El Partido Popular está desplegando una estrategia consistente en desacreditar las instituciones y erosionar muchos de los marcos democráticos que le lleva a copiar el estilo antisistema de dirigentes de Donald Trump. En el foco ha puesto órganos como el Tribunal Constitucional, el Gobierno y el propio Congreso de los Diputados, donde no tiene mayoría en estos momentos.
1. El Tribunal Constitucional. Los populares han emprendido una campaña contra el máximo órgano de interpretación de la Constitución después de que se conformara la nueva composición que le da mayoría al sector progresista. El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, llegó a afirmar el martes que este tribunal es el “cáncer del Estado de Derecho” y abrió la puerta a que los populares no acudan a él: “En estas condiciones que nadie le sorprenda que el PP un día decida no recurrir nada más al TC, y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal”. Ante la polémica por sus palabras, el político valenciano matizó y pidió disculpas posteriormente.
Pero en apenas unas horas, el PP volvió este miércoles a cuestionar al Tribunal Constitucional y atacar su supuesta neutralidad. La ‘numero dos’ de los populares, Cuca Gamarra, criticó la “colonización” de Pedro Sánchez “colocando” a personas que “provienen de su propio Gobierno”. “No es el mejor de los caminos para garantizar la independencia del Tribunal”, aseveró, para remachar: “Eso no ayuda a la imagen de imparcialidad”. Remarcando en todo momento que “pone en duda” esa imparcialidad.
Esa línea de deslegitimación la siguió también el portavoz del PP, Miguel Tellado, que afirmó este miércoles que "es normal que se dude de la imparcialidad del Tribunal Constitucional porque el primero que ha tratado de contaminarlo políticamente ha sido Pedro Sánchez”. El dirigente del PP, hombre de la máxima confianza desde hace años del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, lleva meses enfocándose en el Alto Tribunal. Ya en noviembre hizo una intervención en la Cadena Ser en la que llegó a trasladar que el Constitucional “es un tribunal de parte porque Pedro Sánchez y su Gobierno lo han invalidado todo”.
El propio presidente de los populares ha cuestionado también la neutralidad del Alto Tribunal en varias ocasiones. El pasado mes de octubre contestó en una entrevista que con los nombramientos que ha hecho el Gobierno del Tribunal Constitucional ha sido el Ejecutivo el que ha sembrado de dudas la imparcialidad”. Hace apenas una semana, tras el amparo del TC a Arnado Otegi y a Alberto Rodríguez, el dirigente conservador acusó al Constitucional de “estar suplantando” al Tribunal Supremo. Todos estas palabras van contra un órgano que será clave porque será el encargado de dictaminar sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, la pieza fundamental de apoyo de los independentistas al Ejecutivo y la máxima arma político de Génova 13.
2. El Congreso de los Diputados. “¿Es verdad que la soberanía nacional ya no reside en las Cortes? Pues lo que llevamos de legislatura, yo tengo que ser sincero: no”. Esta afirmación la lanzaba este mismo mes de enero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en EsRadio. Él mismo reconoció que esto suponía erosionar la legitimidad a la Cámara Baja, pero se defendió: “Es el Gobierno el que le ha restado legitimidad”. Su argumento se basó en esta teoría: “Porque en el Congreso da igual lo que digamos. Si es que se reúnen (el PSOE y sus socios) fuera del Congreso durante la sesión plenaria”. Para, además, hacer este símil: “Estamos empezando a ver que se parece más al Parlament, en el que las normas de funcionamiento interno se socavaron en favor del independentismo”.
El líder de los populares también trata de restar legitimidad al Congreso poniendo foco en el Senado, donde sí tiene mayoría absoluta. El líder de la oposición anunció ante su grupo parlamentario que se van a convocar tres plenos al mes en la Cámara alta, algo que causó estupor en el resto de partidos porque tendría que ser una decisión que tomara el presidente de la institución y anunciarla en la Mesa. El expresidente de la Xunta dijo ante los parlamentarios populares: “Vamos a proteger las Cortes Generales una vez que hemos visto que el Gobierno ha entregado el Congreso a las minorías y que se ha convertido en un foro de inestabilidad y chantaje”. “Vamos a contrarrestar la humillación que se vive en el Congreso”, enfatizó así, refiriéndose a las mayorías parlamentarias que suman el PSOE y ERC con el resto de fuerzas de la investidura.
Los conservadores también tratan de desarmar la legitimidad de la mayoría parlamentaria con la propuesta que lanzaron de ilegalizar a los partidos que promuevan referéndums de independencia. La iniciativa ha sido cuestionada por la mayoría de partidos y por muchos juristas al entender que supone un giro en la propia concepción de la organización democrática porque supone la ilegalización por las ideas de las formaciones.
3. El Gobierno. Los populares llevan ya años en la oposición cuestionando incluso la propia legitimidad del Gobierno, algo que ya hizo Pablo Casado, pero a lo que se unió el actual líder del Partido Popular. Núñez Feijóo ha hecho declaraciones como que Sánchez es “legítimamente presidente, pero no es legítimo lo que está haciendo”. Los populares también han arreciado contra la investidura del presidente por considerar que nace de un “fraude” y de un ejercicio de “corrupción política”. “Lo que se trae a la Cámara no se votó en las urnas”, han reiterado constantemente.
González Pons ve un "cáncer" en el Tribunal Constitucional y luego pide perdón
El reciente pacto del PSOE y de Junts para enmendar la ley de amnistía también ha servido esta semana al PP para introducir el elemento de que el Ejecutivo está fuera del sistema democrático. El portavoz popular en el Congreso lanzó este martes que un Gobierno “que ampara a terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna”.
4. El Consejo General del Poder Judicial. Los conservadores, en cambio, llevan reteniendo la mayoría conservadora desde hace cinco años en el órgano de gobierno de los jueces incumpliendo de esta manera la propia Constitución española que marca los tiempos de renovación. Desde la época de Pablo Casado hasta la actual de Alberto Núñez Feijóo se han puesto sobre la mesa una treintena de excusas para romper las negociaciones con motivos tan variopintos como la formación del Gobierno de coalición o las críticas de Podemos al rey Juan Carlos pasando por las elecciones andaluzas y la reforma del delito de sedición.
Ahora el Gobierno y el PP se han emplazado a volver a negociar esta renovación con la exigencia puesta sobre la mesa por los populares de que la Comisión Europea ejerza el papel de mediación (algo que los conservadores habían criticado en el caso de las negociaciones entre el PSOE y Junts). Bruselas todavía no se ha pronunciado sobre el rol que quiere desempeñar. Los populares asimismo siguen poniendo como condición que se lleve a cabo un cambio de ley para que los jueces tengan más poder a la hora de seleccionar a los miembros del Consejo General. El órgano de los jueces, con mayoría conservadora en estos momentos, se ha movido durante estas semanas para arremeter contra la futura ley de amnistía.
El Partido Popular está desplegando una estrategia consistente en desacreditar las instituciones y erosionar muchos de los marcos democráticos que le lleva a copiar el estilo antisistema de dirigentes de Donald Trump. En el foco ha puesto órganos como el Tribunal Constitucional, el Gobierno y el propio Congreso de los Diputados, donde no tiene mayoría en estos momentos.