Podemos dice que está preocupado por si la reforma de la sedición termina criminalizando la protesta
Podemos ha advertido de que la reforma para derogar el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados le suscita preocupación por la posibilidad de que derive en interpretaciones que criminalicen la propuesta pacífica, y en ese sentido estudiarán en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley si es necesario plantear enmiendas, sgún informa Europa Press.
A su vez, la formación morada ha admitido que no participó directamente en la negociación con el PSOE para esta iniciativa, asumida desde la vicepresidenta segunda que ostenta Yolanda Díaz, y el presidente del grupo parlamentario confederal y representante de los 'comunes', Jaume Asens.
Así lo ha trasladado en rueda de prensa la coportavoz estatal de Podemos, María Teresa Pérez, para destacar que la derogación del delito de sedición es "muy buena noticia" porque era "anacrónico" y llevan "mucho tiempo reclamando". Y es que su postura es que el conflicto en Cataluña se soluciona desde la "política" y no desde la esfera judicial.
Por otro lado y sobre la opción de modificar también el delito de malversación con la vista puesta en los condenados del procés y si temía que podría beneficiar a casos como el del expresidente andaluz José Antonio Griñán en caso de acometerse, la dirigente de la formación morada ha explicado que por ahora no hay una propuesta concreta, pero que si surge lo estudiarán.
No cierra la puerta a enmendar
No obstante y sobre la propuesta ya registrada entre PSOE y Unidas Podemos, Pérez ha reconocido que les suscita cierta preocupación que la redacción del delito de desórdenes públicos agravados pueda ser interpretada para "criminalizar la protesta".
En consecuencia, ha apuntado que durante la tramitación parlamentaria se podrá valorar posibles cambios para "mejorar el texto", como ocurre en "multitud de ocasiones".
Este temor objetado por la formación se produce precisamente en un clima de tensión y de distanciamiento con Díaz, tras la exigencia de respeto para confluir con Sumar manifestada en la Uni de otoño.
Iglesias afeó "secretismo" en la reforma
La postura de Podemos es similar a la verbalizada por el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias el pasado viernes, que consideró un "avance democrático" la supresión del delito de sedición pero avisó de que no tendría sentido de que su eliminación concluya con la incorporación "por la puerta de atrás de otros tipos penales para criminalizar la protesta social".
También opinó que miembros de Podemos estaban estudiando en detalle una reforma que se había llevado a cabo con "enorme secretismo", defendiendo a su vez que existía un "consenso en toda la izquierda de que ninguna reforma puede servir para que activistas sociales que practican la desobediencia civil o protestan en la calle se puedan encontrar con nuevos tipos penales que sirvan para criminalizar la protesta social".
Fuentes de la negociación han indicado a Europa Press que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han estado coordinados en esta reforma legal, al considerar que lo correcto era modernizar el Código Penal para adecuarse al marco de las democracias europeas "más avanzadas". Y ello implicaba tanto eliminar propiamente este tipo penal como reducir las penas.
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Por otro lado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mantuvo negociaciones dentro del ala socialista con Asens, quien el viernes destacó que la derogación del delito de sedición era un objetivo planteado desde hace tres años y que han conseguido.
De esta forma y como ha venido reivindicado, las tesis del socio minoritario consistían en indultos, mesa de negociación y derogar la sedición, que han llegado a buen puerto en esta legislatura.
En el seno de la formación morada han mostrado cautela con algunas aristas del texto, sobre todo por posible afectación a la interpretación que hagan los cuerpos policiales y jueces de este delito en caso de protestas sociales cotidinanas, y que atribuyen al PSOE, que ha ejercido su posición de fuerza mayoritaria en el Ejecutivo.
