Informe

La calidad de la democracia española recupera posiciones en el índice anual de V-Dem

Fachada principal del Congreso de los Diputados.

En un mundo en el que la democracia retrocede, España avanza en la clasificación mundial de calidad democrática V-Dem que cada año coordina la Universidad de Gotemburgo (Suecia). En esta competición nuestro país superó el año pasado a Portugal y Corea del Sur y ha pasado de ocupar el puesto 18º en 2020 al 16º en 2021.

Desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno, la posición de España en esta clasificación se ha movido entre el 9º puesto que consiguió en 2019 y el 18º obtenido en 2021. Siempre por encima de la nota obtenida en años anteriores: puesto 26 en 2018 —la mitad del año gobernó Mariano Rajoy—, 35 en 2017 y 22 en 2016.

En el índice de 2021, que es el que acaba de publicar V-Dem, el grupo de cabeza está integrado por apenas 18 países de los que 15 son europeos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Suiza, Estonia, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Alemania, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, España, República Checa y Eslovaquia), dos están en el Pacífico (Australia y Nueva Zelanda) y uno solo en América (Costa Rica). En los últimos años, en los primeros lugares se han ido alternando Dinamarca, Suecia y Noruega, además de Estonia.

Este informe examina tanto la celebración de elecciones libres y justas como la libertad de asociación y la libertad de expresión y trata de medir los límites impuestos a los gobiernos en dos aspectos clave: la protección de las libertades individuales y los controles y equilibrios entre instituciones.

Los criterios del informe

Para detallar más el examen que llevan a cabo, sus autores dividen el trabajo en torno a cinco principios o concepciones de alto nivel sobre la democracia: electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria. Teniendo en cuenta asuntos tales como la independencia judicial, la democracia directa o la equidad de género, entre otros.

De ahí salen varios índices combinados. El primero, el índice de democracia electoral, por ejemplo, pretende captar no sólo el grado en que los regímenes celebran elecciones limpias, libres y justas, sino también su libertad de expresión real, las fuentes alternativas de información y asociación, así como el sufragio masculino y femenino y el grado en que la política gubernamental recae en los funcionarios políticos elegidos. Aquí España ocupa el puesto 11º (era el 9º en 2020 y el 33º en 2018). El mejor situado en este índice en 2021 fue Dinamarca.

El índice del componente liberal, en cambio, pone el foco en la importancia de proteger los derechos individuales y de las minorías tanto “contra la tiranía del Estado como contra la tiranía de la mayoría”. También recoge los métodos “horizontales” de responsabilidad entre instituciones más o menos igualitarias que garantizan los controles y equilibrios efectivos entre las instituciones y que, en particular, limitan el ejercicio del poder ejecutivo. Esto se consigue mediante “un Estado de Derecho sólido y unas libertades civiles protegidas” por la Constitución, un poder judicial independiente y un parlamento fuerte que puedan exigir responsabilidades al ejecutivo y limitar sus poderes. En este apartado, España se situó en 2021 en el puesto 24, cuatro escalones más abajo que el año anterior (en 2018 estábamos en el 19). Suecia ocupaba el número uno en 2021.

El tercer índice que elabora la Universidad de Gotemburgo como parte del V-Dem es el que mide el componente igualitario. Es decir, hasta qué punto todos los grupos sociales gozan de las mismas capacidades para participar en el ámbito político. Se basa en la idea de que la democracia es un sistema de gobierno “por el pueblo” en el que los ciudadanos participan de diversas maneras. El principio igualitario de la democracia está fundamentalmente relacionado con la participación política, ya que las desigualdades sistemáticas en los derechos y recursos de los ciudadanos de determinados grupos sociales limitan las capacidades para participar en los procesos políticos y de gobierno. Por lo tanto, una distribución más equitativa de los recursos entre los grupos da lugar a la igualdad política y, por lo tanto, a la democracia. En este apartado España está más atrás: ocupa el puesto 40. Ha empeorado en comparación con 2021 (puesto 25) y sigue muy por detrás de la posición registrada el último año de Rajoy (27º). El primero de la clase en igualdad en 2021 fue Noruega.

Participación

El cuarto índice de V-Dem se fija en el principio participativo de la democracia, haciendo hincapié en la participación activa de los ciudadanos en todos los procesos políticos, electorales y no electorales. Este principio da más valor al gobierno directo de los ciudadanos, por ejemplo, que a la representación indirecta. Aquí España está en el puesto 29 y ha perdido dos posiciones en comparación con el año 2020. Sigue, no obstante, por encima del año 2018 (39º). El primer clasificado en este apartado en 2021 fue Suiza.

Por último, la Universidad de Gotemburgo publica también un índice del componente deliberativo con el que tratan de medir hasta qué punto se cumple el principio deliberativo de la democracia, evaluando el proceso por el que se toman las decisiones en un sistema político. Un proceso deliberativo, tal y como lo entiende V-Dem, es aquel en el que “el razonamiento público, centrado en el bien común, motiva las decisiones políticas, en contraste con las apelaciones emocionales, los apegos solidarios, los intereses o la coerción”. Según este principio, la democracia ideal requiere algo más que una agregación de las preferencias preexistentes, necesita de un diálogo respetuoso en todos los niveles —desde la formación de preferencias hasta la decisión final— entre participantes informados y competentes que estén además abiertos a la persuasión. Aquí, en este último apartado, en el que el líder es Noruega, España se situó en 2021 en el puesto 30º, el mismo que en 2020 y dos escalones por debajo del lugar que ocupaba el último año de Rajoy.

El proyecto V-Dem, abreviatura de “Variedades de Democracia”, es un enfoque único para conceptualizar y medir la democracia que intenta reflejar la complejidad del concepto como sistema de gobierno más allá de la simple presencia de elecciones. 

Variedades de la Democracia es una colaboración internacional en la que participan casi 4.000 académicos de más de 180 países. Incluye el apoyo y las contribuciones de expertos y coordinadores nacionales, directores regionales y los directores de proyecto. El trabajo procesa 31 millones de puntos de datos y abarca 202 países desde 1789 hasta 2022.

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El Informe sobre la Democracia 2023, titulado Desafío frente a la autocratización, es el séptimo consecutivo que se publica y, más allá de España, no trae buenas noticias para el conjunto del planeta. Su primer capítulo muestra el retroceso de los niveles mundiales de democracia y la disminución de los avances logrados en los últimos 35 años. “La mayoría de los cambios drásticos se han producido en los últimos diez años, mientras que existen grandes variaciones regionales en relación con los niveles de democracia que experimentan las personas”, subraya el documento. 

La segunda sección ofrece análisis sobre la geografía y el tamaño de la población de los países “democratizadores“ y “autocratizadores”, que es como el informe denomina a aquellos que mejoran la calidad de su democracia y los que la empeoran. Los indicadores que más se están deteriorando en los países en proceso de “autocratización” son los relativos a la censura de los medios de comunicación, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y la libertad académica. 

En sus conclusiones, el informe de este año también destaca que, aunque la desinformación, la polarización y la autocratización se refuerzan mutuamente, las democracias reducen la propagación de la desinformación, algo que sus autores consideran “un signo de esperanza, de que vendrán tiempos mejores”. 

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