La investigación sobre el supuesto espionaje a Podemos, que la Audiencia Nacional acaba de avalar, coge vuelo. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, Santiago Pedraz, ha acordado incorporar al procedimiento más de una veintena de whatsapp cruzados entre el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. La decisión del instructor de traer a la causa los mensajes, en los que se intercambia información relativa a la formación morada, cuenta con el aval de la Sala de lo Penal. Y se suma a la orden dada por Pedraz de identificar a los más de dos millares de "usuarios" que hicieron búsquedas en bases de datos policiales sobre más de medio centenar de diputados de Podemos.
La investigación sobre las maniobras del Ministerio del Interior liderado por Jorge Fernández Díaz contra la formación morada tiene su origen en una querella interpuesta por la misma –y admitida a trámite a finales de febrero– contra Martínez, Pino y otros altos cargos policiales. En ella, se denunciaba que los querellados realizaron "investigaciones prospectivas", ajenas a cualquier "interés policial" y sin "control judicial", sobre miembros de Podemos con un objetivo claro: la posterior filtración a la prensa para desprestigiar a la formación. Un modo de operar que se concretó en hitos mediáticos como el informe Pisa o la filtración de un documento "falsario" que atribuía al entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, una cuenta en el Euro Pacific Bank de Granadinas.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio el visto bueno la pasada semana a la incorporación a la causa de una parte de los mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono móvil del ex secretario de Estado de Seguridad en el marco del caso Kitchen, centrado en la operación de espionaje parapolicial sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con documentación comprometedora que pudiera tener sobre la formación conservadora. Los magistrados consideraron que no debían traerse al procedimiento "todas las comunicaciones, conversaciones y archivos". Pero sí aquellas entre Pino y Martínez "durante el tiempo" en que este último estuvo como número dos del Ministerio del Interior.
Tras esta resolución, y una vez examinado el material, el instructor ha decidido incorporar a la causa, según una providencia a la que ha tenido acceso infoLibre, 26 mensajes intercambiados por ambos. Los primeros datan del 13 de noviembre de 2015, apenas un mes antes de la irrupción con fuerza de la formación morada en el Congreso de los Diputados. "Eugenio, ¿me puedes mandar el atestado de esto de la ocupación del banco por el de Podemos?", escribe Martínez a primera hora de la mañana. "Lo pudo [sic] ahora", responde el director adjunto operativo de la Policía. Tres horas después, el entonces secretario de Estado de Seguridad vuelve a abrir la conversación de Whatsapp: "Recibido lo del atestado. Gracias".
Pedraz también incluye en el procedimiento otros cinco mensajes relacionados con una supuesta cuenta de Íñigo Errejón. "Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse a la prensa, por interés de la oposición venezolana, que sea El Mundo o El País, por una plataforma mediática y televisiva. Lo exigen para seguir colaborando", señala Pino. "Por eso no habría ningún problema. Descuida. La cuestión es que tengo que despachar el asunto con calma con el ministro...", responde Martínez. Cinco horas después, el primero vuelve a la carga: "Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta del Errejón. Pero con la condición hablada esta mañana". "Que salga en uno de los dos periódicos", dice Martínez. "Eso no será problema", insiste.
En la providencia figuran, además, otros nueve mensajes que ambos cruzaron el 6 de mayo de 2016, el mismo día en el que OkDiario publicó que el Gobierno venezolano había pagado a Iglesias 272.000 dólares en el paraíso fiscal de Granadinas. "Están buscando el cheque", escribe el director adjunto operativo. "Pues mejor porque empiezan a decir los periodistas que es chungo", responde el secretario de Estado de Seguridad, al que no se ve del todo convencido: "¿Tú sigues convencido de que es bueno?". "Totalmente, no lo dudes", intenta tranquilizarle Pino. El Euro Pacific Bank Limited, la entidad donde supuestamente el líder de Podemos habría recibido el dinero, desmintió la noticia. La información difundida a bombo y platillo era falsa.
Entre el grupo de chats bajo la lupa del instructor se encuentran, del mismo modo, otros en los que se sugería qué debía decirse respecto a la toma de declaración que se había realizado al exministro de Economía de Venezuela Rafael Isea. "Estoy de acuerdo en todo pero debemos dejar que hablen y hablen... Porque acabarán metiendo la pata", escribe Martínez, que cree que el "argumento de la tributación" al que se hacía referencia en el argumentario que Pino le había hecho llegar era "bueno" para el director de OkDiario, Eduardo Inda. Los últimos mensajes incorporados a la causa están fechados el 30 de mayo de 2016. "Según la fuente, estos son Zapatero y el asesor económico de Podemos. Foto tomada en el último viaje de Zapatero a Venezuela", escribe Pino en uno de ellos.
Profundizar en las búsquedas en bases de datos policiales
El paso dado ahora por el magistrado instructor se suma a su intención de ir al fondo del asunto en relación con las miles de búsquedas que se hicieron en 2015 y 2016 en bases policiales sobre 55 diputados de Podemos y sus confluencias. Eso es, al menos, lo que se desprende de la documentación que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional remitió a comienzos de julio a Pedraz tras una auditoría realizada por la Unidad de Informática y Comunicaciones respecto a las solicitudes de acceso de funcionarios policiales a datos de parlamentarios de la formación morada en cualquiera de los ficheros de los que dispone el cuerpo. Herramientas que permiten, entre otras cosas, conocer desde antecedentes penales a diligencias policiales.
Las plantillas remitidas evidencian, en algunos casos, búsquedas exhaustivas con nombre y apellidos de algunos parlamentarios desde decenas de unidades y comisarías. Es el caso de Pablo Iglesias, sobre el que constan más de un centenar de consultas en las bases "Personas", "Objetos", "Sidenpol" o "Argos" con palabras clave como "joyas", "hospederías" u otras relativas a viajes de avión o barco, así como sobre identificaciones que se le hubiesen podido hacer en la calle. En otros casos, sin embargo, los ficheros incluyen también consultas de personas con nombres similares a los de algunos diputados pero con fechas de nacimiento diferentes, algo que ocurre, fundamentalmente, con aquellos que tenían apellidos más comunes.
Con estos datos sobre la mesa, Pedraz ordenó hace un par de semanas llevar a cabo una serie de diligencias que considera "necesarias y proporcionadas" para avanzar con la investigación. Así, ha pedido a la Policía que le remita la "identidad completa" del grupo de "usuarios" policiales recopilado por Podemos que habrían realizado dichas búsquedas. Son más de 2.500 –se desconoce, por el momento, si cada usuario se corresponde con un agente o si un mismo policía puede acceder a las bases con distintas identificaciones–. Por otro lado, ha solicitado que se identifiquen "los dispositivos" vinculados a las direcciones IP que aporta Asuntos Internos. O que se adjunte el "atestado", "nota" o "instrucción escrita" del que "derive el interés policial o judicial de dicho acceso".
Tras la remisión de los ficheros al instructor de la causa, el ex secretario de Estado de Seguridad presentó un escrito de alegaciones restando valor a toda esa información. "Las consultas realizadas (...) no son más que el resultado de una actividad policial normal y ordinaria", apuntaba Martínez, mientras señalaba que las mismas podían tener "muy variadas razones": "Renovación de DNI y pasaporte, controles en aeropuertos, datos sobre hospederías (que se remiten a la policía por los propios hoteles), denuncias interpuestas por estas personas...". Además, recalca que "docenas" de las consultas incluidas en las plantillas de Excel que la Policía envió al juez son sobre personas ajenas a la investigación con apellidos similares a los de algunos de los diputados.
El ex número dos de Interior ha buscado desde el principio derribar la causa. Así, no dudó en recurrir la admisión a trámite de la querella alegando que se basaba en chats obtenidos en otro procedimiento judicial –Kitchen– cuyo instructor había acordado retirar y prohibir el acceso a los mismos. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación, avalando así la investigación abierta. "La querella no solo se basa en los chats mencionados, sino también en otros documentos aportados por la querellante y noticias publicadas en medios de comunicación", reza el auto de la Sección Tercera, fechado este mismo miércoles.
La investigación sobre el supuesto espionaje a Podemos, que la Audiencia Nacional acaba de avalar, coge vuelo. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, Santiago Pedraz, ha acordado incorporar al procedimiento más de una veintena de whatsapp cruzados entre el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. La decisión del instructor de traer a la causa los mensajes, en los que se intercambia información relativa a la formación morada, cuenta con el aval de la Sala de lo Penal. Y se suma a la orden dada por Pedraz de identificar a los más de dos millares de "usuarios" que hicieron búsquedas en bases de datos policiales sobre más de medio centenar de diputados de Podemos.