL PROPICIO
Hasta ahora la implantación en la escuela pública de las asignaturas de otras religiones se ha quedado en el tintero. Pero hay un marco legal para hacerlo. Y, más importante aún, confesiones religiosas que lo reclaman. El marco legal son los acuerdos del Estado con las confesiones islámica, judía y evangélica, suscritos en 1992. En dichos acuerdos se establece el derecho de los padres a que sus hijos reciban enseñanza religiosa en el sistema educativo público. Lo cierto es que este precepto se ha desarrollado escasamente. En el curso 2015-2016, último del que el el Ministerio de Educación ha publicado los datos, optaron por la asignatura de Religión islámica el 0,65% de los alumnos y por la evangélica el 0,51%. Es decir, algo más de un alumno de cada cien optaron por asignaturas religiosas no católicas. En secundaria sólo hay un 0,26% de alumnos de evangélica, mientras que los de islámica desaparecen. Ni en primaria ni en secundaria se imparte la asignatura de judaísmo. Los representantes oficiales de los evangélicos y los musulmanes vienen tiempo quejándose del casi nulo desarrollo del apartado educativo de sus acuerdos con el Estado un cuarto de siglo después de su firma. Y sus protestas comienzan a dar resultado.
La explicación reside en parte en la Lomce, que introdujo una disposición adicional para subrayar el carácter vinculante de los acuerdos del 92 en el terreno educativo. Musulmanes, evangélicos y judíos –remarca el texto– tienen el derecho a recibir formación religiosa. La ley añade además que se podrán añadir "en el futuro" otras confesiones religiosas. No hay techo. Ya hay de hecho un grupito de religiones situadas en reconocimiento por debajo de la católica, la musulmana, la evangélica y la judía que suspiran por sus propios acuerdos de cooperación. Son las cuatro confesiones reconocidas por el Ministerio de Justicia como "de notorio arraigo", como las cuatro anteriores, pero sin acuerdo bilateral con el Estado: los mormones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los testigos de Jehová, los budistas y los ortodoxos.
De momento la Comisión Islámica Española (CIE) se ha puesto seria y ha anunciado que denunciará a la Generalitat valenciana si no implanta la asignatura de Religión islámica. Actualmente Valencia, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha y Cataluña no imparten esta asignatura en primaria. La CIE cifra en casi 300.000 los alumnos musulmanes y ha exigido públicamente el ejercicio de su "derecho" a cursar Religión islámica. Ante la polémica en Valencia por las dudas sobre la implantación de la asignatura tras la reacción contraria de asociaciones de padres, la CIE ha anunciado también su disposición a acudir a los tribunales si el asunto no se resuelve a su favor. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) también ha hecho constar su deseo de que se desarrolle su asignatura en el último Informe sobre Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. La Federación de Comunidades Judías de España (FJCE) no ha elevado queja por este tema, pero sí por el hecho de que haya "convocatorias a oposiciones y otros exámenes" en días festivos del calendario judío.
DE LA CAPILLA AL IRPF
El multiconfesionalismo no sólo planea sobre la educación. Es una corriente que toca múltiples esferas de la vida política y social. Los frentes abiertos son diversos. Durante la etapa del PP en el Gobierno (2011-2018), el Ministerio de Justicia exploró la posibilidad de incluir hasta siete casillas religiosas más en la declaración de la renta, según explicó el que fue director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Javier Herrera. La idea, que no llegó a plasmarse, era que musulmanes, judíos, evangélicos, budistas, mormones, ortodoxos y testigos de Jehová también pudieran decidir con una equis que el 0,7% de su recaudación se detraiga de la masa total para dedicarla a su religión. Una sentencia del Tribunal Supremo ya estableció en diciembre de 2016 que no cabía habilitar una casilla para la confesión evangélica, que lo había solicitado en los tribunales. La federación de evangélicos ya ha dejado claro que no se da por conforme y que quiere que el Constitucional se pronuncie.
El PSOE, partido actualmente gobernante, recoge en su programa electoral de 2016 la "transformación de los lugares de culto en los centros públicos [capillas en hospitales y universidades, por ejemplo] en lugares de oración multiconfesionales". Europa Laica, la organización partidaria de la separación Iglesia-Estado más importante de España, alerta siempre contra la tentación de resolver los privilegios eclesiales por la vía de la equiparación: en vez de sacar la religión católica de las aulas públicas, meter el resto; en vez de quitar la casilla de la Iglesia del IRPF, poner siete más; en vez de eliminar exenciones fiscales, extenderlas... Con la posición laicista de partidos como Podemos e IU claramente recogida en su programa y el contraste confesional de PP, Ciudadanos y los nacionalistas conservadores, la posición del PSOE es clave para inclinar la balanza. Juanjo Picó (Europa Laica) destaca en ese sentido la decepción que le ha supuesto el documento aprobado en la asamblea de Cristianos Socialistas celebrada en junio, que propone "integrar en los planes de estudio el hecho religioso y la competencia espiritual como asignatura obligatoria" con un contenido curricular en el que participen las distintas confesiones.
Las tesis multiconfesionales se han abierto paso también en los tribunales. El Constitucional, en una sentencia a raíz de un conflicto planteado por la Comunidad Musulmana Tawasol, dio en febrero un espaldarazo a las exenciones fiscales de la confesión islámica. Sin llegar al nivel de beneficios de la Iglesia católica, las confesiones musulmana, judía y evangélica gozan también de múltiples ventajas fiscales, consagradas tanto en sus acuerdos de 1992 como en la Ley de Mecenazgo de 2002. Una de las características de la extensión de privilegios es que, lejos de incomodar a la Iglesia, fortifica su posición al permitirle alegar que no son una institución beneficiada por acuerdos de raíz nacionalcatólica, sino por ayudas compartidas con otras confesiones y ONG. La diferencia estriba en que por su tamaño, por su patrimonio y por su influencia educativa el alcance de los privilegios de la Iglesia es infinitamente mayor. "Hacer concesiones al resto de religiones viene actuando como un placebo para los planteamientos laicos. Desde el punto de vista de la supresión de privilegios, no sirve para nada", dice Picó.
HISTORIA DE UNA ASIMETRÍA
Volvamos a la Constitución del 78. La jerarquía católica tuvo que emplearse a fondo para salir airosa de la redacción del texto. En su propio seno había, además de una nada despreciable corriente obrerista, diferencias en la cúpula entre partidistas y apartidistas, elementos moderados y reformistas. La Conferencia Episcopal supo concentrar fuerzas para influir en una serie de artículos clave. El principal fue el 16.3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones". La redacción evita cualquier formulación directa, del tipo "el Estado es aconfesional" o "el estado es laico". Lo crucial es que se menciona, de forma significativa, a la Iglesia y a ninguna otra, justo después de aludir a las "creencias religiosas de la sociedad española", que se da por hecho que eran y son mayoritariamente católicas, a pesar de la galopante secularización.
El resultado es un marco que otorga a la Iglesia un estatus privilegiado y genera las condiciones para que el Estado se obligue a sostenerla económicamente y a otorgarle una posición de preeminencia educativa y simbólica. La alusión a las "demás confesiones" sólo ha terminado sirviendo para aquilatar los privilegios de la Iglesia, mediante la extensión de algunos de ellos a otras confesiones, a las que se les ha dado lo suficiente para que ya no pueda decirse que la institución católica disfruta en exclusiva de beneficios, pero no tanto como para que tenga que compartir lo sustancial. Al artículo 16.3 la Iglesia suma el 27, base para la permanencia de la Iglesia en la escuela pública y para el desarrollo de una red escolar privada religiosa financiada con fondos públicos.
Los acuerdos del 79 ampliaron y consolidaron el trato de favor a la Iglesia, dejando agraviados en las dos orillas del debate: los laicistas, históricamente débiles en España; y el resto de confesiones religiosas. La presidencia de Felipe González, marcada por el temor a reabrir la "cuestión religiosa", que tan cara costó a la República, se decantó por postergar las reivindicaciones de los partidarios de la separación Iglesia-Estado, ampliar las concesiones económicas y educativas a la Iglesia y atemperar los ánimos del resto de confesiones con los acuerdos del 92, una suerte de café para todos en el terreno del privilegio religioso.
Ya en 2008 el filósofo Francisco Fernández Buey (1943-2012) advertía de que la España teóricamente aconfesional tenía dificultades para encajar a todas las religiones en régimen de igualdad. En un contexto de creciente secularización y de incremento de la población inmigrante y por tanto de la diversidad religiosa, Fernández Buey señalaba en 2008, en su artículo Sobre multiconfesionalidad, que "las medidas jurídico-políticas para adaptar y actualizar el principio de separación entre iglesias y Estado" eran más fáciles en los países donde se había dado un cambio "republicano". El republicanismo es en España una corriente estigmatizada. Al igual que el laicismo, tantas veces confundido con el anticlericalismo. Queda lejos Francia, que ya en 1905 establecía legalmente: “La República no reconoce, no paga, ni subsidia religión alguna”.
Esta formulación francesa cierra el paso a la polémica multiconfesional (no a la multicultural, que es caso distinto). En España en cambio la tensión existe porque, a pesar de las concesiones hechas a las religiones "de notorio arraigo", el nivel superior de privilegios de la Iglesia católica siempre puede presentarse como causa de disconformidad del resto de confesiones. Este descontento es apreciable el informe sobre libertad religiosa del Ministerio de Justicia, que en su última edición hace un repaso por las reivindicaciones de las principales religiones.
Gobierno y Podemos acuerdan despenalizar las injurias a la Corona y las ofensas religiosas
MEMORIAL DE DEMANDAS
El documento es un auténtico memorial de agravios. Evangélicos y musulmanes denuncian la dificultad para abrir lugares de oración, pese a que leyes de culto como las de Cataluña (2009) o Euskadi (en tramitación) establecen la obligación de reservas de suelo de uso religioso. Los mormones demandan más licencias para abrir locales céntricos. La comunidad islámica reclama campañas informativas por la tolerancia social hacia el hiyab. Los testigos de Jehová se quejan de que la sanidad pública no se adapte a su negativa a aceptar transfusiones. Los evangélicos de Ferede piden, como hace la Iglesia católica, asistir a sus fieles en el ejército. Y también pensiones de jubilación para sus pastores. Los islámicos reclaman disfrutar, como ya disfruta la Iglesia católica, de convenios de conservación de sus monumentos. Es común la preocupación por su escasa presencia en los medios de comunicación públicos.
Todas las confesiones, empezando por la católica, hacen causa común frente a lo que consideran un avance inaceptable de las ofensas. La Conferencia Episcopal, la Federación de Comunidades Judías de España, la Comisión Islámica de España y la Federación de Entidades Religiosas Evangélica emitieron en febrero una declaración conjunta contra las "ofensas a los sentimientos religiosos". La idea que se infiere del texto es que hay una especie de escalada de ataques verbales contra la religión en España. Todas las confesiones hacen piña por el mantenimiento del polémico artículo 525 del Código Penal, que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos. Se trata de un artículo heredero de la blasfemia de los códigos penales de 1848, 1944 y 1973, excrecencias de la noción del pecado como delito que han sobrevivido a la democracia alterando su formulación y extendiendo sus efectos desde lo que era la antigua religión de Estado, el catolicismo, a todas las demás. Multiconfesionalismo penal.
Es ya un tópico –pero no por tópico menos cierto– decir que la Constitución del 78 se redactó con "rumor de sables" de fondo. Menos se dice, aunque es igual de cierto, que había también rumor de sotanas. El tránsito a la democracia supuso para la Iglesia una amenaza existencial, ya que había trabado una alianza con la dictadura, consagrada por el Concordato de 1953, de imposible traslado a un marco aconfesional. La Iglesia salvó el envite. ¿Cómo? Supo aprovechar al mismo tiempo, sin ahogarse en contradicciones, la incrustación de su élite en el sistema declinante con el pedigrí antifranquista de sus párrocos obreristas, convirtiéndose en un agente importante de la Transición. El resultado fue el diseño de una relación Iglesia-Estado respetuosa hasta tal punto con el grueso de los privilegios eclesiales que bordea la inconstitucionalidad. Y si este estatus no ha sido más seriamente puesto en entredicho ha sido porque, como compensación por las prebendas otorgadas a la Iglesia católica, el Estado ha ido repartiendo favores a su competencia, generando una suerte de multiconfesionalismo asimétrico.