El 'caso Falciani' destapa las componendas de poderes públicos y financieros

La vista tras la que la Audiencia Nacional decidirá si extradita a Suiza a Hervé Falciani, que destapó cuentas opacas de 130.000 clientes del HSBC, se ha convertido este lunes en un verdadero alegato contra las componendas del poder político con los poderes financieros. Disfrazado con peluca y gafas para dificultar su reconocimiento –Falciani teme por su vida-, el informático adjetivó como “escandalosas” las actuaciones del HSBC que llegaron a sus manos y alentó a los Gobiernos a luchar contra el blanqueo y la opacidad. La Fiscalía, que se lanzó en tromba contra el gigante bancario, se opone  a la extradición, lo que, en principio, aleja la posibilidad de un fallo judicial favorable a Suiza, Pero si la Audiencia acuerda la extradición, la decisión final seguirá estando en manos del Gobierno, que puede denegar la entrega.

Falciani aportó por sopresa un dato inédito que retrata la situación: la Fiscalía helvética –dijo- intentó en febrero de 2012 alcanzar “un acuerdo con él” sobre “cómo terminar la situación”, dijo de forma vaga y sin explicar qué pedía Suiza y a cambio de qué, pero el supuesto encuentro  se produjo cuando ya varios países, entre ellos EEUU, Francia y España, tenían los documentos relativos a sus respectivos evasores pero cuando todavía quedaba por analizar parte de un material informático cuya copia impresa habría ocupado “un tren de mercancías”. Aunque la existencia de una oferta como la señalada por Falciani no está confirmada, lo cierto –y así lo recalcó la fiscal del caso- es que Suiza no emprendió acciones penales contra el informático hasta marzo de 2009, es decir, solo después de que el HSBC interpusiera querella al descubrir que los datos habían acabado en manos de gobiernos.

La fiscal, Dolores Delgado, se opuso tajante a la extradición, confirmó que Falciani está colaborando con Anticorrupción y con una sola frase dejó al aire las vergüenzas del caso: “El HSBC es en sí un paraíso fiscal”, proclamó. La fiscal cargó contra el HSBC durante su demoledor informe, guiado por un hilo conductor: extraditar a Falciani implicaría castigar a quien, tal como marca la ley española, hizo lo que debía, destapar a los defraudadores y no ante cualquiera sino ante las autoridades competentes. Su actuación “ha beneficiado a España de manera histórica”, resumió en alusión a cómo Falciani y su disco duro permitieron a Hacienda descubrir a 659 defraudadores que ocultaban 6.000 millones en Suiza. "Cuando estamos preparando leyes contra la opacidad del sistema financiero

Pero si la intervención de la fiscal Delgado fue demoledora, el relato del fiscal francés que inició las investigaciones, Éric Montgolfier, resultó descorazonador. Testigo de la defensa, Montgolfier vino a confirmar que las autoridades francesas no pusieron gran interés en tirar del hilo para desenredar la madeja investigando las sociedades detectadas. Ni permitieron tampoco que la información global fuera enviada a Eurojust, el órgano de la UE encargado de reforzar la cooperación judicial: “Contestaron que no hacía falta”, tradujo la intérprete.

Solo EEUU, con el que Falciani coopera desde 2006 según su abogado, ha actuado contra el banco imponiéndole una multa de 2.700 millones de dólares. España no ha emprendido acciones contra la entidad. “Excedía de nuestras competencias”, arguyó Carlos Ocaña, exsecretario de Estado de Hacienda en el Gobierno de Zapatero y cuya incomodidad con su papel como testigo se hizo evidente cuando el abogado de Falciani, Joan Garcés, le preguntó si se habían adoptado medidas contra el HSBC. De los 659 evasores cazados por el disco duro de Falciani, España solo obtuvo 260 millones, dado que el Gobierno de Zapatero les ofreció regularizar sus depósitos mediante declaraciones complementarias. “Sin ninguna duda – concedió Ocaña durante su declaración testifical- esa ha sido la operación de regularización más importante”.

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Tanto Falciani como su letrado presentaron un dibujo muy distinto al realizado por quienes definen al informático como alguien decidido a enriquecerse gracias a su privilegiado acceso a las bases de datos del HSBC. Es más, no cobró de los Gobiernos a los que estaba ayudando. Fue el fiscal francés Eric Montgolfier quien desbarató de un plumazo la versión que de Suiza sobre el antiguo empleado del HSBC, a quien incluso parte de la prensa española llama “delator” cuando no “ladrón”. “El HSBC dijo que Falciani robó los datos para venderlos, pero yo creo lo que veo”, espetó Montgolfier. Y lo que vio es que Falciani nunca intentó que Francia le compensara por su ayuda.

El informático huyó a Francia el 23 de diciembre de 2008, un día después de que la Policía suiza le detuviera e interrogase. Pero, en su huida, dejó tras sí un ordenador donde las autoridades helvéticas –y así lo recalcó su abogado- podrían haber encontrado las pruebas del delito de fraude fiscal y blanqueo. El único episodio que extiende sombras de duda sobre los verdaderos fines de Falciani al hacerse con datos de 130.000 clientes –él asegura que se los entregaron otros empleados del banco- se localiza en Beirut. El informático viajó a la capital libanesa en febrero de 2008 y allí mantuvo una entrevista con el Banco Audi, filial del HSBC. ¿Para qué? “Para que se creara una alerta sobre los fallos de seguridad” en el sistema bancario y eso desencadenase una investigación en Suiza. La explicación, desde luego, resulta confusa. Pero Falciani dejó –deliberadamente, insistió su abogado- un rastro visible de su viaje: quería que se pudiera probar que había viajado a Líbano, vino a decir el letrado Garcés.

La posición firme de la Fiscalía en contra de la entrega de Falciani a Suiza reduce las posibilidades de un fallo favorable a Suiza. Pero no las elimina. El tribunal que debe pronunciarse sobre el caso está integrado por tres miembros, dos de ellos más cercanos al ámbito conservador, mientras que el ponente, José Ricardo de Prada, posee una trayectoria que podría definirse como abiertamente progresista. En cualquier caso, y aun si la Audiencia acordase la extradición, la última palabra queda en manos del Gobierno, que puede denegarla. invocando el interés nacional. Aunque los convenios internacionales y la propia ley española de extradición se lo permiten, Suiza no se ha personado en la causa.