La carta de Junqueras lleva al PP y a Vox a agarrarse a la supuesta concesión de un referéndum en vísperas de la protesta de Colón

Al calor de los preparativos de la manifestación de Colón, en la que PP y Ciudadanos unirán fuerzas con la derecha extrema de Santiago Abascal, Pablo Casado y su equipo repiten a diario consignas contra el Gobierno en las que acusan al Ejecutivo y a su presidente, Pedro Sánchez, de cometer graves delitos. Desde actuar ilegalmente a estar negociando con los partidos independentistas un referéndum de autodeterminación pata Cataluña, o haber cedido a la presión “de los herederos de ETA” para entregar la gestión de las cárceles al País Vasco o conceder beneficios penitenciarios a los presos de la banda terrorista, disuelta hace tres años.

La intensidad de las acusaciones se ha incrementado en los últimos días después de que el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, dejase claro que su formación considera “inviable” cualquier vía unilateral como la que coprotagonizó en octubre de 2017 y se limitará a intentar convencer al Gobierno de la necesidad de organizar un referéndum pactado para que sean los catalanes quienes decidan si quieren seguir formando parte de España. Una propuesta que ni el Gobierno, ni el PSOE ni el PSC aceptan.

Lo que sigue son algunas de estas afirmaciones, con las que la derecha trata de arengar a los ciudadanos para que secunden sus iniciativas contra el Gobierno, desde la recogida de firmas contra los indultos a la movilización del domingo en el madrileña plaza de Colón.

1. “Lo que sea España lo decidimos entre todos los españoles”. El Gobierno está “negociando la autodeterminación" de Cataluña y la celebración de un “referéndum contra la ley”. “El plan de Sánchez es la mutación constitucional, a través de un cambio ilegítimo y al margen del procedimiento previsto”

El Gobierno no ha planteado en ningún momento decisión alguna sobre la unidad de España al margen de “todos los españoles”. La propuesta de Sánchez no es ni ha sido nunca la celebración de un referéndum de autodeterminación, ni siquiera pactado, porque según el criterio del Ejecutivo no tiene cabida en la Constitución. Es verdad que Unidas Podemos tiene otra opinión, pero el acuerdo de coalición deja en la práctica este asunto en manos de los socialistas.

Lo que el portavoz del PSC en el Parlamento, Salvador Illa, dijo este jueves es que el único referéndum con el que está de acuerdo es uno que someta a votación un acuerdo entre independentistas y no independentistas. No un referéndum que someta a “consideración de la ciudadanía una ruptura”.

Esa es, exactamente, la tesis que Sánchez defiende desde 2018

. La única salida viable, sostiene el presidente, es buscar a largo plazo un acuerdo dentro de la ley que incluya a la mayoría de la sociedad catalana —Sánchez ha llegado a hablar, en alguna ocasión, del 75-80% de los ciudadanos— mediante una nueva fórmula de autogobierno y una reforma de la Constitución que obtengan en referéndum el refrendo tanto de los catalanes como de los españoles. Es decir: con el concurso de todos. El mismo procedimiento, por cierto, que ya establece la Carta Magna.

La propuesta de amnistía y autodeterminación que el Govern de Pere Aragonès (ERC) llevará a la mesa de diálogo cuando se convoque y cuya mera existencia, a los ojos de los dirigentes de la derecha, constituye “una traición” por parte del Gobierno es en realidad exactamente la misma que trasladó el Govern de Quim Torra (Junts) a la primera y única reunión de este foro bilateral, celebrada a finales de febrero de 2020. Allí tampoco obtuvo respuesta favorable.

Eso sí, en aquella ocasión los Gobiernos de España y de Cataluña se pusieron de acuerdo en algunas cosas, ninguna de las cuales está fuera de la ley. Más bien todo lo contrario. En primer lugar, constataron “la naturaleza política del conflicto y que este requiere de una solución política”. Que es tanto como decir que no puede quedar en manos de los tribunales.

En segundo lugar, acordaron que la mesa es “un instrumento para vehicular una solución” y “continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo”. Con un único límite: “Cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica”.

PSOE y ERC ya había pactado al inicio de la legislatura que “las medidas en que se materialicen los acuerdos” se adoptarían siguiendo “los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Con el límite de “los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.

¿En qué está pensando el Gobierno? En que si alcanzan un acuerdo, que nadie considera viable a corto plazo (desde luego en esta legislatura), y su aplicación depende de reformas legislativas, ambas partes se comprometen a impulsarlas de acuerdo con la legalidad vigente tramitándolas a través del Congreso de los Diputados e incluso sometiéndolas a referéndum en el caso hipotético de que impliquen una reforma de la Constitución o del Estatut. Todo dentro de la legalidad vigente.

2. “Sánchez está actuando contra la ley, está actuando en contra de los tribunales” y el PP “está a favor de la Constitución y a favor de la Justicia”

Pedro Sánchez no ha anunciado ninguna medida que implique el incumplimiento de ninguna ley. La concesión de indultos, por delitos de sedición e incluso más graves, es una prerrogativa del Gobierno regulada por ley desde el siglo XIX y que han utilizado ejecutivos del PSOE y del PP a lo largo de los últimos cuarenta años. Los indultos tampoco actúan contra los tribunales porque el Gobierno es libre de concederlos aun en el caso de que la sala que sentenció, como es el caso, no esté a favor.

Por otra parte, ni el PSOE ni el Gobierno se han pronunciado nunca en contra de la Constitución, pese a que PP. Vox y Cs insisten en que Pedro Sánchez planea modificarla de forma ilegal.

3. Sánchez prometió que “nunca, nunca, nunca, nunca indultaría a los golpistas”

En esto el PP, Vox y Cs sí tienen razón, aunque sea parcialmente. Sánchez jamás dijo que nunca indultaría a los presos del procés. Pero sí es verdad que cuando fueron condenados, en plena precampaña de las elecciones generales de noviembre de 2019, se mostró a favor del “íntegro cumplimiento" de las penas.

4. “Sánchez ha roto el PSOE por seguir adelante con los indultos”

El PSOE no se ha roto, al menos de momento. En contra de los indultos siguen estando los mismos dirigentes y exdirigentes que desde el primer momento han visto con desconfianza el diálogo con Cataluña. Algunos de ellos, incluso, como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, o el expresidente Felipe González, se han visto obligados a matizar sus reticencias después de que el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, pusiese por escrito su valoración de los indultos y declarase que la vía unilateral es “inviable”.

5. “Las víctimas del terrorismo están viendo cómo se están alcanzando los fines que pretendía el terrorismo en España ahora mismo”

Es una coletilla que Vox, Cs y sobre todo el PP añaden a su ristra de acusaciones contra el Gobierno, también cuando hablan de Cataluña. Consideran que la transferencia de la competencia sobre prisiones es una cesión a EH Bildu, a quienes consideran “herederos de ETA”.

Lo cierto es que se trata de una competencia autonómica prevista el Estatuto vasco, que entre otras cosas tienen la condición de ley orgánica y que fue aprobada en el Congreso de los Diputados en 1979 por una aplastante mayoría: 298 votos a favor (entre ellos muchos diputados a los que Casado y Arrimadas consideran sus ancestros políticos), ocho en contra, y 11 abstenciones.

Junqueras niega reproches en su primer encuentro con Puigdemont desde 2017 pero evitan comparecer juntos

Ver más

En cuanto a la decisión del Gobierno de poner fin a la política de dispersión de presos de ETA en cárceles alejadas del País Vasco, la derecha siempre olvida que la “reinserción” y “evitar el desarraigo” son dos principios esenciales de la política penitenciaria española que en su día también apoyó el PP. El primero está blindado por el artículo 25.2 de la Constitución, según el cual “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social”. El segundo forma parte de la Ley Orgánica General Penitenciaria cuya última revisión data de 2003, cuando José María Aznar gobernaba con mayoría absoluta y el ministro del Interior era Ángel Acebes. Su artículo 12.1 establece como objetivo “evitar el desarraigo social de los penados”.

En todo caso, los traslados a cárceles más próximas al País Vasco no constituyen “beneficios penitenciarios” porque los presos no fueron condenados a cumplir su castigo lejos de su lugar de residencia. Y aunque cumplan su pena en prisiones cerca de Euskadi la condena sigue siendo la misma: sólo se decide que su cumplimiento se haga en otro centro.

Y eso que ETA dejó de matar hace casi diez años y despareció hace tres. Entre 1996 y 2004, con ETA matando, secuestrando y extorsionando —incluso con el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara encerrado en el zulo en el que permaneció 532 días— el Gobierno de José María Aznar acercó al País Vasco a 426 presos etarras.