Compromís recurre ante el TSJCV el nombramiento de los nuevos consejeros de RTVV

El grupo parlamentario Compromís ha presentado, como ya anunció el jueves, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) contra el decreto aprobado por el Gobierno de la Generalitat Valenciana, por el que se arroga la potestad de nombrar miembros del Consejo de Administración de RTVV y designar al director general sin pasar por las Cortes autonómicas.

Compromís, en su recurso solicita al tribunal la adopción de medidas cautelares que paralicen los nombramientos de los nuevos consejeros por parte del gobierno valenciano. Según ha asegurado la coalición en el recurso, el decreto está basado en una "inexistente urgencia" y tiene "como único objetivo" proceder acto seguido al nombramiento de cinco miembros "afines" a la política del Gobierno y sus decisiones, con el fin de "recuperar" el control político de la radio y televisión pública y hacer "efectiva" la decisión de efectuar "su cierre y liquidación, burlando la mayoría cualificada que la propia Ley exige para el nombramiento de tales consejeros y consejeras".

De este modo, Compromís considera que "se ha vulnerado el derecho de representación y participación en los asuntos públicos", recogido en el artículo 23 de la Constitución, al impedir a los diputados ejercer su derecho a elegir por mayoría de 3/5 a las personas que han de formar parte del Consejo de Administración, tal y como se regula en el la Ley 3/2012 de Estatuto de la Radiotelevisión Valenciana.

En consecuencia, asegura Compromís, se ha utilizado la vía excepcional de aprobación de un decreto para un "fin espúreo", como es el de "recuperar el control de una TV y radio públicas que estaban funcionando con normalidad, creando un supuesto de nombramiento directo por el Consejo que ni tan siquiera sería de aplicación". La coalición ha indicado que, el decreto aprobado se justifica bajo la argumentación de asegurar "el restablecimiento del normal funcionamiento del servicio público", y habla de "ausencia de gobierno y administración", argumentaciones que "se contradicen" con la realidad de los hechos.

"Vicio de desviación"

Es por ello que los nombramientos "adolecen de un vicio de desviación de poder" dado que el Gobierno ha ejercido potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico. Con el fin de recuperar el control político de la radio y televisión públicas ha modificado vía decreto una ley que exige una mayoría de 3/5 para nombrar a los miembros del Consejo de Administración, "argumentando que lo hace para garantizar la prestación de un servicio público cuyo cierre han anunciado el día anterior". "Y tal modificación exige para su aplicación la inexistencia de quórum, situación fáctica que no se ha producido", han agregado en el comunicado.

La "urgencia" reside en primer lugar en el hecho de que la recuperación del control político por parte del Consejo a través de los nombramientos tiene un objetivo declarado públicamente y "curiosamente opuesto al declarado en la justificación del decreto y los nombramientos: el cierre y liquidación de la empresa pública y mientras garantiza el control político sobre las emisiones".

Tanto el control político sobre las emisiones como el cierre serían "irreversibles", al negar el derecho de información de una parte y liquidar la sociedad mercantil por otra. Además significa que el derecho fundamental de información de los ciudadanos, recogido en el artículo 20 de la Constitución, "va a quedar irremediablemente vulnerado sin que una potencial sentencia estimatoria pudiera subsanar el daño producido".

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas ha presentado este viernes la proposición de ley que autoriza al Consejo a la extinción, disolución y liquidación de Radio Televisión Valenciana (RTVV). El PP, en el texto, pide a la Mesa de las Cortes que "dada la naturaleza y simplicidad" de la formulación de la proposición de ley, y al amparo del artículo 135 del Reglamento de las Cortes, sea tramitada por el procedimiento de lectura única.

El objeto de esta proposición de ley es suprimir la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat y, en consecuencia, autorizar al Consejo a la extinción, disolución y liquidación de RTVV. De este modo, se suprime la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico prestado por la Generalitat, por cualquier medio o canal de difusión, así como la prestación de cualquier otro servicio de interés general que en materia de radio y televisión presta la Generalitat en virtud de sus competencias estatutarias.

Cese de los consejeros

La norma deroga la Ley 3/2012 de Estatuto de Radio Televisión Valenciana. Asimismo, autoriza al Consejo para que, constituido en Junta General de Accionistas, extinga RTVV, y lo faculta para cesar a los miembros del consejo de administración de la sociedad. La proposición de ley también explica que, en el acuerdo de disolución, se nombrará una comisión de liquidación compuesta por tres miembros que llevarán a cabo "las actuaciones legales y estatutariamente establecidas". Asimismo, señala que, como consecuencia de la supresión de la prestación de los servicios de radio y televisión y el cese de las emisiones, se producirá la extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla.

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Añade que RTVV "asumirá las consecuencias económicas" resultantes del proceso de disolución y liquidación, "con cargo a la consignación presupuestaria que se preverá en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014". También indica que el Gobierno valenciano responderá, en su caso, de las consecuencias económicas derivadas de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJCV el pasado 4 de noviembre.

La exposición de motivos de esta proposición de ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, explica que la situación económica que atravesaba en los últimos años RTVV determinó, entre otras medidas, el "redimensionamiento de una plantilla que alcanzaba a más de 1.600 trabajadores".

A ese respecto, la proposición asegura que la sentencia del TSJCV declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y obliga a readmitir a los más de mil trabajadores, pero "dicha readmisión hace inviable la continuidad de la empresa", ya que "la Generalitat no puede asumir los costes en unos momentos de crisis económica y en los que la escasez de recursos económicos le obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos".