"Es un paso gigante para nuestra democracia". Así de contundente se mostró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al anunciar la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Era octubre de 2022. Y, desde entonces, la norma ha ido desplegando poco a poco sus efectos. Durante su primer año de vida, se han producido avances importantes en lo relativo a la búsqueda de víctimas, la resignificación de determinados lugares de acceso público o la retirada de reconocimientos. Ahora bien, aún queda tarea por hacer. El alargado calendario electoral, con dos comicios desde mayo, ha terminado por retrasar algunas cuestiones. Entre ellas, las relativas a los bienes expoliados o a la extinción de organizaciones que enaltezcan la dictadura o a sus gerifaltes.
Uno de los pasos más importantes que se han dado a lo largo de estos doce meses tiene el Valle de Cuelgamuros como escenario principal. Una vez superadas las primeras trabas de diferentes colectivos ultras, el Ejecutivo logró poner en marcha antes del verano los trabajos de exhumación de víctimas, gran parte de ellas republicanas, inhumadas en el mausoleo franquista. Era una tarea que llevaba pendiente algo más de tres lustros. Por el momento, ha permitido rescatar de las criptas y devolver a las familias los restos de una docena de personas. Labores que, sin embargo, pueden verse de nuevo retrasadas tras la decisión de un juez madrileño de paralizar, de nuevo a petición de grupos ultras, la licencia de obras en el complejo monumental.
Tampoco queda ya nadie enterrado a los pies del altar mayor de la Basílica. Primero, se sacó de Cuelgamuros el cuerpo del dictador, Francisco Franco. Y en primavera de este año, se hizo lo propio con el del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Al fin y al cabo, la norma establece que ningún resto mortal podrá ocupar un lugar "preeminente" en el recinto. Igual que tampoco permite que dirigentes del golpe de Estado puedan estar enterrados en sitios destacados de acceso público. De ahí que el Gobierno ordenase y ejecutase, apenas dos semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria, la exhumación de La Macarena de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Francisco Bohórquez, el auditor de guerra que ejerció como su mano derecha.
Adiós a los títulos nobiliarios y retirada de medallas
El Ejecutivo, en cumplimiento de la norma, también ha expedido en los últimos meses decenas de declaraciones de reconocimiento y reparación personal a quienes padecieron persecuciones, condenas o sanciones, entre otras formas de violencia por motivos ideológicos, durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Y ha puesto en marcha, a golpe de instrucción, el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española de los hijos y nietos de exiliados políticos. La entrada en vigor de la norma memorialista, además, ha provocado la supresión de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidas entre 1948 y 1978. Entre ellos, el ducado de Franco, el marquesado de Queipo de Llano o el señorío de Meirás.
A lo largo del primer año de vida de la norma también se ha procedido a la retirada de reconocimientos concedidos a grandes personalidades del régimen. Así, el Ministerio de Trabajo revocó en julio nueve medallas de oro al Mérito del Trabajo, entre las que se encuentran las otorgadas al propio dictador, al general Juan Yagüe –conocido como el carnicero de Badajoz–, al exministro franquista Juan Antonio Girón de Velasco o al cardenal Enrique Pla. Y el Ministerio del Interior, a través de Policía Nacional y Guardia Civil, ha abierto al menos siete procedimientos de revisión y retirada de condecoraciones y recompensas policiales a agentes que formaron parte del aparato de represión de la dictadura. Uno de ellos tiene el nombre de Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
La Ley de Memoria Democrática supone un salto importante con respecto a la alumbrada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Así, a diferencia de la primera, ésta incluye un régimen sancionador para castigar el incumplimiento de las obligaciones comprendidas en la norma. Un instrumento que, de hecho, ya ha sido utilizado. A comienzos de año, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática inició un expediente sancionador contra Falange por los homenajes franquistas del 20N. Y hace sólo unas semanas, el Ejecutivo abrió también la puerta a actuar contra dos altos cargos de Aragón –los directores generales de Justicia y Caza– por "exaltación del franquismo" en sus redes sociales.
Auditorías pendientes y fundaciones franquistas activas
A pesar de los avances, el Ejecutivo aún tiene mucha tarea pendiente. Por ejemplo, en lo relativo a las incautaciones de bienes. La Ley de Memoria obliga a la Administración General del Estado a hacer "una auditoría" de los bienes expoliados durante la guerra y la dictadura, incluyendo en la misma "las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas". "Esta auditoría incluirá un inventario de bienes y derechos incautados. La auditoría deberá llevarse a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. La referida auditoría incluirá los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial de los que fueran titulares los Ateneos, Cooperativas y entes asimilados", completa el artículo 31.
Pero doce meses después de la entrada en vigor de la norma memorialista, ese trabajo aún no está hecho. Desde Presidencia, no obstante, aseguran a preguntas de infoLibre que ya se han puesto manos a la obra: "Se ha establecido la metodología de cómo hacerla, centrada en el impacto de la Ley de Responsabilidades Políticas, además de hacer un rastreo preliminar de todas las investigaciones realizadas en España sobre el impacto de estos tribunales y comisiones represivas de carácter económico en cada provincia y comunidad autónoma". "Se han dado, por tanto, los primeros pasos, imprescindibles para, sobre ellos, hacer y desarrollar la auditoría. Dicho de otra manera, estos pasos forman parte ya de la auditoría".
La normativa memorialista, además, recoge el deber de la Administración General del Estado de reconocer y reparar a las víctimas de los trabajos forzados. Y en este sentido contempla, en un artículo no demasiado, la elaboración de "un censo" que "constate" las "organizaciones o empresas" que usaron "los trabajos forzados en su beneficio" para que "adopten medidas". Este diario preguntó a Presidencia cómo iba este asunto y si ya había establecido el Gobierno algún tipo de contacto con las posibles compañías responsables para ver su disponibilidad a colaborar. "Se está elaborando el censo de trabajos forzados", fue la respuesta dada desde la cartera que dirige Félix Bolaños.
La fundación que usó Queipo para su expolio de tierras sigue activa y a salvo de la Ley de Memoria
Otra tarea pendiente es la que tiene que ver con las fundaciones. La normativa memorialista abre la puerta a la extinción de aquellas que ensalcen "el golpe de Estado y la dictadura" o enaltezcan a sus "dirigentes", con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales". En el foco, entidades como la Fundación Nacional Francisco Franco, Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, Fundación Yagüe o Fundación Serrano Súñer. Según la norma memorialista, corresponde al Protectorado de Fundaciones, que depende del Ministerio de Cultura, "instar judicialmente la extinción" de una fundación por este motivo.
Pero un año después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, no hay ninguna novedad sobre estas extinciones. "Estamos a la espera de que desarrollen el reglamento de la ley y para eso hay que esperar a estar en plenas funciones", señalan desde Cultura a este diario. El intenso calendario electoral, con la parálisis que siempre lleva aparejado, es, de hecho, lo que explica buena parte de los retrasos en la aplicación de la norma. "Hay que tener en cuenta que este año ha habido dos elecciones –municipales y autonómicas y generales– y varios meses de Gobierno en funciones. No obstante, estamos trabajando en ello", explican desde el Ministerio de la Presidencia.
Y en el marco del proceso de resignificación de Cuelgamuros, el Gobierno aún debe tachar de su lista de tareas la aprobación de un nuevo marco jurídico que determine "la organización, funcionamiento y régimen patrimonial" del mausoleo, que hasta la actualidad se ha asentado bajo una armadura normativa levantada en plena dictadura. De esto depende, precisamente, la salida del complejo monumental de unos monjes benedictinos que encabezaron la rebelión contra la exhumación del dictador y a los que el Ejecutivo retiró la asignación económica anual por la falta de transparencia de sus cuentas. Religiosos que llevan instalados en el mausoleo desde 1959.
"Es un paso gigante para nuestra democracia". Así de contundente se mostró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al anunciar la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Era octubre de 2022. Y, desde entonces, la norma ha ido desplegando poco a poco sus efectos. Durante su primer año de vida, se han producido avances importantes en lo relativo a la búsqueda de víctimas, la resignificación de determinados lugares de acceso público o la retirada de reconocimientos. Ahora bien, aún queda tarea por hacer. El alargado calendario electoral, con dos comicios desde mayo, ha terminado por retrasar algunas cuestiones. Entre ellas, las relativas a los bienes expoliados o a la extinción de organizaciones que enaltezcan la dictadura o a sus gerifaltes.