Fueron necesarios 2.029 días. Pero, al final, hubo fumata blanca en la sede de la Comisión Europea. Tras cinco años y medio de bloqueo sostenido sobre decenas de excusas, PSOE y PP pusieron este martes punto y final a la anomalía democrática que suponía mantener sine die un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. Durante el próximo lustro, el órgano de gobierno de los jueces volverá a operar con normalidad. Un nuevo mandato con grandes retos por delante. Uno de los más urgentes pasa por reparar la imagen rota del Consejo, profundamente dañada durante el "periodo de transición eterna". Desafío al que se suma la renovación de una cúpula judicial con casi un centenar de vacantes por cubrir.
"Creo que lo más importante es recuperar la confianza perdida en la institución", concede una fuente del órgano saliente. Algo con lo que coincide un futuro vocal: "Hay que bajar los decibelios y acabar con la tensión del lamentable periodo de transición eterna. No podemos permitirnos el lujo de tener un Poder Judicial que contribuya a la polarización". Durante los últimos años, el caduco órgano acabó convertido en un frente de oposición al Gobierno. El bloque conservador no dudó en bloquear durante meses la renovación del Tribunal Constitucional. O en forzar un pronunciamiento contra la amnistía antes incluso de conocerse la ley. Declaración de la que se desmarcó el entonces presidente, Vicente Guilarte, precisamente por entender que el CGPJ no debía entrar en la contienda política.
Pero este no será el único reto a corto plazo. Urgente resulta también tapar el gran agujero en la cúpula judicial que han dejado estos cinco años y medio de bloqueo. En estos momentos, según datos del órgano de gobierno de los jueces, hay 98 vacantes pendientes de nombramiento. El más castigado es el Tribunal Supremo. En el Palacio de las Salesas faltan por cubrir 26 plazas, lo que equivale al 30% de su plantilla. En la Sala Primera, la de lo Civil, están a la espera de que se designe presidente y 3 magistrados. En la Segunda, la de lo Penal, hay que reponer a un magistrado. En la Tercera y Cuarta –Contencioso-Administrativo y Social– hay que cubrir las presidencias y 11 y 5 plazas de magistrado, respectivamente. Y en la de lo Militar faltan 3 magistrados.
Un problema que se traslada también a otros órganos judiciales. En los Tribunales Superiores de Justicia hay cuatro decenas de nombramientos pendientes, entre los que se encuentran ocho presidencias –las de los TSJ de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja–. Y otra treintena de presidentes es necesario sustituir en las Audiencias Provinciales. En cuanto a la Audiencia Nacional, por donde pasan algunas de las causas más gordas, faltan por cubrir las Presidencias de la Sala de lo Penal y la Sala de lo Social. "Tenemos que dar una respuesta rápida pero garantizando que vayan los mejores", sostiene una de las voces que formará parte del futuro Consejo General del Poder Judicial.
Las designaciones en la cúpula requerirán, no obstante, un esfuerzo de acuerdo en el seno del futuro órgano de gobierno de los jueces. Para los nombramientos discrecionales, se necesitará una mayoría de tres quintos del Pleno. Es decir, el respaldo de 13 miembros. Una fuerza de la que no dispone ninguno de los dos bloques en los que tradicionalmente se divide el órgano –progresistas y conservadores–. De los veinte vocales que integrarán el nuevo CGPJ, diez lo serán a propuesta de las formaciones de izquierda y otros diez estarán aupados por el PP. "Estamos obligados a consensuar los candidatos. Si continúa habiendo polarización, se acabó", desliza uno de ellos.
El acuerdo alcanzado entre socialistas y conservadores incluye el compromiso de tramitar por el procedimiento de urgencia una proposición de ley que introduce retoques en la norma que regula el funcionamiento del Poder Judicial y en el Estatuto Fiscal. En el momento en que la misma entre en vigor, se recuperará en el CGPJ la Comisión de Calificación, compuesta por cinco vocales –tres del turno judicial y dos del de juristas– y encargada de informar sobre los nombramientos competencia del Pleno. Esto supone un regreso al modelo previo a la reforma del PP de 2013, que eliminó este órgano y trasladó sus funciones a la Comisión Permanente, núcleo duro del Consejo cuyos miembros son propuestos por el presidente del CGPJ –aunque luego ratificados por el Pleno–.
Otras voces dentro del futuro Poder Judicial consideran que "debería acometerse con urgencia", y con carácter previo al nombramiento de altos cargos, el establecimiento de un "sistema objetivo de méritos". Una exigencia que en los últimos años han puesto también sobre la mesa algunas asociaciones judiciales. "Es necesario implementar un sistema objetivo de méritos que evite que el término discrecionalidad sea sinónimo de arbitrariedad, como ha ocurrido en el pasado", sostenía Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en un artículo reciente publicado en La Voz de Galicia. Objetividad que otras fuentes del nuevo CGPJ creen que deberían extenderse a toda la carrera. "Que no se asciendas simplemente porque te toca", resumen.
El melón de la reforma del sistema de elección
Otra tarea que pendiente del órgano de gobierno de los jueces tiene que ver con la nunca culminada reforma integral del sistema penal. A finales de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que contemplaba, entre otras cuestiones, la asunción por parte de los fiscales de la instrucción de causas penales. Y tres meses después, el Ministerio de Justicia, entonces liderado por Juan Carlos Campo, reclamó al CGPJ un informe sobre la reforma cuya elaboración, sin embargo, se vio frenada por la decisión de su sucesora, Pilar Llop, de aparcar durante algunos meses el ambicioso proyecto normativo.
A comienzos de 2022, Justicia reclamó de nuevo al órgano de gobierno de los jueces el dictamen, necesario para poder avanzar en la tramitación de la reforma. Y el Ejecutivo volvió a insistir el pasado mes de marzo, dando incluso una semana al Consejo General del Poder Judicial para remitir el documento. Este jueves, el Pleno del CGPJ saliente ha tomado conocimiento de los trabajos desarrollados hasta el momento en el seno de la institución sobre esta cuestión. Unos textos que, sin embargo, aún no han sido sometidos a votación.
Pero la gran patata caliente será, más bien, la relativa al sistema de elección del CGPJ. En cuanto entre en vigor la proposición de ley pactada por socialistas y conservadores, el Consejo tendrá seis meses para elaborar un informe sobre los sistemas de elección de órganos similares en la Unión Europea y poner sobre la mesa una "propuesta de reforma" del sistema de elección de la docena de vocales de procedencia judicial. Ahora bien, para la aprobación de la misma es necesario un acuerdo amplio, ya que se requiere, de nuevo, una mayoría de tres quintos.
Algunos de los elegidos fijan también la mejora del servicio público de justicia como uno de los grandes retos que tiene que afrontar el futuro CGPJ. "No funciona adecuadamente, lo que deriva en una desconexión por parte de la ciudadanía", apuntan. De ahí que crean necesario realizar un "diagnóstico" que sea "lo más preciso posible" para, "entre todos", encontrar "soluciones" y poder aplicarlas en "un plazo rápido". "Necesitamos una justicia que responda en un tiempo razonable", completan.
Ver másAcuerdo para la renovación del CGPJ
El pasado mes de diciembre, un barómetro del CIS situaba la Administración de Justicia como el servicio público peor valorado por los españoles, con un 66,2% de los encuestados poco o nada satisfechos. Unos meses antes, otro sondeo de Metroscopia elaborado para el Consejo General del Poder Judicial mostraba que el 79% de los encuestados ve la justicia tan lenta que es mejor evitar acudir a ella siempre que se pueda.
La Presidencia del CGPJ y el Supremo como gran incógnita
El pacto de este martes incluye los nombres de los veinte vocales, pero nada dice sobre quién asumirá durante los próximos años la Presidencia del Consejo y, por ende, también del Tribunal Supremo. "Será aquel que decidan los miembros del CGPJ", se limita a indicar el acuerdo suscrito por Félix Bolaños y Esteban González Pons, los negociadores de PSOE y PP. Pero eso no es nuevo. Es algo que, formalmente, prevé la ley, que establece como requisitos para acceder al cargo "ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de Sala del mismo" o "ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión".
No obstante, hay algunos nombres que han empezado a sonar en las últimas horas. Uno de ellos es el de la magistrada Pilar Teso. Encuadrada dentro del sector progresista de la judicatura, Teso trabajó como asesora en el gabinete del exsecretario de Estado Luis López Guerra y forma parte en la actualidad de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. También cumple con los requisitos para acceder al cargo, por ejemplo, Ana Ferrer, magistrada de corte progresista de la Sala de lo Penal del Supremo que formó parte del tribunal que juzgó la causa del procés y que, junto con Susana Polo, rechazó la condena por malversación en el caso ERE impuesta al expresidente andaluz José Antonio Griñán. Nunca antes una mujer ha estado al frente ni del Supremo ni del CGPJ.
Fueron necesarios 2.029 días. Pero, al final, hubo fumata blanca en la sede de la Comisión Europea. Tras cinco años y medio de bloqueo sostenido sobre decenas de excusas, PSOE y PP pusieron este martes punto y final a la anomalía democrática que suponía mantener sine die un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. Durante el próximo lustro, el órgano de gobierno de los jueces volverá a operar con normalidad. Un nuevo mandato con grandes retos por delante. Uno de los más urgentes pasa por reparar la imagen rota del Consejo, profundamente dañada durante el "periodo de transición eterna". Desafío al que se suma la renovación de una cúpula judicial con casi un centenar de vacantes por cubrir.