Los socios parlamentarios del Gobierno de coalición han decidido presionar al Ejecutivo sometiendo a votación este martes en el Pleno del Congreso su propia fórmula para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo.
En concreto, la Cámara tendrá que decidir si tramita una proposición de ley registrada en 2020 por ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, habituales aliados gubernamentales, auspiciada también por Junts, la CUP y el BNG.
Lo que plantean estos partidos es incorporar al Código Penal "una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
En concreto, según consta en el texto recogido por Europa Press, demandan la introducción de un artículo 2 bis para dejar claro que lo previsto en el Código Penal "no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".
Y la ley de memoria sigue "congelada"
Estas formaciones han optado por llevar este asunto al Pleno mientras se mantiene "congelada" la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática, que el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2021.
El texto superó las enmiendas de totalidad que registraron el PP, Vox y ERC en octubre. Los republicanos, que ya votaron en contra de la vigente Ley de Memoria en 2007 y consideran muy insuficiente la ley del Gobierno, llegaron a registrar un texto alternativo que también fue rechazado.
Pese a la oposición frontal de uno de sus socios en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en la Mesa de la Cámara, decidieron no prorrogar más el plazo para la presentación de enmiendas parciales y éstas se presentaron a finales de noviembre.
Los dos partidos que integran el gobierno de coalición acordaron un paquete de enmiendas conjuntas para mejorar la ley y dar cabida a algunas de las reclamaciones de Unidas Podemos, que siempre ha defendido la necesidad de garantizar que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados en España, lo que hasta ahora ha sido imposible por la Ley de Amnistía de 1977.
En este contexto, pactaron una enmienda para recalcar que aquella norma, clave en la Transición, se debe interpretar y aplicar conforme al Derecho internacional en particular, el humanitario, según el cual "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".
Distintas interpretaciones
Desde Unidas Podemos se aseguró que esa redacción abría la puerta a juzgar por ejemplo a torturadores franquistas, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer que no tendría en realidad efectos prácticos porque no deroga la ley del 77 sino que, al contrario, ratifica su vigencia y reafirma que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.
La falta de consensos amenaza con dejar la Ley de Memoria Democrática guardada en un cajón
Lo que persiguen los socios del Gobierno es que sea el propio Código Penal el que garantice el juicio y la condena de los actos u omisiones que en el momento de su comisión constituían según el Derecho Internacional, delitos de genocidio y lesa humanidad.
La fórmula para abrir la puerta a juzgar los crímenes franquistas que acordaron los integrantes del Gobierno de coalición soliviantó a ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó al Gobierno de haber intentado "vender humo" con esas modificaciones y dejó claro que las víctimas no encontrarán respuestas a sus demandas en la Justicia española mientras no se toque la Ley de Amnistía.
Tras la polémica, el PSOE optó por "congelar", la tramitación de la ley, que sigue hibernando en el Congreso desde entonces, a la espera de recabar apoyos para poder llegar con un acuerdo avanzando a la ponencia donde se debatirán las enmiendas.
Los socios parlamentarios del Gobierno de coalición han decidido presionar al Ejecutivo sometiendo a votación este martes en el Pleno del Congreso su propia fórmula para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo.