La 'guerra sucia' contra Podemos: la Policía rastreó el nombre de Pablo Iglesias en un caso de narcotráfico
Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía sitúa en el marco de una investigación antidroga parte de las búsquedas que se hicieron en bases de datos policiales sobre el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. Así consta en uno de los escritos que la Unidad de Asuntos Internos remitió a finales de octubre al Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, donde se investiga la supuesta guerra sucia contra la formación morada. En la minuta explicativa, el agente asegura que en unas pesquisas secretas por tráfico de drogas apareció el nombre del entonces eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, que niega cualquier relación con el narcotráfico. Y que, por eso, se realizaron consultas en bases policiales sobre personas de su entorno, entre ellas Iglesias.
El magistrado Santiago Pedraz indaga desde el pasado mes de febrero en las supuestas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial de personas que formaban parte de la formación morada. En el marco de esta causa, que se inició a raíz de una querella interpuesta contra altos responsables de la Policía y el Ministerio del Interior, la Unidad de Asuntos Internos trasladó al instructor el resultado de una auditoría que evidenciaba cientos de consultas en las bases de datos policiales sobre al menos 55 diputados de Podemos en los años 2015 o 2016. Más de un centenar de ellas sobre Iglesias, con palabras clave como "joyas", "hospederías" o viajes de avión y barco.
Tras recibir esta información, el instructor ordenó a la Policía, a petición del partido, que explicase dichas búsquedas adjuntando "el atestado, nota de servicio, instrucción escrita, diligencia o informe" del que se derivase el "interés policial o judicial" respecto de dicha persona. Desde entonces, el instructor ha ido recibiendo diferentes escritos justificando las consultas. En algunos casos se habla de labores de "contravigilancia" para proteger a líderes de la formación morada. En otros, de búsquedas automáticas informatizadas, renovaciones de pasaporte, pérdidas de DNI, denuncias por hurto o consultas de personas que se apellidaban igual que dirigentes morados.
Pero algunos policías también sitúan dichas consultas en el marco de investigaciones policiales secretas. Algunas, incluso, relacionadas con el narcotráfico. Así consta, por ejemplo, en una de las minutas explicativas remitidas en las últimas semanas al instructor de la causa. En ella, un inspector de la Brigada Central de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial dice que cuando se incorporó en marzo de 2016 se estaba llevando a cabo una investigación "catalogada como secreta", denominada Cardenal y tutelada por la Fiscalía Especial Antidroga mediante Diligencias de Investigación 04/2016. Fuentes fiscales confirman que existieron unas diligencias con esa referencia que fueron archivadas en julio de 2016.
El caso "apuntaba", continúa el agente, "a un grupo organizado" asentado en Toledo y Madrid "que presuntamente traficaba con grandes cantidades de droga", respondiendo "uno de sus integrantes" al "nombre de Miguel, sin más datos". "Este Miguel podría ser, según las informaciones iniciales, presunto suministrador de la sustancia estupefaciente", continúa en su escrito remitido a Pedraz. Un individuo al que la Fiscalía Antidroga, siempre según el relato realizado por el inspector, terminó identificando "plenamente" en un informe remitido al grupo investigador como Miguel Urbán Crespo, "situándolo, presuntamente, en una transacción de sustancia estupefaciente".
Tanto el nombre como el DNI que el policía incluye en el escrito remitido al juez instructor se corresponden con el del ex eurodiputado e impulsor de Podemos. Así lo confirma él mismo en conversación con infoLibre. Al otro lado del teléfono, Urbán se muestra sorprendido por dicha investigación policial, de la que nunca tuvo constancia y que se produjo mientras ocupaba uno de los escaños del Parlamento Europeo. Y, por supuesto, niega cualquier relación con el narcotráfico. De hecho, según apunta en su minuta el inspector, nunca se llegaron a encontrar "indicios racionales de criminalidad suficientes" que justificaran la "continuación" de la investigación. De ahí que se cerrase "pasando a pasiva".
Es a través de Urbán como el foco se extendió a Iglesias. Al fin y al cabo, ambos compartían espacio político. O así es, al menos, como lo justifica el inspector en el testimonio enviado a Pedraz: "Con la finalidad de avanzar en la investigación y una vez identificado Miguel como uno de los presuntos integrantes del grupo investigado, se realizaron diversas consultas a las bases de datos policiales sobre las personas de su entorno. Debido a que en ese momento se trataba de un significado miembro del partido político Podemos, entre las consultas efectuadas se incluyó el nombre de Pablo Manuel Iglesias Turrión".
De 'Bolívar' a 'Venus'
No fue la única investigación secreta que afectó a miembros de Podemos. Entre las minutas explicativas remitidas al magistrado se encuentra también un escrito de una inspectora jefa de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que hace referencia a otras dos operaciones: Venus y Bolívar. La primera arrancó en febrero de 2016, cuando la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, siguiendo "instrucciones" de su director –entonces Eugenio Pino–, remitió a la Comisaría General de Policía Judicial el informe Pisa –acrónimo de Pablo Iglesias SA–, un documento sin membrete oficial ni firma de policía alguno sobre la supuesta financiación iraní y venezolana de Podemos a través de la productora de un programa presentado por Iglesias.
El objetivo de dicha operación, expone la inspectora, era "comprobar la veracidad" de lo que se exponía en aquel documento mil y una veces rechazado por los tribunales cuya autoría ha terminado, con el paso del tiempo, atribuyéndose a la brigada política que operó durante la época de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Aunque en un primer momento se decidió incluir en esas pesquisas a las personas físicas y jurídicas relacionadas con la mercantil, y no a ninguno de los políticos mencionados, lo cierto es que entre las muchas consultas que se realizaron un agente buscó en la aplicación Personas "los apellidos Iglesias Turrión".
La inspectora jefa de la UDEF, no obstante, asegura que "dada la sensibilidad de las personas investigadas", finalmente decidió que sería "sólo ella" quien "procedería a consultar" en las bases de datos. Diez meses después del inicio de las pesquisas, en diciembre de 2016, se procedió a "pasar a pasiva la investigación" al no encontrarse "indicios suficientes de delito, sin que se procediera a grabar en el sistema de inteligencia el nombre de ningún político de los mencionados" en el informe Pisa.
En cuanto a Bolívar, la operación arrancó, de nuevo, en el seno de la Dirección Adjunta Operativa. Fue este órgano quien comisionó a la inspectora jefa y al comisario jefe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción a Nueva York para tomar declaración a Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. A aquella reunión acudió también el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, otro habitual en las maniobras de la brigada política. "Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior con el presidente", se le escucha decir en un audio desvelado por El Confidencial, en el que promete al declarante una nueva vida con su familia lejos de Venezuela.
Isea acabó declarando que el Gobierno venezolano habría transferido importantes sumas de dinero a la Fundación CEPS y a varios impulsores de Podemos –entre ellos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Jorge Verstrynge– por asesoramiento político, unos pagos que dudaba que hubiesen sido declarados fiscalmente. A raíz de este testimonio, el 14 de abril de 2016 se abrió Bolívar. Días después, funcionarios de la Dirección Adjunta Operativa entregaron documentación que daba a entender que el Ejecutivo de Nicolás Maduro habría ordenado una transferencia de 220.000 euros a una cuenta de Iglesias en el Euro Pacific Bank de San Vicente y las Granadidas. Justo la información que publicaría OkDiario y que desmentiría la propia entidad financiera.
"Es por ello por lo que la dicente procedió a consultar en las bases de datos policiales a Pablo Manuel Iglesias Turrión, siendo el principal de los objetivos de dichas consultas determinar si el citado había viajado a Venezuela en alguna ocasión y/o si había tenido contactos con alguna autoridad venezolana en territorio español", explica la inspectora en el escrito remitido a Pedraz. Tres meses después, en julio de 2016, aquella investigación se cerró al no encontrarse "indicios suficientes de delito". "Ante la exposición del estado de las actuaciones realizadas por la dicente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional entendió que no había pruebas suficientes que motivaran el inicio de unas diligencias de investigación", completa.
