Qué es la comisión de seguimiento de la lucha contra el odio y por qué revisará este viernes su estrategia

Lo anunció el propio Pedro Sánchez: la Comisión de Seguimiento contra los delitos de odio se reunirá de manera urgente este viernes. Y el propio presidente se pondrá al frente. Lo dijo después de que trascendiera la falsa agresión homófoba a un joven en pleno corazón de Madrid y lo ha mantenido una vez el denunciante rectificara su declaración este miércoles. La reunión se mantendrá y lo hará para evaluar las razones de la ola de delitos de odio que los organismos oficiales vienen constatando en los últimos meses. Entre enero y julio del presente año, el Ministerio del Interior ha contabilizado un total de 748 delitos de odio. Según los últimos datos disponibles, los hechos conocidos han pasado de 1.272 en 2016 a 1.401 el año pasado. Más específicamente, los incidentes de odio contra el colectivo LGTBI crecieron un 22,6% en ese mismo periodo, escalando de 230 a 282.

Preguntado por los pasos a seguir, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, aseguró este mismo jueves que ya se han iniciado los trabajos de cara a un segundo Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, la continuación de la estrategia vigente desde hace ahora tres años. Pero ¿en qué consiste este Plan y cuál es el cometido de la Comisión que lo revisa?

Fomentar la denuncia y combatir el discurso de odio

La herramienta se puso en marcha en 2019 y tiene previsto finalizar este año. Su objetivo no es otro que aglutinar y ordenar las reglas que han de cumplir los agentes de los cuerpos policiales para la identificación, correcta recogida y codificación de incidentes y delitos de odio. Gira en torno a cuatro líneas de acción –formación de los cuerpos de seguridad, prevención de los delitos de odio, atención a las víctimas y respuesta policial– que a su vez incorporan trece objetivos. Entre los propósitos que marca el Plan se encuentra el fomento de la denuncia –actualmente en torno a un 90% de las víctimas decide no acudir a las autoridades–, la identificación de espacios inseguros para los grupos vulnerables y el aplacamiento de los discursos de odio en redes sociales.

Con su puesta en marcha, se lanzaron también dos figuras clave: la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y la ya conocida Comisión de Seguimiento. La primera tiene la labor de impulsar, coordinar y supervisar el Plan; mientras que corresponde a la segunda valorar el alcance de su efectivo cumplimiento. La Comisión está formada por técnicos y representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Fiscalía. También participan en ella miembros de organizaciones del tercer sector, cuyo papel es poner voz a los colectivos vulnerables a los que tutelan. La Comisión se da cita con carácter ordinario una vez cada semestre y la última vez que se reunió fue el pasado 28 de julio. Este viernes será la primera vez que acude un presidente del Gobierno.

En su último encuentro, el Ministerio del Interior tomó la decisión de facilitar a la Oficina Nacional mecanismos de comunicación y cooperación directos con las unidades policiales que investigan posibles delitos de odio, con el fin de agilizar sus actuaciones. Tras esa última reunión, el departamento dictó además una instrucción para que los responsables de la Oficina Nacional puedan realizar un seguimiento "directo y específico" de aquellos casos que "adquieran especial relevancia por la alarma social que representan". Posteriormente dictó una segunda orden para que los atestados policiales que recogen actuaciones violentas de grupos organizados juveniles tengan en cuenta todo indicio que sugiera la existencia de un posible delito de odio.

La FELGTB participa por primera vez

En la reunión de este viernes estará presente por vez primera Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTB (FELGTB). Su presencia adquiere especial relevancia en plena escalada de violencia contra el colectivo. Junto a ella, participará Boti García Rodrigo, directora general de Diversidad Sexual y LGTBI, dependiente del Ministerio de Igualdad. También asistirá Rufino Tirado, miembro de LGTBIpol-Agentes de la Autoridad por la Diversidad y portavoces de otras entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Observatorio para la Libertad Religiosa.

Los participantes, indican fuentes convocadas al encuentro, contarán con un turno de palabra de cinco minutos. Según el orden del día fijado, cada uno expondrá sus valoraciones acerca del Plan de Acción y sus aportaciones "sobre la situación actual, los retos de futuro y las mejoras de cara al segundo Plan". La Comisión será clausurada por el líder del Ejecutivo y la previsión es que sirva para "marcar los ejes" en torno a los que girará la segunda estrategia, que se prolongará hasta 2024.

Con la mirada puesta en los delitos de odio con base en la orientación sexual e identidad de género de la víctima, los terceros más numerosos junto a los delitos por ideología y racismo, las demandas históricas de la comunidad LGTBI, pasan por la formación específica y reglada a todos los operadores judiciales, desde jueces a fiscales. Este verano la FELGTB solicitó una reunión urgente con el CGPJ, un encuentro que se prevé celebrar este mismo mes. La organización también exige una reforma del Código Penal, concretamente del artículo 510, relativo a delitos de odio. Pide mejorar su redacción de modo que se defina de una manera clara e inequívoca los grupos vulnerables que pueden ser objeto de discriminación.

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Ley Zerolo y Ley de Igualdad LGTBI

Otro de los movimientos que llegan desde las instituciones es el de poner el pie en el acelerador para el desarrollo de normativas específicas en defensa de los más vulnerables. Este miércoles, el propio Pedro Sánchez pidió a los diferentes grupos parlamentarios su compromiso para agilizar la tramitación de la conocida como Ley Zerolo. Un proyecto que el Grupo Socialista llevó al Congreso y que tiene el propósito fomentar el principio de igualdad por sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión, orientación o identidad sexual, enfermedad y situación socioeconómica

Paralelamente, el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a "acelerar el desarrollo" de la Ley de Igualdad LGTBI, cuyo anteproyecto fue aprobado este verano por el Consejo de Ministros, después de una encarnizada lucha interna a cuenta de la libre determinación de género. Esta norma, recuerdan fuentes de la cartera de Irene Montero, blinda la protección efectiva de las víctimas a través de servicios de información, orientación y asistencia. El proyecto también se centra en la prevención y combate de los delitos de odio, con medidas como la lucha contra "el blanqueo que los medios hacen de los discursos que incitan al odio", a través de una dotación de fondos públicos para "el respeto a la diversidad sexo-afectiva". En el apartado sancionador, incorpora una serie de infracciones de distintos grados, con multas de 200 a 150.000 euros.