El Partido Popular siempre presume de la “estabilidad” que aporta en sus gobiernos autonómicos, pero lo cierto es que se ha demostrado que sus alianzas son mucho más endebles que las del Gobierno de Pedro Sánchez. La legislatura anterior no consiguió gobernar cuatro años con Ciudadanos en las diferentes autonomías —a excepción de Andalucía— y en esta tampoco lo consigue con Vox, que ha decidido romper todos los puentes con la formación de Alberto Núñez Feijóo después de que el PP aceptara la reubicación este miércoles —ya acordada previamente— de 347 menores migrantes a la Península. Los conservadores se quedan, así, sin aliados con los que pactar y deberán gobernar en minoría los próximos años ya que, por el momento, no se prevé ningún adelanto electoral.
El pacto suscrito por Feijóo con los barones del partido cuando pusieron fin al mandato de Pablo Casado en 2022 garantizaba autonomía a cada territorio para tomar sus propias decisiones a cambio de un cierre de filas generalizado que le asegurase paz orgánica interna en su camino hacia La Moncloa. Esta estrategia también ha dejado a un PP dividido entre quienes se apoyan en Vox y, por tanto, han dulcificado la imagen de la extrema derecha como el presidente valenciano, Carlos Mazón y otros que enarbolan un discurso más crítico como el andaluz Juanma Moreno, pese a que él mismo fue investido con el apoyo de Vox en 2018. El líder del PP siempre ha justificado todas las estrategias: compartir ejecutivos y desafiar a Vox. A diferencia de lo que ocurrió con Ciudadanos, en el PP nunca han contemplado romper con los de Abascal por las posibles consecuencias que pudiera tener para el electorado.
No hace ni un año que los gobiernos de Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia y Aragón se constituyeron, pero la dirección de la formación ultra ha optado por romperlos, al igual que el de Castilla y León, que data de abril de 2022. En todos los casos la negociación siguió el mismo patrón: primero los sillones y después el programa, con medidas ambiguas, declaraciones de intenciones y pocos compromisos concretos que en su mayor parte no eran otra cosa que una adaptación del documento que cimentó la alianza de la derecha primero en Castilla y León y un año después en la Comunitat Valenciana enfocándose en cuestiones como la violencia de género, la memoria histórica o la ley trans, que acabó convirtiéndose en la plantilla para dar forma al resto de pactos.
La debilidad del andamiaje de estos gobiernos, más allá de las obvias coincidencias programáticas, ha tardado mucho menos de lo previsto en hacerse visible. Aunque Vox atribuye toda la responsabilidad de la ruptura al líder del PP, los enfrentamientos entre los dirigentes autonómicos de ambas formaciones estos meses en lugares como Castilla y León, Murcia o Aragón han sido frecuentes, así como las discrepancias en algunas materias como la lingüística o la cuestión migratoria. Con la salida en bloque de la ultraderecha el PP se queda en una situación de debilidad, especialmente en los territorios en los que la izquierda suma más votos que los conservadores, ya que podría impedir sistemáticamente que cualquier votación saliera adelante si simplemente Vox se abstiene.
Castilla y León
Castilla y León fue la primera comunidad autónoma gobernada por una coalición entre el PP y la ultraderecha, en la que los de Abascal tienen actualmente una vicepresidencia y tres Consejerías: la de Industria, Comercio y Empleo; la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y la de Cultura, Turismo y Deporte. Las relaciones entre su presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el número dos de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), son muy malas, como ocurría en esta comunidad cuando el PP gobernaba con Ciudadanos, lo que sirvió de excusa al presidente regional para anticipar elecciones.
A lo largo de estos dos años ambos han protagonizado choques públicamente, uno de los más sonoros fue a cuenta del protocolo contra el aborto anunciado por García-Gallardo en enero de 2023, y en el que las mujeres que quisieran abortar debían escuchar el latido y ver imágenes en movimiento del feto antes de tomar la decisión. El PP negó que se hubiera pactado semejante medida y la ultraderecha amagó con romper el Gobierno al entender que se estaba incumpliendo el acuerdo, pero finalmente se mantuvo en el Ejecutivo. Aunque en este tiempo han discrepado públicamente, Mañueco siempre había evitado cuidadosamente dar el primer paso hacia la ruptura, conscientes de que el relato sería entonces favorable a los de Abascal.
Una vez investido y con los Presupuestos aprobados, el presidente de la Junta de Castilla y León no contempla, por el momento, un adelanto electoral. Un botón que únicamente apretaría en caso de tener claro que esos comicios le reforzarían o ante una situación de bloqueo en la que participara toda la oposición y le impidiera sacar normas adelante. Esto sería posible si el PSOE, que obtuvo 28 escaños frente a los 31 del PP en las elecciones autonómicas, uniera fuerzas también con Unidas Podemos, ¡Soria Ya! y Ciudadanos, cuyo escaño pertenece a un Francisco Igea abiertamente enfrentado a Mañueco.
Comunitat Valenciana
En apenas tres horas de reunión tras las elecciones del 28M PP y Vox acordaran repartirse los puestos de Les Corts para garantizarse el control del parlamento valenciano y la formación de un Govern de la Generalitat en el que la extrema derecha consiguió la cuarta parte de las carteras, incluyendo una vicepresidencia que lidera Vicente Barrera, que además ocupa la Conselleria de Cultura y Deporte, y otras dos Consellerias, la de Justicia e Interior y la de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los líderes autonómicos de las dos derechas, el president Carlos Mazón y el actual diputado de Vox, Carlos Flores, no necesitaron entrar a discutir sobre un programa común, que se saldó con concesiones a la extrema derecha en distintas materias como la violencia de género, y se centraron en el reparto de sillas.
En este breve periodo de tiempo la relación entre Mazón y Barrera, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, ha sido buena y fluida por ambas partes. Este jueves, sin ir más lejos, los dos grupos han aprobado la polémica ley de concordia que entierra la ley de memoria histórica de la izquierda.La delegación valenciana de Vox nunca ha querido romper amarras con el PP, ya que además la valenciana es la comunidad más grande que gestionan. La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, sin embargo, ha dejado claro que todos los cargos públicos, diputados y militantes aceptarán la decisión que tome la dirección.
Con la amenaza de ruptura presente desde hace días, en el PP de Mazón ya trabajaban en esta hipótesis y, según las fuentes consultadas, no se plantean tampoco la opción del adelanto electoral y previsiblemente gobernarán en minoría reduciendo alguna consejería. Sin embargo, la estabilidad del Govern también puede verse comprometida ya que la izquierda, es decir, la suma de PSPV y Compromís, tiene más escaños que el PP en solitario, por lo que podrían bloquear cualquier votación o norma de calado si Vox decidiera desentenderse y no votar o abstenerse.
Murcia
En Murcia el Partido Popular y Vox tardaron tres meses en ponerse de acuerdo para repartirse los puestos en el nuevo gobierno de la Región de Murcia, hasta el punto de que ambos amagaron hasta el final en forzar una repetición electoral, y apenas tres días en cerrar un programa común de gobierno. Las diferencias que entonces habían separado a los dos partidos, en especial en torno al Mar Menor, desaparecieron o fueron aplazadas. Vox ostenta actualmente la vicepresidencia, que encabeza José Ángel Antelo, que también es consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio y tienen, además, la Consejería de Fomento.
La cohabitación entre ambas fuerzas también ha sido problemática en los últimos meses con polémicas como la del Mar Menor todavía presentes y, así, se entiende mejor que los dos consejeros del Gobierno regional de Vox, Antelo y el titular de Fomento, José Manuel Pancorbo, hayan dado plantón al presidente, Fernando López Miras, en el consejo de gobierno previsto para este jueves. Por lo pronto, y al igual que el resto de barones del PP, el plan de López Miras es gobernar en solitario, arropado por una mayoría de 21 escaños frente a los 13 de los socialistas. "Trabajamos todas las posibilidades y haremos siempre lo mejor para la Región, actuando con mesura y prudencia", aseguró este jueves el portavoz de la Comunidad, Marcos Ortuño, que tachó de "decisión unilateral" la marcha de Vox.
Extremadura
Después de repetir por activa y por pasiva que no gobernaría con Vox, la actual presidenta extremeña, María Guardiola, tuvo que comerse sus palabras y admitir la entrada de los ultras presionada por la dirección del PP el pasado año. Poco importó que hubiera dicho que no podía "dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI" y pasase a considerar "imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con Vox". Su caso fue la prueba más tácita de la falta de alianzas alternativas del PP, con un Feijóo que insistía en que se dejara gobernar a "la lista más votada", que en Extremadura fue la del PSOE.
El PP bloquea el reparto por ley de los menores migrantes y solo acepta reubicar a 400 ya pactados
Finalmente ambas formaciones alcanzaron un acuerdo para constituir el nuevo gobierno de Extremadura, en el que la extrema derecha tiene una única Consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, aunque durante este tiempo han evitado confrontar en las temáticas que más les dividen. La propia Guardiola ha admitido este jueves que su Ejecutivo seguirá trabajando "con la misma convicción y sabiendo perfectamente cuáles son nuestras líneas rojas, que han sido las mismas desde el primer momento" y tampoco prevé convocar elecciones. Sin embargo, al igual que le sucede a Mazón, la izquierda, con el PSOE y Unidas por Extremadura, le supera en escaños y podría impedir el avance de cualquier proyecto legislativo si los diputados de Vox no participan en la votación.
Aragón
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, también se vio obligado a cambiar su discurso conforme cambiaban las circunstancias políticas tras el 28 de mayo. Una vez que se confirmó que el PP no tenía la mayoría suficiente para alcanzar La Moncloa por el resultado de las generales, Azcón accedió a negociar un acuerdo de coalición con Vox y renunció a su pretensión inicial de gobernar en solitario. Así, la extrema derecha consiguió la primera, que dirige Alejandro Nolasco, que también ejerce de consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, además de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
La formación de Abascal buscó que su presencia en el Ejecutivo aragonés quedara bien marcada y en los últimos once meses la coalición ha sufrido varios enfrentamientos y ha derogado la ley de Memoria Democrática, ahora recurrida ante el Tribunal Constitucional Al igual que ha sucedido con los consejeros de Vox en Murcia, los representantes de la formación ultra que este jueves tenían previstos varios actos oficiales, han cancelado su agenda política. En el Ejecutivo Aragonés aseguran, por su parte, que están preparados para gobernar aunque sea en minoría. Así lo ha afirmado su portavoz y vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, quién ha asegurado que tras la ruptura será el presidente Azcón el anunciará de forma "inmediata" el nuevo organigrama.
El Partido Popular siempre presume de la “estabilidad” que aporta en sus gobiernos autonómicos, pero lo cierto es que se ha demostrado que sus alianzas son mucho más endebles que las del Gobierno de Pedro Sánchez. La legislatura anterior no consiguió gobernar cuatro años con Ciudadanos en las diferentes autonomías —a excepción de Andalucía— y en esta tampoco lo consigue con Vox, que ha decidido romper todos los puentes con la formación de Alberto Núñez Feijóo después de que el PP aceptara la reubicación este miércoles —ya acordada previamente— de 347 menores migrantes a la Península. Los conservadores se quedan, así, sin aliados con los que pactar y deberán gobernar en minoría los próximos años ya que, por el momento, no se prevé ningún adelanto electoral.