Quedó registrada oficialmente como C00360/16. O como Diligencias de Investigación 04/2016 en el Ministerio Público. Pero a nivel policial se llamó operación Cardenal. Fue una de las primeras investigaciones puestas en marcha alrededor de Podemos. Se inició pocos días después de la apertura de la XI Legislatura, la primera del partido morado en las instituciones. Y tuvo como punto de partida, según ha podido saber infoLibre, una nota reservada que envió a la Fiscalía Antidroga al entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), José Luis Olivera, que actualmente se encuentra a la espera de juicio en el caso Kitchen. Un supuesto caso de narcotráfico que no tardaría en derrumbarse.
La operación Cardenal es una de esas investigaciones secretas que han aflorado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional sobre la supuesta guerra sucia contra la formación morada. Su nombre aparece en una minuta explicativa con la que un inspector de la Brigada Central de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial justifica las búsquedas que hizo en bases de datos policiales sobre Pablo Iglesias. El agente sostiene que en dicha investigación apareció el nombre del entonces eurodiputado morado Miguel Urbán y que, por eso, indagó también sobre el exlíder de Podemos.
Ese escrito, fechado a finales de octubre, dejaba caer que había sido el Ministerio Público quien identificó "plenamente" al europarlamentario en las pesquisas por narcotráfico. Pero lo cierto es que no fue Antidroga quien puso el nombre de Urbán sobre la mesa. Quien lo hizo fue, en realidad, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Es desde este organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior desde donde partió la información que acabaría poniendo en marcha un "rocambolesco" caso –en boca de algunos de los investigados– que apenas estaría vivo seis meses y que acabaría archivándose por falta del más mínimo indicio de delito.
Todo comenzó, según ha podido conocer este diario, el 22 de enero de 2016, nada más llegar Podemos a las instituciones. Ese día, el entonces director del Citco, José Luis Olivera, envió a Antidroga una nota informativa reservada en la que se daba cuenta de un posible tráfico de 40 kilogramos de cocaína en el que podían aparecer implicadas personas de relevancia pública. Un documento en el que se recogía que el eurodiputado de Podemos habría intercambiado en un pub dicha sustancia por dinero, al tiempo que se dejaba caer que la droga venía de Venezuela y que podía servir para financiar gastos de campaña de la formación política.
Una "información" que envió al Citco "algún cuerpo policial"
Este diario se ha puesto en contacto con Olivera a través de su abogado. El comisario jubilado deja claro, en primer lugar, que el Citco, que entonces dirigía, es "un organismo de coordinación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "sin capacidad operativa ni de investigación". Y dicho esto, entra en harina. Así, asegura que en este caso se actuó de la misma manera que se hace siempre que se reciben en el centro datos de estas características.
"Se trata de una información oficial que accedió al Citco y con la cual se actuó en la forma habitual, esto es, se comprobó la posible existencia de antecedentes en cuerpos policiales y al no detectarse conocimiento o investigación alguna en curso, dado que se trataba de un posible ilícito relativo a tráfico de sustancias estupefacientes se remitió la información a la Fiscalía correspondiente, cuya posterior actuación no consta a mi representado", afirma en una respuesta escrita remitida a este diario.
Fuentes de Interior consultadas señalan que "todas las comunicaciones oficiales" del Citco con "organismos ajenos" deben estar "firmadas o, cuanto menos, autorizadas por su director" y recuerdan, al mismo tiempo, que el organismo "está obligado por ley" a "poner en conocimiento del Ministerio Público" aquellos hechos "presuntamente delictivos" que conozca "en su labor de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado".
El comisario jubilado, además, explica que por parte del centro que él dirigía entonces no se efectuó "valoración alguna de la citada información" por corresponder la misma "a las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes". En este sentido, infoLibre ha preguntado por el cuerpo y el departamento del mismo que puso en conocimiento del Citco todo este relato de hechos que luego Olivera hizo llegar al Ministerio Público. "El Sr. Olivera recuerda que se trató de una información oficial procedente de algún cuerpo policial, pero no puede precisar de cuál", ha sido la respuesta.
Lo que sí ha dejado claro es que "nadie a nivel político, ni en otro ámbito, se interesó por dicha información, ni ejerció presión alguna sobre la persona de mi mandante, la que, en cualquier caso, habría sido rechazada sin más".
De jefe de la UDEF a procesado en 'Kitchen'
El de Olivera es uno de esos nombres que se mueven entre las sombras. El comisario jubilado fue uno de los primeros altos mandos policiales que cayeron en la operación para desmantelar las llamadas cloacas de Interior puesta en marcha por Fernando Grande-Marlaska en cuanto tomó posesión del cargo –ni dos meses duró al frente del Citco con el nuevo ministro–. Y se encuentra, en la actualidad, a la espera de juicio en Kitchen, que se centra en la supuesta operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con documentación comprometedora que pudiera tener sobre la formación conservadora.
En su caso, resalta el auto de procesamiento, "no se han hallado evidencias acerca de su participación directa" en la operación parapolicial. Ahora bien, apunta que hay indicios que evidencian que tenía conocimiento de la existencia de la misma y que nada hizo, como el resto de "funcionarios policiales señalados", para "denunciar o evitar" su "desarrollo" a pesar de ser "conocedores" de su "ilicitud". En este sentido, el instructor pone de relieve, por ejemplo, un audio de una reunión en la que habría participado, entre otros, Olivera, y en la que se conversa, entre otras cosas, sobre "aspectos relacionados" con la Kitchen.
El magistrado instructor, además, incluye en su auto de procesamiento que el comisario jubilado "pudo haber colaborado" cuando era jefe de la UDEF en "un movimiento encaminado a lograr" que el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, "abandonara su puesto". Esta afirmación se apoya, entre otras cosas, en apuntes recogidos en las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Aunque este extremo fue negado por el señor Olivera, el mismo agente corroboró el contenido de la anotación manuscrita, señalando que aquel le participó la posibilidad de poder ser trasladado a Lisboa", completa la resolución.
"MOROCHO-LISBOA", escribió Villarejo en sus agendas. Una anotación que aparece fechada el 16 de junio de 2013. Fue en aquel mes, el mismo en el que Bárcenas decidió tirar de la manta, cuando el inspector contó al magistrado instructor que Olivera le hizo llegar esa oferta para trabajar en el país vecino, lo que suele implicar una mejora económica. El ofrecimiento, siempre según el relato de Morocho, se produjo en una cafetería de la capital. "¿A dónde quieres irte? ¿A una embajada? ¿A cuál?", aseguró al juez que le dijo su superior jerárquico.
Una trama de narcotráfico que no existió
Aquella nota informativa reservada fue la que llevó a José Ramón Noreña, por aquel entonces fiscal jefe de Antidroga, a incoar las diligencias de investigación 4/2016, que declaró secretas. Lo hizo apenas tres días después, mediante un escrito en el que encargaba a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional la realización de las pesquisas alrededor de una información que el propio Olivera se encargó de ir completando con el envío de más notas. Documentos adicionales en los que, por ejemplo, se identificaba el pub donde habían tenido lugar los hechos y se destacaba su vinculación con la extrema izquierda.
La investigación se prolongó durante seis meses. Un periodo en el cual la Udyco llegó a realizar labores de vigilancia sobre el establecimiento. Y en el que, además, se llegó a indagar en la economía del entonces eurodiputado. Algo que se hizo a instancias de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que en un escrito remitido al fiscal sostenía que Urbán tenía gastos superiores a sus ingresos, insinuando la existencia de una vía de financiación no declarada, y ponía de relieve, además, una serie de donaciones pequeñas hechas tanto al partido como a una asociación, algo habitual en la formación morada desde su nacimiento.
La 'guerra sucia' contra Podemos: la Policía rastreó el nombre de Pablo Iglesias en un caso de narcotráfico
Pero al final no había absolutamente nada. Ni blanqueo de capitales ni tráfico de drogas ni financiación ilegal. La investigación abierta de forma secreta contra Urbán e, indirectamente, contra un Podemos que acababa de echar a caminar acabó metida en un cajón. En julio, la Fiscalía Antidroga decretó el archivo de las diligencias al no haberse podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la existencia del delito del que se acusaba al entonces eurodiputado.
Urbán prefiere no entrar a comentar los detalles de esta "locura inventada" que solo buscaba "dañar a una opción política". En conversación con infoLibre, habla de la "vulnerabilidad" y "fragilidad" que genera la facilidad con la que se intenta "destrozar" la vida de todos aquellos que son críticos con este régimen. "Estas informaciones vienen a darnos la razón a todos aquellos que decíamos que el régimen de 1978 tenía un grave problema democrático. Si los aparatos de seguridad funcionan siguiendo un modelo parapolicial que ataca a cualquiera que cuestione este régimen es porque hay un déficit democrático", apunta al otro lado del teléfono.
En este sentido, recuerda que siempre son los mismos quienes sufren todas las "tramas" surgidas de unos cuerpos policiales que están "hasta arriba" de "herederos de un franquismo" que se "siguen sintiendo inmunes".
Quedó registrada oficialmente como C00360/16. O como Diligencias de Investigación 04/2016 en el Ministerio Público. Pero a nivel policial se llamó operación Cardenal. Fue una de las primeras investigaciones puestas en marcha alrededor de Podemos. Se inició pocos días después de la apertura de la XI Legislatura, la primera del partido morado en las instituciones. Y tuvo como punto de partida, según ha podido saber infoLibre, una nota reservada que envió a la Fiscalía Antidroga al entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), José Luis Olivera, que actualmente se encuentra a la espera de juicio en el caso Kitchen. Un supuesto caso de narcotráfico que no tardaría en derrumbarse.