Presupuestos Generales del Estado

Ciudadanos utiliza ahora las competencias de Euskadi para abrir otro frente contra Rajoy

Mariano Rajoy junto a Iñigo Urkullu, en una imagen de archivo.

La alianza entre Partido Popular y Ciudadanos que permitió a Mariano Rajoy ser investido presidente del Gobierno no pasa por sus mejores momentos. Cuando la amenaza del partido naranja de sumarse a la moción de censura del PSOE contra Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid sigue sobre la mesa y hace que el futuro político de la dirigente conservadora penda de un hilo, Cs abrió este lunes otro frente contra el PP: el de los Presupuestos Generales del Estado. Si hace una semana parecía que Rajoy tenía amarrados los votos de los 32 diputados del partido de Rivera, ahora parece que no. Eso es, al menos, lo que trasladaron este lunes los "socios preferentes" del PP. Si desde el Gobierno central se conceden "privilegios" a Euskadi, Cs no votará las cuentas públicas para 2018.

¿A qué "privilegios" se refieren en Ciudadanos? Hace unos días, el lehendakari Iñigo Urkullu remitió una carta a Mariano Rajoy en la que instaba al Gobierno central a transferir a la comunidad autónoma las 37 competencias pendientes en aplicación del Estatuto de Gernika. A ello se suman las informaciones que apuntan a que para el PNV son prioritarias las competencias en materia de Seguridad Social y Prisiones.

El debate llega en un momento complicado. Esta misma semana se debaten en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. Para derribarlas y continuar con su tramitación parlamentaria, Rajoy necesita reunir 175 votos. Dado que el PNV rechazó la semana pasada presentar una enmienda a la totalidad, los conservadores confían en que los nacionalistas vascos no frenen la tramitación de las cuentas en esta fase. Una forma de "ganar tiempo" para las semanas en las que las cuentas públicas avanzarían en su tramitación hasta el debate definitivo en Pleno, algo que se espera para la última semana de junio. Los nacionalistas vascos siempre han mantenido que no darán un 'sí' a los Presupuestos de Rajoy mientras siga en vigor el artículo 155 en Cataluña.

En este contexto, en Ciudadanos ven relación entre la información publicada este lunes en el diario El Mundo que apunta a que el PNV insiste en la cesión de competencias en materia de Seguridad Social y la negociación para los Presupuestos. Esta es una de las demandas que figura entre las 37 competencias pendientes de traspaso que siempre ha obtenido la misma respuesta por parte del Gobierno español, independientemente de su color político: no se puede romper la unidad de la caja única.

 

A la reacción de Rivera en su cuenta de Twitter se sumaron las declaraciones del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Tras reconocer la "preocupación" de su formación en rueda de prensa, confió en que "no se pacten nuevos privilegios que nada tienen que ver con los Presupuestos Generales del Estado". Entre esos "privilegios" mencionó la "ruptura" de la "caja única" y los "privilegios" para los presos de ETA. Esta última mención era una alusión a unas declaraciones del portavoz del PP vasco en la Cámara de Vitoria, Borja Sémper, a la agencia Servimedia en las que admitía la posibilidad de "adecuar" la política penitenciaria "a la realidad del momento" si ETA se disuelve.

 

Fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre destacaron que es "imposible e impensable" la ruptura de la caja de la Seguridad Social y que el PNV lo sabe. En este sentido, recuerdan que el Tribunal Constitucional ya ha fijado los límites en esta materia. 

Otras fuentes conservadoras sostienen que sí es posible "asumir responsabilidades compartidas entre la comunidad y el Estado" en materia de "gestión", pero destacan que eso no es lo que demandan los nacionalistas vascos.

En este sentido, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, sostuvo en una entrevista concedida a Onda Vasca que ya el Tribunal Constitucional ha aclarado "los límites y cuál puede ser el alcance de la transferencia". "Nosotros hablamos de la participación del Gobierno Vasco en la gestión económica y eso está previsto en el Estatuto y no debe tener ningún problema. Si se quiere ir más allá, estamos hablando de otra cosa. Para nosotros mantener la unidad de la caja es esencial porque ofrece garantías", sostuvo el líder de los conservadores de Euskadi, informa Europa Press.

¿Cómo se cumple el artículo 18 del estatuto?

Mientras, desde el PNV recuerdan que el artículo 18 del Estatuto sostiene que, en esta materia, corresponde al País Vasco "el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma" y "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social". Así, las políticas seguirían estando en manos del Estado y la gestión habría de pasar a la comunidad autónoma. "¿Cómo se cumple este artículo?, se preguntan

El Gobierno vasco sostiene que es posible asumir esa gestión sin romper la caja única. Así lo mantuvo, por ejemplo, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, el pasado septiembre. "La caja única sólo admite un cajero, y la unidad de caja es compatible con muchos cajeros (uno de ellos el Gobierno Vasco), que gestionan el mismo régimen económico con las mismas reglas para todos". Así, demandó al Gobierno central que "no confunda deliberadamente ambos conceptos", indicando que Euskadi aspira a ser uno de esos "cajeros", lo que le permitiría una "gestión más próxima y más eficaz" y contar con nuevos recursos para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

En este área el Gobierno Vasco pide asumir funciones de "gestión y administración de las prestaciones económicas de la Seguridad Social", incluyendo la potestad sancionadora y la función inspectora. En el PP, sin embargo, hablan de "colaboración" en la gestión.

Dos líneas de cercanías

En próximas fechas se celebrará una reunión de la comisión mixta de transferencias en la que ambas partes defenderán sus posiciones. Uno de los asuntos que podrían llegar a este encuentro es la cesión al Gobierno vasco de dos líneas ferroviarias de cercanías. A día de hoy, no está previsto un debate en profundidad sobre otros asuntos, defienden fuentes del Ejecutivo.

Por su parte, la dirección nacional de los populares, en boca de su portavoz, Pablo Casado, destacó que "el PP sigue comprometido con la unidad de la Caja de la Seguridad Social". "Uno de los pilares fundamentales para mantener la solidaridad interterritorial de nuestro sistema de bienestar", añadió. Y descartó que el apoyo del PNV a la aprobación de las cuentas dependa de la transferencia de nuevas competencias. También fue muy insistente en que ETA no va a obtener nada. "No se va a ceder en nada". "Al igual que no hubo contrapartidas por dejar de matar, no las habrá por dejar de hacerlo", añadió.

"¿Son de fiar?"

La reacción de la formación naranja escoció en las filas conservadoras. Las fuentes consultadas mostraban su extrañeza por la reacción Rivera y su equipo apuntando a que en Cs, hasta la fecha, no se había puesto ningún tipo de condición extra para la aprobación de las cuentas públicas. "Son nuestros socios, sí. ¿Pero son de fiar?", se preguntaba un diputado en conversación con infoLibre. 

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El Partido Popular sigue en modo precampaña y, como hizo de cara a las municipales y autonómicas de 2015, cuando perdió gran parte de su poder regional y local, va a insistir en su llamamiento al voto útil. Se trata, no obstante, de un argumento que ahora se les pone un poco cuesta arriba si se tiene en cuenta que Ciudadanos ya supera al partido de Rajoy en muchas de las encuestas publicadas.

Dentro de este llamamiento al voto útil, los conservadores rescatan también una iniciativa de hace cuatro años y presentarán en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que, en las elecciones municipales, gobierne la lista más votada. El PP pretende que tanto PSOE como Ciudadanos "se retraten".

Hasta la fecha, los conservadores se habían mostrado reacios a hacer cambios en materia electoral si en estos no iban, al menos, de la mano del principal partido de la oposición.

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