Este miércoles infoLibre publicaba que el PP balear contrató en 2010 a una agencia de detectives para, según su versión oficial, investigar si “dos o tres diputados socialistas” cuya identidad no reveló, habían realizado un viaje privado a Andalucía con fondos públicos. No es un caso puntual. El espionaje político ha tenido varios ejemplos más en los últimos años.
El caso de Método 3
Uno de los más destacados –y recientes– es el que atañe a varios políticos catalanes. El 11 de febrero de 2013 el diario El Mundo publicó que el encuentro que mantuvo la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, el 7 de julio de 2010 en un restaurante de Barcelona, en La Camarga, con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, que poco antes había denunciado la existencia de cuentas en el extranjero de la familia del expresidente de la Generalitat, fue grabado por encargo del exsecretario de Organización del PSC José Zaragoza.
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) siempre ha afirmado con respecto a este caso que nunca ha encargado espiar a nadie. La federación nacionalista anunció acciones legales contra El Periódico de Catalunya, tras salir publicado en este diario a mediados de febrero que CDC encargó en 2009 a la agencia de detectives Método 3 una investigación sobre el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, a instancias del actual conseller de Justicia, Germà Gordó, y del exdirector de los Mossos y del ya exdirector general de Servicios Penitenciarios Xavier Martorell.
En esas mismas fechas, diversos medios afirman que la trama de espionaje político y empresarial destapada en Cataluña hizo informes sobre políticos como José Montilla, Felip Puig, Joana Ortega, Josep Lluis Carod-Rovira o Joaquin Almunia, y sobre empresarios como Gerardo Díaz-Ferran.
Poco tiempo después, detuvieron al director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, y a los directivos de la empresa Elisenda Villena, Julián Peribáñez y Àlex Borreguero, siendo acusados de revelación y descubrimiento de secretos. En marzo comenzaron a declarar todos los implicados el caso. El director de la agencia de investigación denunció ante el juzgado de guardia de Barcelona que se les había atribuido la autoría de informes que no habían sido elaborados por ellos.
Espiando a Ignacio González
También hubo un caso similar en la Comunidad de Madrid, destapado en 2009 por El País. Según el rotativo, exmiembros de la Seguridad del Estado espiaron al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, y al exconsejero de Justicia Alfredo Prada, a instancias del consejero de Interior y Justicia de Madrid, Francisco Granados. Se abrió una investigación por parte de la Fiscalía tras las denuncias presentadas por las personas que habían sido presuntamente objeto del espionaje.
El Paísl País publicó el 19 de enero de 2009 que ex policías y ex guardias civiles hicieron trabajos de inteligencia e información sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas y conservadores para el consejero madrileño Francisco Granados. El "servicio de espionaje" estaba dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña, fichado por Granados en julio de 2008 como asesor para asuntos de seguridad, e integrado por al menos por tres ex guardias civiles. Las investigaciones abarcan desde políticos o tramas de corrupción en ayuntamientos, como Ciempozuelos o Coslada, hasta las "supuestas mafias" que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas.
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A raíz de esas informaciones, la Asamblea de Madrid constituyó el 6 de febrero una comisión de investigación parlamentaria para analizar los hechos. Sus trabajos comenzaron el 4 de marzo y finalizaron el 11 de marzo, tras comparecer sólo once de las 29 personas que había aprobado la Mesa de la Asamblea. El 16 de marzo la comisión de investigación aprobó el dictamen propuesto por el PP –que exculpó al Gobierno regional de responsabilidad–, frente a los informes del PSOE e IU, que señalaron a Esperanza Aguirre como "máxima" responsable y exigen el cese del consejero Francisco Granados.
El 18 de marzo, el pleno de la Asamblea madrileña ratificó, con los votos a favor del PP y con el PSOE e IU en contra, que la comunidad no espió. El 23 de junio de 2010 el director del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, presentó su dimisión. Gamón se vio imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos en el caso de espionaje.
El 15 de julio la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid decidió archivar el caso. El 27 de julio, el todavía vicealcalde Manuel Cobo retiró a su vez el recurso de apelación interpuesto cuatro días antes contra ese auto judicial. El 30 de marzo de 2011, la Audiencia Provincial de Madrid estimó un recurso de apelación del PSM contra el sobreseimiento del caso, cobrando de nuevo notoriedad el caso. El 6 de febrero de 2012 el juzgado de instrucción 5 de Madrid archivó de nuevo el caso y confirmó el sobreseimiento dictado en julio de 2010.
Este miércoles infoLibre publicaba que el PP balear contrató en 2010 a una agencia de detectives para, según su versión oficial, investigar si “dos o tres diputados socialistas” cuya identidad no reveló, habían realizado un viaje privado a Andalucía con fondos públicos. No es un caso puntual. El espionaje político ha tenido varios ejemplos más en los últimos años.