El caso del consejero de Murcia desvela la picaresca en las comunidades y las brechas del protocolo

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España es uno de los países europeos que, tras los primeros días de dudas, más rápido está vacunando a su población contra el covid-19, por ahora con los productos desarrollados por las farmacéuticas Pfizer y Moderna. Aun así, el proceso no está, ni mucho menos, exento de acusaciones cruzadas, polémicas, dudas con respecto al protocolo y políticos que se saltan su turno y se inmunizan con varias excusas y justificaciones a su alcance. Hay quienes han aludido a que las dosis se iban a perder si alguien no se las inyectaba; otros, como el consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, simplemente han aludido a su profesión de médico y a su carácter "esencial", contradiciendo tanto el protocolo del Ministerio de Sanidad sobre la priorización como el propio de la comunidad autónoma que gobierna. El político ha dimitido este miércoles. Junto a él, han recibido la primera dosis su mujer, María Teresa Martínez, alto cargo en el departamento: y más de 400 trabajadores de la consejería. "Es una decisión tomada desde el convencimiento. No ha habido voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor o privilegio", aseguró este miércoles. Los escándalos desvelan que el protocolo de vacunación no tiene previsto un plan B en el caso de que sobren dosis, por un mal cálculo o por destinatarios que rechacen inmunizarse: plan By hay comunidades autónomas que ya se han saltado las directrices del plan, vacunando a hospitales enteros y subiendo sus estadísticas aunque muchos sanitarios y trabajadores no formen parte de los grupos prioritarios en esta fase. 

La posición del dimitido Villegas no se sostiene ni por el protocolo de Sanidad ni por el propio de la Región de Murcia. En esta primera fase, "en la primera etapa en la que el número de dosis serán limitadas", se ofrecerá la vacunación, en este orden, a residentes y personal que trabaja en residencias, "personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario", otro personal sanitario y grandes dependientes que no estén institucionalizados. Así se lee en la Estrategia de vacunación frente al covid-19 en España, aprobada por el Gobierno y por todas las autonomías en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, se asegura que "las primeras dosis disponibles se utilizarán para vacunar al grupo 1 y 2 en ese orden y, tras completar estos grupos y en la medida que haya más disponibilidad de dosis, se vacunará a los grupos 3 y 4". Villegas afirma que los sanitarios de primera línea ya habían sido vacunados, por lo que le tocaba a "otro personal sanitario y sociosanitario". Sin embargo, Sanidad detalla qué trabajadores en concreto son los pertenecientes a este grupo: "En esta primera etapa la vacunación se centrará solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2". No hay excepciones para un consejero a tiempo completo, médico de profesión pero sin contacto con pacientes en la actualidad. "Ha sido ejemplar", le ha defendido el presidente, Fernando López Miras.

No es el caso de Villegas, pero otros políticos han argumentado que se han saltado su turno porque fueron notificados de que, ante la negativa de los destinatarios originales de las dosis, las vacunas se iban a echar a perder. Para tirarlas, mejor me inmunizo yo, razonaron. Es el caso, por ejemplo, del alcalde de El Verger, Ximo Coll, y la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, que forman matrimonio y que aseguraron que era "la mejor opción". "Me la volvería a poner", ha llegado a decir el primero. El regidor del municipio cordobés de Alcaracejos, José Luis Cabrera, asegura que recibió la llamada del equipo de vacunación en una residencia en la que sobraban viales y que barajó decir que no, pero decidió dar ejemplo a los vecinos para disipar posibles miedos ante el producto. Ante estos casos, la Comunitat Valenciana ha decidido modificar el protocolo para recomendar, sin que suponga una obligación, que en caso de vacunas sobrantes se busque a personas de riesgo, pertenecientes a la tercera edad, en el lapso de horas desde que el producto se descongela hasta que se echa a perder. Y evitar el telefonazo al político de turno. Así, la región ha especificado un plan B que no recoge el acuerdo del Consejo Interterritorial. ¿Es posible generalizar el criterio de la Generalitat?

El epidemiólogo y coordinador de Vacunas de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas) José Tuells es contundente: "Es mucha casualidad que haya tanto político que haya dado con la residencia de ancianos en la que sobraban dosis. Eso es difícil de creer". Asegura que, en todos los casos, y cuando se haya hecho mal el cálculo de las dosis necesarias, "el de última hora no tiene por qué ser el político. Puede haber un cuidador, un anciano, un sanitario, cuidadores o cuidadoras" que pueden ser requeridos en las horas en las que se mantiene la vacuna de Pfizer fuera del frigorífico. "Antes a una persona de los grupos vulnerables que un político", concluye.

En otras comunidades, como la Comunidad de Madrid, Cantabria o Euskadi, recoge El Independiente, se han saltado también el protocolo, aunque sin políticos de por medio: vacunando a todos los trabajadores de hospitales, independientemente de su exposición diaria al covid. Evidentemente, la comparación con los alcaldes y los consejeros que se han colado no se sostiene: cualquier empleado de un centro de salud tienen más prioridad que un cargo público sin contacto con el covid. Pero el dictamen de Sanidad es claro: solo se podrá vacunar a todos los sanitarios cuando se haya completado la inmunización de las personas en residencias, y siempre que su trabajo exija "contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV2". No toca, por el momento. Araceli Rojo, delegada de UGT en el hospital 12 de Octubre, de la capital, confirma a infoLibre que ya se ha inoculado la primera dosis a todos los médicos, enfermeras y personal sanitario, así como a trabajadores subcontratados que acuden a diario al centro, una vez inyectado el producto a las tres residencias que entraban dentro de su área de influencia. El protocolo deja claro que los siguientes en la cola son los grandes dependientes no instucionalizados y las personas que los cuidan. 

"En esta carrera de prestigio entre autonomías, se ha optado por la solución fácil", opina Tuells. "Se ha roto un consenso, que era el de vacunar en primer lugar a los de primera fila". Dadas las pobres estadísticas de los primeros días en determinadas comunidades, los responsables han preferido lo más sencillo: inocular a todos los trabajadores de un mismo centro, subiendo rápido la relación entre dosis administradas y suministradas, para subir los números. Demuestra, a su juicio, carencias en la organización. "Se ha mostrado la ineficacia a la hora de tener bien montado un dispositivo que vacunara bien en las residencias, por el componente logístico de llevar la vacuna y utilizarlas todas a -70 grados". Cuatro de cada diez residentes siguen esperando su primer pinchazo en Madrid, pero todos los trabajadores del 12 de Octubre han sido ya parcialmente inmunizados, aunque sean jóvenes, sanos y no tengan exposición directa al covid. 

En todo caso, el epidemiólogo reconoce que "cuantas más personas mejor y cuanto antes mejor", pero matiza: "Cuantos más vulnerables, mejor". "Hay excepciones que forman parte de un país donde la picaresca es la norma", concluye. 

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Los criterios europeos

Otros países europeos cuentan con protocolos ligeramente distintos, que facilitan la respuesta al dilema: incluyen, en esta primera fase, a personas mayores que no vivan en residencias, por lo que está claro quién debe ser el destinatario del producto en caso de que sobren dosis. Portugal, en concreto, ha priorizado a toda persona mayor de 50 años con patología grave. Alemania y Reino Unido empezaron, al mismo tiempo que en las residencias, por los mayores de 80 años. Y en Francia, este lunes se abrió el turno para la misma franja de edad, pero con patologías: sin embargo, el sistema de salud no ha sido proactivo y han indicado que quien quisiera vacunarse tenía que llamar, lo que ha provocado el colapso de las líneas telefónicas. 

A diferencia de estos países, las autoridades sanitarias españolas han optado por esperar para inmunizar a las personas mayores que no viven en residencias y que no son dependientes. Empezarán los mayores de 80 años en la segunda fase, una vez, en teoría, sanitarios de primera línea, residentes y sus cuidadores y grandes dependientes ya tengan las dos dosis de la vacuna. Así lo ha confirmado el ministro Illa este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial. Ese es el plan: aunque, en tres semanas desde el inicio de la campaña, ya son varios los que se lo han saltado. 

España es uno de los países europeos que, tras los primeros días de dudas, más rápido está vacunando a su población contra el covid-19, por ahora con los productos desarrollados por las farmacéuticas Pfizer y Moderna. Aun así, el proceso no está, ni mucho menos, exento de acusaciones cruzadas, polémicas, dudas con respecto al protocolo y políticos que se saltan su turno y se inmunizan con varias excusas y justificaciones a su alcance. Hay quienes han aludido a que las dosis se iban a perder si alguien no se las inyectaba; otros, como el consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, simplemente han aludido a su profesión de médico y a su carácter "esencial", contradiciendo tanto el protocolo del Ministerio de Sanidad sobre la priorización como el propio de la comunidad autónoma que gobierna. El político ha dimitido este miércoles. Junto a él, han recibido la primera dosis su mujer, María Teresa Martínez, alto cargo en el departamento: y más de 400 trabajadores de la consejería. "Es una decisión tomada desde el convencimiento. No ha habido voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor o privilegio", aseguró este miércoles. Los escándalos desvelan que el protocolo de vacunación no tiene previsto un plan B en el caso de que sobren dosis, por un mal cálculo o por destinatarios que rechacen inmunizarse: plan By hay comunidades autónomas que ya se han saltado las directrices del plan, vacunando a hospitales enteros y subiendo sus estadísticas aunque muchos sanitarios y trabajadores no formen parte de los grupos prioritarios en esta fase. 

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