Nuevo obstáculo en el camino de la investigación del caso del ático en Estepona del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Tal y como confirmó la policía la semana pasada a la jueza que investiga el caso, la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble, una propiedad que presuntamente recibió González como una comisión. El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.
La petición de la jueza Isabel Conejo buscaba conocer los movimientos de la cuenta bancaria del banco británico Lloyds Bank, desde la que la empresa investigada Coast Investors transfería fondos para el pago de la comunidad de propietarios del ático de González, imputado junto a su mujer, Lourdes Cavero. Reino Unido solicitó los datos esenciales para identificar la cuenta bancaria, pero la Policía no ha podido conseguir la información sobre la cuenta que reclamaban las autoridades británicas, dado que el Banco Popular sostiene que carece de la misma. Así consta en un oficio enviado por la Policía a la magistrada del caso, con fecha de 11 de mayo al que ha tenido acceso infoLibre.
"La entidad [el Banco Popular] aporta varios duplicados de abono por liquidación de orden de pago recibida, así como el detalle de una orden de pago recibida de fecha 31/05/2011, donde no se especifica el número de cuenta bancaria, el código de sucursal ni el número IBAN" de la cuenta emisora, explica en su oficio la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La unidad apunta que el Banco Popular explicó a la propia policía por teléfono que "no es posible ampliar más la información requerida, al haber aportado la misma con el máximo nivel de detalle y no disponer de información adicional de la misma en sus archivos informáticos".
El inicio de la tramitación de esta comisión rogatoria a Londres se remonta a noviembre de 2015, cuando la jueza que investiga el caso ático pidió información a las autoridades británicas sobre los movimientos del último titular de la cuenta bancaria del banco británico Lloyds Bank, desde la que la empresa investigada Coast Investors transfería fondos para el pago de la comunidad de propietarios del ático. La petición no fue traducida al inglés hasta el 3 de marzo de 2016 y no llegó al Ministerio de Justicia hasta un mes después, cuando fue remitida a Reino Unido. Las autoridades británicas respondieron el 22 de diciembre de ese año, pero su contestación no fue traducida y enviada al juzgado de Estepona hasta el 1 de marzo.
No obstante, esta respuesta informaba a las autoridades españolas de que en su comisión rogatoria faltaban datos básicos para que el Reino Unido pudiera investigar. En particular, la documentación no incluía el número de cuenta bancaria de la que se reclamaba la información a las autoridades británicas, y en la petición tampoco estaban presentes detalles como el número IBAN o el código de sucursal bancaria de la misma. Por ello, la jueza remitió la respuesta de Reino Unido a la policía el pasado 27 de marzo y le solicitó estos datos para poder continuar con la investigación. Y ésta ha sido la respuesta de la policía: como el Banco Popular no ofrece la información, el cuerpo no puede ofrecer ninguna aclaración.
Además, existe un segundo problema con esta comisión rogatoria, según se explica en el documento remitido por la policía a la jueza. Lloyds Bank, el banco que emitía el pago que después recibía el Popular, únicamente funcionaría como "entidad corresponsal" –es decir, como un mero intermediario– del US Bank de EEUU, que es la auténtica entidad desde la que Coast Investors pagaba la comunidad de propietarios del ático de González. Eso implica que la investigación a través de la comisión rogatoria se está dirigiendo a un mero intermediario, en lugar de centrarse en el verdadero banco de origen del dinero: el US Bank.
Más errores en las comisiones rogatorias
Se trata del enésimo problema con las comisiones rogatorias del caso ático. La senda se inició en marzo de 2013, cuando la Justicia española reclamó por primera vez a las autoridades del Reino Unido su colaboración para determinar el destino del dinero del supuesto alquiler que el exmandatario del PP madrileño y su mujer, Lourdes Cavero, abonaron desde 2008 y hasta diciembre de 2012 por el alquiler del dúplex de lujo en Estepona, que compraron formalmente ese mismo año.
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Cuatro años después, la lentitud de las traducciones y los errores cometidos a la hora de poner en marcha las comisiones rogatorias impiden conocer el destinatario de este dinero que pagaban Cavero y González, y tampoco se conoce quién era realmente el dueño del ático en 2008, cuando el expresidente –ahora encarcelado– lo alquiló por un precio por debajo del de mercado. Los errores, de hecho, han estado presentes desde la primera comisión rogatoria que se envió, que inició su tramitación en 2013, cuando la Justicia española pidió a las autoridades de EEUU información sobre las operaciones de compraventa del ático para conocer quién era su dueño en 2008, cuando lo adquirió el testaferro profesional Rudy Valner.
EEUU afirmó que el banco implicado en la compraventa no encontraba las transferencias de Coast Investors –la empresa que utilizó Valner para comprar el ático–, y posteriormente se descubrió que la razón era que la jueza había comunicado de forma errónea el número de cuenta a investigar, tal y como detectó la acusación popular de los extrabajadores de Telemadrid, personada en el caso.
No han sido los únicos problemas a la hora de pedir información a EEUU. Los percances también afectaron a la comisión rogatoria que envió la jueza Isabel Conejo el 3 de mayo de 2016 a ese país, ya que esta petición tardó más de cuatro meses en ser traducida del castellano al inglés para ser enviada al Ministerio de Justicia, que la recibió el 26 de septiembre de 2016 para continuar con su tramitación. Por otra parte, el 4 de febrero de 2016 la jueza ya había constatado que no se había traducido al inglés otra comisión rogatoria con fecha de noviembre de 2015.
Nuevo obstáculo en el camino de la investigación del caso del ático en Estepona del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Tal y como confirmó la policía la semana pasada a la jueza que investiga el caso, la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble, una propiedad que presuntamente recibió González como una comisión. El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.