La fundación que usó Queipo para su expolio de tierras sigue activa y a salvo de la Ley de Memoria
"La memoria histórica", reflexiona, sentado en un céntrico bar de Sevilla, Antonio Martín (Arahal, 1955), "es mucho más que abrir fosas". Lo dice llevando bajo el brazo su investigación Fundaciones Queipo de Llano. Historia de un expolio (El Paseo, 2023), que sale a la venta esta semana y que infoLibre ha podido leer y comentar en detalle con su autor. Su libro entra a saco en un asunto que, a pesar de las décadas, sigue impactando a cualquiera que se interese por conocerlo: el brutal ejercicio del poder del general golpista que encabezó la represión en Andalucía, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. Pero esta vez la aproximación no es a su obra genocida, ni a sus llamamientos a la violación. Martín no sigue esta vez el rastro de la sangre, sigue el rastro del dinero.
Su objeto de estudio es lo que el autor llama "golpe económico" de Queipo, que logró, en una "obscena carrera de enriquecimiento", convertirse en plena guerra en un latifundista partiendo de una posición de "cero patrimonio rústico y urbano". Entre las herramientas para ese cometido sobresalen las fundaciones, que fueron dos, la segunda continuadora y "transformación" de la primera. En realidad, siguiendo el relato de Martín, podría hablarse incluso de una sola con dos etapas. La segunda forma que adoptó el aparato fundacional, la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano, en manos hoy de la familia del general, continúa vigente y activa. Supuestamente dedicada desde su origen a "amparar y proteger a la infancia desvalida", la investigación de Martín pone negro sobre blanco cómo en realidad su función durante el franquismo fue la de ejecutora de un expolio y cortina de humo del mismo.
infoLibre trató de recabar la versión de la Fundación Pro Infancia sobre las principales conclusiones del libro sobre la entidad, sin respuesta. Casi un año después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, la fundación sigue a salvo de su disposición adicional quinta, que prevé la extinción de las entidades que supongan una apología del franquismo o del golpe, el enaltecimiento de sus dirigentes o el menosprecio a las víctimas. Este periódico preguntó al Ministerio de Presidencia si se había adoptado alguna medida contra la fundación, pero tampoco hubo contestación.
De los Vázquez a Camacho
Doctor en Geografía y licenciado en Derecho, Martín sabe que su libro es exigente, muy técnico, casi notarial. "Es lo que había que hacer", dice. No quería "literatura", añade, porque su empeño era "zanjar" dato a dato un asunto sobre el que ha habido "demasiadas leyendas urbanas". ¿Ejemplos? Que el "pueblo de Sevilla" regaló a Queipo el cortijo de Gambogaz. Falso. O que Franco era "enemigo acérrimo" de Queipo. Falso. "En lo que respecta a los negocios, al menos, no. Lo dejó hacer sin molestarlo". A cada afirmación, Martín acompaña una fecha, la cita de un protocolo, el contenido de una escritura. Es su terreno. Técnico superior de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, se ha dejado las pestañas en un puñado de prospecciones en la historia de la capital andaluza, su evolución urbanística y su relación con el estamento militar: Sevilla (1872-1994), de lo local a lo metropolitano; Terrenos públicos y crecimiento urbano. Sevilla, 1850-2006; Los suelos ferroviarios de Sevilla: saqueo de la ciudad; y Sevilla: territorio militar (1848-1992).
Ahora ha puesto el ojo en una pieza de caza mayor: el patrimonio del que se adueñó Queipo aprovechándose de su condición de general jefe de la 2ª División Orgánica, de "militar más decisivo" de la época. El hilo para contar la historia es el emblemático cortijo de Gambogaz, unas 500 hectáreas entre Sevilla y los pueblos limítrofes de Camas y Santiponce. No es un trozo de tierra cualquiera. El movimiento por la recuperación de la memoria histórica, tras anotarse el éxito de la exhumación de Queipo y su esposa de la Macarena, ha convertido Gambogaz, que a su muerte fue legado por Queipo a sus herederos, en un nuevo símbolo de la injusticia franquista.
Siguiendo el ejemplo del Pazo de Meirás, el objetivo del movimiento es dotarlo de carácter público, posibilidad que se ve lejana a tenor de la investigación de Martín. "Carece de soporte legal alguno", escribe. Llega a tal conclusión tras reconstruir la historia de la propiedad del cortijo desde el siglo XIX, primero en manos de una familia de la burguesía latifundista, los Vázquez, que lo perdieron casi en su totalidad a las puertas de la guerra. ¿Queipo? No, aún no. Queipo llegaría después, ya con la guerra empezada. Antes María de la Lastra, viuda de José Vázquez, el último de la saga en explotar el cortijo, tuvo que venderlo casi entero en junio de 1936 a quien era su acreedor, el comerciante Manuel Camacho, por 1.250.000 pesetas de la época. Sin saberlo, Camacho se colocaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.
De Camacho a Queipo
Queipo, tras el triunfo del golpe, se colocó al frente no sólo de la represión criminal, sino también de lo que Martín llama "golpe económico". "Utilizó, como hábil marionetista y desde su más absoluto poder personal, medios ajenos, personas e instituciones varias" para su propio lucro, anota Martín. Tuvo, añade, la "frialdad suficiente como para compaginar [...] un ilimitado aparato de represión [mientras] desplegaba la anulación y sustitución de las instituciones vigentes y articulaba la disposición de cuantos medios le fuesen necesarios para conseguir un enorme acopio de capital". Nada escapaba a su control: ni la Cámara Agraria, convertida por el general en "delegada de mi autoridad", ni los bancos, como acredita una soflama radiofónica en la que, enterado de cómo algunos clientes temerosos estaban sacando dinero por lo que pudiera pasar, amenazaba a quien de inmediato no volviera a sus entidades a reintegrarlo.
En diciembre de 1937, el "virrey de Andalucía" se lanza a por Gambogaz en una calculada operación. Hay dos documentos clave para ese asalto. El primero, del día 22, es un mandato otorgado por Camacho a Miguel Aramburu, hijo de José Aramburu, fundador de Banca Aramburu, para que venda su parte del cortijo a Queipo. El segundo, del día 24, Nochebuena, es la escritura de venta. A primera vista, si nos quedásemos sólo con las grandes cifras, podría parecer incluso un buen negocio para Camacho, que compró el cortijo por 1.250.000 pesetas en 1936 y lo vendió por 1.520.000 en 1937. Pero nada más lejos de la realidad. Aquello tuvo más de incautación que de venta.
El éxito de un montaje
Banca Aramburu era acreedora de María de la Lastra, la anterior propietaria, por lo que el hombre delegado por Camacho para la operación bien podía ser –expone Martín como hipótesis– la persona que había informado a Queipo de la posibilidad de hacerse con el cortijo. El mandato a Aramburu sorprende además por su "liberalidad" y "generosidad". ¿A qué se debía? Todo apunta a que Camacho no vendía, pagaba. Y lo que compraba era su propio pescuezo.
El hombre había sido encarcelado en febrero por una causa judicial, la 363/37, de supuesto contrabando de billetes del Banco de España. Una causa llena de anomalías, detalla Martín. Trasladado de Algeciras a Sevilla, fue puesto a disposición de Queipo y del general Bohórquez Vecina, hombre de confianza del general hasta el punto de que fue enterrado también en la basílica de la Macarena (y exhumado el año pasado). "¿Por qué Queipo iba a querer implicarse personalmente de un caso contra alguien anónimo?", pregunta Martín. La respuesta más verosímil tiene tres sílabas: Gambogaz.
La espada de Damocles de la causa 363/37 no se apartó de la cabeza de Camacho hasta después del 24 de diciembre. No hay constancia de que recibiera un duro. Es más, en todo el proceso de adquisición de Gambogaz, no consta ni un solo papel que acredite que Queipo pagara nada. Hay una total "ausencia" de "tracto" de dinero aportado por el general en ninguna de las operaciones que condujeron a su total dominio de Gambogaz, ya en en 1940, anota Martín. Pero eso sería más adelante. En 1937 Queipo estaba centrado en hacerse con la parte de Camacho, la mayor, el 86%. La fórmula elegida incluía el abono de 750.000 pesetas al Banco de España para cancelar una hipoteca de Camacho. ¿Constancia de que Queipo cumpliera lo que dicen las escrituras y pagara las 750.000? Cero. Martín ve impensable que un desembolso así, en 1937, no deje ningún rastro. El autor concluye que Queipo ni pagó, ni "corrió riesgo alguno" en la operación, en la que ve al Banco de España como "colaborador necesario". Aquí es donde se aferra el movimiento memorialista para reivindicar que hubo uso de fondos públicos en la operación. Pero Martín opone que, hasta 1962, el Banco de España tuvo la forma de una sociedad de acciones, todas ellas privadas.
A por los restos
Así que al cierre de 1937 Queipo ya es dueño de 1.375 de las 1.600 partes en las que se divide el cortijo. Le queda el 14% de la familia Vázquez. Fue pan comido. Queipo vuelve a prevalerse de su superioridad. Al igual que en 1937, prodiga procedimientos coactivos y se vale, para certificar la operación, de personas de tanto poder como motivos para temer al general. A lo largo de todo el proceso de compra (1937-1940), se sirvió de una lista de comparecientes de la élite civil, política y militar, entre los que figura incluso Pedro Parias, el que era gobernador civil de Sevilla. En cuanto al "notario de cabecera" de Queipo, Fulgencio Echaide, es más que lícito sospechar de su falta de neutralidad.
De modo que en mayo de 1940 Queipo culmina la apropiación del cortijo, tras la supuesta aportación a los Vázquez de 225.000 pesetas, lo que sumado a la cuantía de la anterior aportación hace un total de 1 millón 745.000 pesetas. De nuevo, siguiendo a Martín, hay una mucho más que sospechosa falta de constancia de pagos de Queipo.
La fundación "agraria"
El Queipo dibujado por la investigación de Martín es, además de un obseso del dinero, un mago de las apariencias, capaz de presentarse no sólo como el libertador de la ciudad, sino como un benefactor de los pobres, al tiempo que amasaba "una importante fortuna" a través de "campañas de suscripción" popular. Las aportaciones "voluntarias", claro, están bajo sospecha de coacción. Para su autobombo como supuesto filántropo, Queipo utiliza dos fundaciones con la "rechazable intención de conseguir apariencia ejemplaridad social". Pero no sólo le valieron para eso. Las fundaciones –una continuadora de la otra, hasta el punto de que puede sostenerse que fueron parte de una misma realidad– fueron una herramienta de enriquecimiento personal.
El origen del aparato fundacional hay que encontrarlo en una fecha que sonará al lector: 24 de diciembre de 1937. Sí, el día de la escritura de compraventa entre Camacho y Queipo. Al mismo tiempo, con el mismo notario, nace la llamada "Fundación Agraria". Según la información registrada, el dinero para la compraventa, algo más de 1 millón y medio, proviende una aportación popular en "homenaje" a Queipo. Fue, dice la escritura, una "pequeña muestra de la gratitud que Sevilla y Andalucía" guardan a Queipo por salvarlas "de la derrota" con "actitud heroica". Luego, siempre según las inscripciones oficiales, Queipo debía donar los bienes a la propia fundación. Además, Camacho –ya sabemos que con su libertad coartada– mandata a Aramburu para que done también a la fundación fincas por valor de hasta 150.000 pesetas. Con todo ello la fundación se convierte en "origen" del "cambio de titularidad del cortijo", anota Martín.
La fundación, sostiene Martín, fue una mera "pantalla escritural para publicitarse" mientras ponía los bienes "a salvo" de de una "potencial reivindicación". No sólo fue "opaca" y "carente de personalidad jurídica". Es que, más grave aún, nunca estuvo "facultada para ser objeto o ejercitar derechos ni cumplir obligaciones ante terceros" en ningún negocio, a pesar de lo cual fue clave en Gambogaz. Su actividad mercantil "se reduce" al cortijo sevillano, lo que evidencia su finalidad: ser "una muleta muy útil" para la "defensa patrimonial" de Queipo.
La jugada se hace evidente, desde la perspectiva que ofrece la investigación de Martín, cuando en 1943, ya ganada la guerra, la propiedad del cortijo vuelve a Queipo mediante una "cesión a título de venta", en un acto en el que el general "se compromete" al pago. No hay constancia de que lo hiciera. Es una pauta: nada acredita que Queipo pague nada. El militar golpista culmina su apropiación del 100% del cortijo, más de 500 hectáreas, tras "un proceso intencionado de confusión" entre persona y fundación.
¿Por la "infancia desvalida"?
¿Qué ocurrió con la Fundación Agraria, después de haberle sido extirpado el cortijo al que había consagrado su existencia? Quedó vagando en su "limbo legal" hasta experimentar una "transformación nominal" en 1950 y convertirse en la Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, expone Martín. No consta que el general explicase por qué decidió cambiar la herramienta, pero no creando una original, sino una resultado de transformar la anterior. Entre los posibles motivos, está el de apartar del ojo público la Agraria, cuya existencia era un recordatorio no sólo de la apropiación de Gambogaz, sino de posteriores adquisiciones de terrenos agrícolas a pesar de que desde 1943 "carecía de patrimonio alguno". Así que Queipo modifica la fundación "agraria" y pasa a destinarla a "amparar y proteger a la infancia desvalida".
Como el propio Martín subraya, hay que preguntarse si para tal fin lo más adecuado era nacer como fundación asumiendo un patrimonio –el proveniente de la Fundación Agraria– que consistía sobre todo en tierras de cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir. Lo seguro, señala el autor, es que la Pro Infancia era la "viva imagen" de la Agraria, "continuidad de una mala práctica legal", ambas "instrumentos [...] utilizados como pantalla" para el acopio, siempre "de espaldas al derecho" y con los "mismos fines". ¿Cuáles? "La privatización o apropiación" de bienes, sumando la condición de obstáculo para hacer "difícil o imposible" la "reversión ante reclamaciones de terceros".
Tanto una como otra fundación, la de 1937 y 1950, formaron parte del "armazón administrativo" del mismo "golpe económico particular" de Queipo "para su propio y exclusivo interés", anota el autor. Y eso si pudiera hablarse de dos fundaciones distintas, cosa discutible, a tenor de los hechos registrados. Un detalle: la ficha de la Fundación Pro Infancia en el Ministerio de Justicia –donde declara sede en la avenida República Argentina, en Los Remedios, barrio noble de Sevilla, y mantiene como fin "amparar y proteger a la infancia desvalida"– le marca como "fecha de constitución" el ya famoso 24 de diciembre de 1937, el día en que Camacho fue privado del cortijo.
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Hay que remarcar, eso sí, una diferencia: el cortijo, tras salir de la Fundación Agraria, no regresó ya a la Pro Infancia, que dispuso de otros bienes agrícolas, pero no del emblemático Gambogaz, actualmente mermado y dividido y cuya propiedad Martín no detalla en el libro. Como ha publicado eldiario.es, la Pro Infancia gestiona actualmente patrimonio agrario. Hay al menos cinco miembros de la saga Queipo en el patronato. La familia mantiene un discreto perfil en Sevilla, que rompió el año pasado con su aparición en la exhumación del militar y su esposa. Esta discreción contrasta con los elevados honores que aún mantiene la Iglesia a su figura.
"Ganadores" y "perdedores"
Martín hace un balance con "ganadores" y "perdedores". Entre los primeros, poca sorpresa: Queipo –hasta su muerte en 1951– y sus sucesores, a los que legó sus propiedades (incluido Gambogaz). Entre los segundos, destacan Camacho y los Vázquez. ¿Y el interés general? En concreto en la operación Gambogaz, Martín cree que no puede hablarse de lesión al interés general en el expolio a Camacho, pero que sí podría haber un perjuicio al mismo por el uso de las fundaciones, ya que se beneficiaron de un trato fiscal privilegiado, concebido para entidades benéficas, cuando sólo lo eran por su nombre.
Martín reflexiona: "Franco dijo en 1942 que la guerra española fue la única de la que los ricos salieron más ricos. Es una verdad a medias. Él y sus colaboradores, sin ser ricos, también llegaron a serlo". A su juicio, si la dimensión criminal del franquismo está ampliamente estudiada –con autores con Ángel Viñas, Paul Preston o Francisco Espinosa–, queda en cambio demasiado por detallar de la represión económica. "Hay que investigar, con fuentes primarias, el enriquecimiento de los grandes partícipes en el golpe", invita el autor. Las andanzas de Queipo, siguiendo a Martín, podrían haber constituido un "modelo" para la élite franquista. En el libro sugiere una serie de apellidos a los que poner la lupa: Yagüe, Millán-Astray, Varela, Cabanillas, Dávila Redondo...
