¿Qué es el 'caso 3%'?: de Maragall a Mas

La detención por parte de la Guardia Civil del tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Andreu Viloca Serrano, y otras siete personas en una operación enmarcada en las investigaciones del caso 3% caso 3% puede hacer que muchos ciudadanos se pregunten en qué consiste este asunto.

El caso se remonta al 24 de febrero de 2005, cuando el entonces president de la Generalitat, Pascual Maragall, denunció en el Parlamento que Convergencia i Unió (CiU) se quedaba con comisiones del tres por ciento a cambio de la adjudicación de obras públicas y así financiaba el partido. Las declaraciones de Maragall fueron así: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%".

Tras la tormenta política que esto generó, el entonces presidente de la Generalitat retiró sus palabras y los convergentes hicieron lo propio con la denuncia que habían interpuesto contra Maragall. Sin embargo, las palabras de Maragall acababan de abrir una línea de investigación sobre supuestas comisiones ilegales que continúa más de 10 años después con diferentes casos y operaciones relacionadas.

CASO PALAU

En 2009 estalló el caso Palau o caso Millet, también relacionado con supuestas comisiones ilegales que iban a parar a la financiación del partido. En concreto, se investigaba si CDC cobró comisiones de Ferrovial a cambio de obras públicas a través del Palau de la Música.

Seis años después de abrirse el caso, el 31 de julio de 2015, el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona dictó la apertura de juicio oral contra los autores confesos del saqueo del Palau de la Música Catalana Fèlix Millet y Jordi Montull tras cerrar la investigación. El juicio aún no se ha celebrado.

El Juzgado dio por finalizada la instrucción insistiendo en que presuntamente Ferrovial "abonaba, por regla general, una comisión del 4 por ciento del importe de la obra pública adjudicada" por la Generalitat y otras instituciones públicas. De este 4 por ciento, un 2,5 se asignaba a CDC y el 1,5 restante era supuestamente para el presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y para su mano derecha, Jordi Montull.

OPERACIÓN PETRUM

En agosto de este año una nueva operación relacionada con supuestas comisiones ilegales saltó a la palestra: la Operación Petrum, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 del Vendrell (Tarragona). En este caso se investiga el supuesto pago de comisiones de la constructora Teyco al partido a cambio de contrataciones de obras públicas.

En el marco de la investigación la Guardia Civil registró el despacho que el administrador de la fundación de CDC CatDem, Andreu Viloca –detenido este miércoles–, tiene en la sede del partido en Barcelona. También se registró la sede de CatDem en la calle Casp; la vivienda del extesorero de CDC Daniel Osàcar –imputado en el caso Palau– y cuatro ayuntamientos: Lloret de Mar, Figueres (Girona), Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Las actuaciones de este miércoles se enmarcan en la misma operación y han supuesto la detención de ocho personas y 11 registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de varias empresas.

En el caso de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), el alcalde, Joan Carles Batanés, ha explicado que el objetivo de la actuación es recabar información para esclarecer si CDC cobró "el 3%" del coste de la construcción en 2009 del centro cívico Nexe, en alusión a presuntas comisiones por adjudicación de obra pública.

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Según ha dicho el regidor, los agentes han reclamado el expediente referente a "la contratación y ejecución del proyecto Nexe" en la anterior legislatura, cuando CDC tenía mayoría absoluta. El Grupo Soler ganó el concurso público y se encargó de la construcción del centro: "Tres días antes de acabar la obra se hizo una certificación extra por valor de 35.000 euros a favor de la empresa, un importe muy cercano al 3% del coste total".

"Poco después", según ha concretado el alcalde, "la empresa del Grupo Soler hizo una donación de un importe similar a la fundación de CDC", lo que justifica la investigación de la Guardia Civil, ha apuntado.

Por lo que respecta al registro en Olot, lo que busca la Guardia Civil es el contrato de concesión del servicio de basuras de la ciudad que se aprobó en 2011 y que actualmente sigue en vigor, según han explicado fuentes cercanas a la investigación.