7291, la cifra sobre muertes en residencias que Ayuso tacha de "inventada" pero que dio su propio Gobierno
Era 29 de julio de 2020. Las 22.17 horas. Nunca antes se había publicado la cifra 7291, ese número que ya se ha visto en lonas, en camisetas, en pancartas, en mascarillas y hasta en paragüas. Lleva cinco años en boca de las familias de todos esos mayores, se ha pronunciado otras tantas veces en la Asamblea de Madrid y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lleva ya casi un lustro escuchándola y respondiendo a ella, siempre, con un ataque. Tanto, que ha llegado a tacharla de "cifra inventada" cuestionando, así, su procedencia. Y obviando, por tanto, que ésta procede de su propio Gobierno.
La última vez que la puso en duda fue hace apenas una semana, durante un acto en Ribadeo (Lugo). Con aplausos y hasta con carcajadas de fondo. Uno de los presentes le lanzó la pregunta: ¿Se arrepiente de las decisiones que tomó su Ejecutivo para los geriátricos durante la pandemia? Ella, tras tomar notas, respondió: "Es una pregunta trufada de intenciones políticas y que falta totalmente a la verdad", dijo. Y prosiguió, atacando ya directamente a miles de familias: "La plataforma política organizada por resentidos del PSOE y Más Madrid que se quedaron fuera de las listas" y "una serie de periodistas activistas que nunca han querido conocer la verdad están utilizando una cifra inventada", aseguró. Pero nada más lejos de la realidad: el número 7291 fue publicado por primera vez por infoLibre aquel verano de 2020. Y no surgió de la nada, como insinúa ella, sino de los datos de su propio Gobierno.
El periodista Manuel Rico, entonces director de investigación de este periódico, solicitó el 5 de mayo, acogiéndose a la Ley de Transparencia, información sobre los fallecimientos producidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid entre el 1 de marzo y el 30 de abril, desglosados por centro e indicando si la muerte se había producido en el hospital o en el propio centro. La respuesta llegó el 28 de julio por la mañana.
Fue positiva. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad decidió aprobar la petición y adjuntar un documento llamado "anexo I". En él, un cuadro de nueve columnas indicaba, una a una, las 475 residencias de la región, su tipología —si eran públicas, privadas o concertadas—, el número de positivos registrados en todo ese periodo, el número de fallecidos, el lugar en el que lo habían hecho y, en el caso de las muertes producidas en residencias, si éstas habían sido con covid confirmado o con síntomas compatibles de la enfermedad.
De ahí se extrae la cifra. Cuando se suman todos los datos correspondientes a la quinta columna, la que indica cuántos residentes fallecieron en el geriátrico, aparece: 7291. El 77% del total de los 9.470 que lo hicieron en todo ese periodo.
¿Cómo se registraron esas cifras?
La cifra que Ayuso dice ser una invención se extrae por tanto de los datos que facilitó su propio Ejecutivo. Sin embargo, cada vez que la escucha termina atacando a las organizaciones de todos esos familiares. La última vez este jueves, durante el pleno de la Asamblea en la que dijo a la oposición que siempre preguntan por "las mismas mierdas". Ahora bien, ¿cómo tenía la Comunidad ese registro exhaustivo? Para eso hay que remontarse al 17 de marzo de 2020.
Fue la agencia Europa Press la que informó aquel martes de que en la residencia Monte Hermoso habían fallecido ya 19 personas. Era la primera vez que se publicaba lo que estaba ocurriendo en los centros de mayores de la región y lo que impulsó a la Consejería de Políticas Sociales a recabar sistemáticamente todos los datos que ayudasen a hacer una fotografía lo más exacta posible de lo que estaba ocurriendo. Desde el día siguiente se empezó a recabar todo en la Subdirección General de Calidad, Inspección, Registro y Autorización (CIRA). Y se hacía en dos Excel: uno relativo a las 25 residencias públicas y otro relativo a las 450 privadas.
Lo elaboraba el departamento entonces dirigido por Alberto Reyero (Cs) a partir de lo que cada noche le enviaba la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Enrique Ruiz Escudero (PP). En concreto, los datos los recibían la viceconsejera Ana Dávila-Ponde (hoy consejera de Familia, Juventud y Servicios Sociales), Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de los dos Protocolos de la Vergüenza.
Entre los datos que se incluían en cada comunicación estaban, por ejemplo, el número de residentes positivos y en aislamiento, la plantilla del centro, la necesidad de personal, de materiales de proyección y, también, el número de ancianos fallecidos, distinguiendo entre los que habían muerto en el hospital o en el propio centro. Es decir, el Gobierno de Ayuso sabía lo que había y lo que no había. Lo que faltaba y lo que ocurría de puertas para adentro de las residencias. Y todo a tiempo real y actualizado cada 24 horas.
¿Podía haber algún error? Sí, puesto que originariamente los datos salían de personas concretas que podrían haberse equivocado en algún momento. Ahora bien, la información se estuvo actualizando cada día y durante semanas, así que si lo hubiera habido se habría corregido. Un conteo no puede realizarse mal repetidamente.
El análisis y la importancia del dato
La primera que la cifra salió a la luz hacía tan sólo dos meses desde que infoLibre publicase de forma íntegra ese Protocolo de la Vergüenza, el documento aprobado y firmado por Carlos Mur y que estableció los criterios de exclusión por los cuales se impidió que los usuarios de residencias fuesen trasladados a los hospitales, tuviesen o no covid. Llegó a tener cuatro versiones [que también publicó este periódico y puedes comprobar aquí], pero que en síntesos establecían lo mismo. Se firmaron los días 18, 20, 24 y 25 de marzo.
El 27, Ayuso quitó el control de las residencias a la Consejería de Políticas Sociales en manos de Ciudadanos y se la dio a la de Sanidad en manos de Ruiz Escudero. Fueron ellos dos los que, desde el primero momento en el que infoLibre publicó los protocolos, los tacharon de "borrador". Reyero, en cambio, se desmarcó por completo desde el primer momento. Según dijo, ninguno de los documentos contó con su "visto bueno".
Hasta que fue apartado, Reyero informaba a los portavoces de la oposición de los fallecidos, desglosados por residencias. En cuanto asumió el mando único Ruiz Escudero se impuso una política de total opacidad en cuanto al número de muertos desglosado por centros. La única cifra que se empezó a facilitar desde el Gobierno regional era la del total de decesos en los geriátricos.
De ahí la importancia de los datos obtenidos aquel 28 de julio de 2020. Mostraban, en síntesis, hasta qué punto esos protocolos no habían sido un "borrador", sino una instrucción que se aplicó. Entre marzo y abril fallecieron 9.470 residentes, pero el 77%, 7291, lo hizo en la propia residencia. De no haber existido el Protocolo de la Vergüenza ese porcentaje en ningún caso habría sido 0, porque nunca lo es, pero sí se habría reducido considerablemente.
2797 o 1608, los 'otros' 7291
Además de tacharla de "inventada", Ayuso se defiende de los ataques que recibe por su gestión de las residencias asegurando que ni a las familias ni a la oposición le importan los fallecidos que hubo en otras comunidades. Lo dijo también en Ribadeo. "Murió gente en toda España, en residencias de todo el país y en proporción mucho más que en la Comunidad de Madrid", señaló. E insistió este mismo jueves: "La ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo como ustedes", le dijo a la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot.
También es una falsedad. Igual que lo hizo con Madrid, infoLibre también publicó qué ocurrió en otras comunidades durante el mismo periodo y es que, aun así, la presidida por Ayuso sigue siendo la peor parada. Es cierto que la situación vivida en los geriátricos durante las peores semanas de la crisis sanitaria fue dramática en varias comunidades, pero es que las cifras son claras: no en toda España ocurrió lo mismo.
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infoLibre solicitó a las Administraciones, a través de los respectivos portales de Transparencia, la información sobre el lugar donde fallecieron los residentes en marzo y abril de 2020, pero sólo pudo publicar los datos de siete comunidades. Una es Cataluña donde, aunque no existió un Protocolo como el de Madrid, también se aplicó en la práctica la exclusión hospitalaria de residentes durante varias semanas que provocó que 2797 residentes fallecieran en el propio geriátrico. El 72% del total.
En Castilla y León, según una nota publicada por su Gobierno, a 30 de abril de 2020 habían perdido la vida 2.337 residentes con covid o síntomas compatibles, de los que 1608 murieron en el propio centro, lo que equivale al 68,8% del total. Niveles similares se registraron en La Rioja (129, el 63,2%) y País Vasco (408, el 62,5%).
En Galicia, por su parte, bajó hasta el 50,2% (138), una cifra que en Cantabria se situó en 37,4% (43) y en Canarias en el 5,9%.
