El Consejo General de la Abogacía exige "el cese inmediato" de las devoluciones en caliente

El Consejo General de la Abogacía Española ha exigido este martes "el cese inmediato de las devoluciones en caliente" como las que, conforme denuncia, tuvieron lugar el pasado 1 de enero en la valla de Ceuta, donde un centenar de personas interceptadas en el salto del perímetro fueron entregadas sobre la marcha a Marruecos, según ha informado Europa Press.

Para la institución, resulta "inexplicable" que, "pese a las reiteradas advertencias realizadas por el Consejo de Europa a lo largo de 2016 en relación a este tipo de prácticas, se sigan cometiendo irregularidades ya denunciadas".

"Un vez más, la Abogacía Española quiere recordar que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada", dice la institución, para incidir en que la ausencia de este tipo de procedimiento "impide identificar situaciones de vulnerabilidad" como a menores, víctimas de trata o refugiados.

En la misma línea, reitera que todo procedimiento de devolución o de rechazo debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional aplicada en España, y en consecuencia, seguir el principio de no devolución.

Asimismo, la Abogacía muestra "preocupación" por todas las personas que sufrieron lesiones y fueron expulsadas a Marruecos, donde "se desconoce si han recibido la atención médica necesaria", y "exige el cese inmediato de este tipo de prácticas que conculcan derechos fundamentales de las personas".

SOS Racismo pide la comparecencia de Zoido

Por su parte, la Federación SOS Racismo ha reclamado la comparecencia urgente en el Congreso del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique lo sucedido en torno al salto en grupo de la valla de Ceuta.

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Conforme explica al secretario de la Federación, Mikel Mazkiaran, el titular de Interior debe "aclarar la posible vulneración de la legislación internacional de obligado cumplimiento para España" y que prohibe las expulsiones colectivas, así como la devolución sumaria de personas que no han sido identificadas y no han tenido por tanto, opción a pedir protección internacional.

"El hecho de que incluso se haya hecho público que Cruz Roja diese asistencia sanitaria a estas personas agrava el rol del Ministerio, en la medida que no sólo hay que garantizarles la asistencia humanitaria, sino también un procedimiento individualizado. De lo contrario, no hay otra lectura que una vulneración flagrante del Derecho Internacional que el Ministro debe explicar de forma urgente en el Congreso", dice Mazquiaran.

Por ello, la plataforma solicita al ministro de Interior que comparezca en el Congreso "de forma urgente, no sólo para dar las oportunas explicaciones sobre estas potenciales vulneraciones de derecho, sino también para informar de los mecanismos que su ministerio pondrá en marcha de forma inmediata para dar cumplimiento a la legalidad internacional vigente en materia de derechos humanos".