Las consultas a las bases se cruzan el camino de la izquierda hacia posiciones de poder. Dos casos, Barcelona y Navarra, este último directamente conectado con la posible formación de una mayoría para investir presidente a Pedro Sánchez, ilustran cómo la obligación autoimpuesta de consultar a los militantes las decisiones postelectorales chocan con los intereses inmediatos de la dirigencia política. Ambos casos, que experimentaron este viernes giros y tensiones, están pendientes de resolución, pero tienen algo en común: la existencia de presiones y maniobras para reducir en lo posible el margen de decisión de la totalidad de los militantes. Son problemas que la derecha no tiene. PP, Cs y Vox concentran la decisión sobre los pactos en sus líderes –Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal– y el más estrecho círculo en torno a estos.
Con la gobernabilidad estatal, autonómica y municipal en juego, los partidos maniobran para lograr el doble objetivo de maximizar su poder contraviniendo lo mínimo posible sus compromisos previos, sin provocar crisis internas ni enojo en las bases. Los grupos de izquierdas, como PSOE, Unidas Podemos y Barcelona en Comú, lo hacen además con la obligación de consultar a las bases sobre cualquier pacto postelectoral. No obstante, allí donde surgen dudas sobre la posible respuesta de las bases, saltan chispas e incluso se pone en duda la obligatoriedad de las consultas o su carácter vinculante.
En la segunda mayor ciudad de España, Barcelona, Ada Colau podría presentarse a una votación de investidura de incierto resultado sin someterse a la consulta de la totalidad de los inscritos, como sí hizo en 2017 cuando les preguntó si romper con el PSOE de Miquel Iceta tras la aplicación del 155. El motivo es que esta vez no hay un pacto que someter a consulta, lo que hace que la consulta sea una posibilidad y no una obligación. Colau sí sometió este viernes su voluntad de acudir a la investidura ante el plenario de activistas, el equivalente al consejo o comité estatal de otros partidos, al cuya reunión acudieron cerca de 500 personas. Este órgano tiene entre sus funciones "validar las grandes decisiones políticas". Es decir, no se saltó los reglamentos de BeC, pero tampoco convocó a la totalidad de los inscritos para una consulta. Colau salió airosa de la votación: obtuvo 457 síes y 27 noes. Si llegara a algún pacto antes de la investidura, debería someterlo obligatoriamente a la votación de unos 10.000 inscritos. Si llega sin haber pactado nada, le vale con este aval del plenario.
En Navarra la candidata socialista, María Chivite, rechaza de plano hacer presidente al candidato conservador de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Cs, que ofrece a Pedro Sánchez en Madrid los dos diputados de UPN en el Congreso, opción que podría interesar en Ferraz. Los Estatutos y el reglamento del partido son claros: debe decidir de manera obligatoria, exclusiva y vinculante la militancia navarra. Pero ya se han alzado voces en el PSOE (Carmen Calvo) que han puesto en duda que la soberanía de la militancia navarra esté por encima de la decisión última de Ferraz.
PSOE: Mucho en juego en Navarra
En cuanto a consultas a las bases, sobre el papel no hay duda en el PSOE: los pactos los deciden las bases. La posición de los socialistas es ahora clave en la definición de los gobiernos autonómicos de Canarias y de Navarra, que a su vez pueden tener influencia en la propia investidura de Pedro Sánchez, especialmente en el caso de la comunidad foral. Pamplona es ahora mismo un punto caliente del tablero negociador. Y en las manos de los militantes del PSN puede recaer una decisión con repercusiones en toda España.
La normativa interna emanada del 39º congreso, el que aupó a Sánchez a la Secretaría General en junio de 2017, lleva la vitola de materializar aquella promesa del hoy presidente de "devolver el PSOE a las bases". Atendiendo a la letra de sus Estatutos y su reglamento, la militancia debe ser consultada sobre los acuerdos postelectorales en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas, siendo la expresión de su voluntad totalmente vinculante. Menos claro está qué y cómo y cuándo se pregunta. Y cómo será la aplicación en la plaza Navarra.
Los Estatutos establecen que la Comisión Ejecutiva Federal, es decir, la dirección del partido, y las ejecutivas autonómicas, insulares, provinciales o municipales deberán convocar consultas en el nivel territorial que corresponda sobre los acuerdos de gobierno o sobre el voto para la investidura de otro partido. El reglamento federal que desarrolla los Estatutos establece que las consultas a las bases en estos casos son obligatorias y vinculantes. Además, se realizarán "al nivel territorial que corresponda". Es decir, en cada municipio o comunidad se debe realizar una consulta con los militantes de ese municipio o comunidad. Traducción al caso: no votaría toda la militancia del PSOE lo que hacen en una sesión de investidura los diputados del PSN en Navarra, sino que lo decidiría la militancia navarra. Eso, al menos, dice la normativa.
Las negociaciones de gobierno a múltiples bandas conspiran para complicar la ecuación navarra. La coalición conservadora de UPN, PP y Cs, llamada Navarra Suma, ha obtenido 20 escaños, por 11 del PSN, 9 de Geroa Bai, 7 EH Bildu, 2 de Podemos y 1 de Izquierda-Ezkerra. Con esos números, el PSN tiene la llave. UPN ha ofrecido a los socialistas el voto favorable a Sánchez de sus dos diputados en el Congreso si el PSN deja gobernar a Navarra Suma en la comunidad foral. A esta opción se opone la candidata socialista, María Chivite, que se quiere presentar a la investidura, eso sí, con una línea roja: no pactar nada con EH Bildu, pese a que se apoyo es imprescindible para salir investida.
Ferraz no ha frenado los planes de Chivite, pero ha dado síntomas claros de mirar con agrado la hipótesis del intercambio con UPN, al que no se han opuesto ni PP ni Cs. Carmen Calvo llegó a decir este jueves que Ferraz, que tiene como "prioridad" la formación de gobierno a nivel estatal, se reserva la "última decisión de algunas cuestiones trascendentales". Pero el propio presidente, preguntado el jueves al respecto, dijo que la decisión es de la militancia navarra: "Está reglado y tasado en los estatutos del partido. Con lo cual, en fin, es que en eso no hay cuestión, no hay debate, es así”.
Así las cosas, y con los Estatutos y el reglamento en la mano, sería obligatorio y vinculante preguntar a la militancia navarra –sólo a la navarra– por una posible abstención que hiciese presidente al candidato de Navarra Suma, Javier Esparza. También sería obligatorio preguntar a la militancia navarra –sólo a la navarra– por un acuerdo de gobierno con Geroa Bai y otras fuerzas políticas, con una formulación que podría hacer referencia o no al hecho de que esta fórmula requeriría la abstención de EH Bildu. En la memoria del socialismo navarro aún persiste el agostazo, una maniobra política de Ferraz en 2007 por la que el secretario de Organización, José Blanco, impidió la formación de un gobierno entre Nafarroa Bai, PSN e IU, dando el gobierno a UPN en coalición con la Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN). Todo gracias a la abstención del PSN. "Tenemos en la mente presente el agostazo", advirtió este jueves el secretario de Organización de los socialistas navarros, Ramón Alzórriz.
Hay más plazas donde el PSOE tiene frentes abiertos. En Canarias el PSOE de Ángel Víctor Torres es la fuerza más representada, con 25 escaños, pero la mayoría absoluta está lejos, en 36. Sería alcanzable con fuerzas progresistas: Nueva Canarias (5), Podemos (4) y Agrupación Socialista Gomera (3). Junto con los socialistas, podrían sumar 37. Ocurre que el segundo partido más votado es Coalición Canaria, que gobierna las islas desde 1993 y tiene 20 escaños. Y no sólo eso. También tiene dos diputados en el Congreso, cuyo apoyo podría necesitar Sánchez. Al día siguiente de las elecciones el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se mostró abierto a un pacto con Coalición Canarias en las islas –"tenemos que abordarlo–, pero lo cierto es que los socialistas canarios se mueven para conformar un acuerdo con los partidos progresistas sin que hasta la fecha haya intervenido Ferraz.
Con la normativa en la mano, la militancia canaria tendría que decidir si se gobierna con CC o con las fuerzas progresistas.
No habrá ni siquiera que mirar los reglamentos en Extremadura y Castilla La Mancha, donde el PSOE ha obtenido mayoría absoluta. La ecuación es también fácil a priori en Baleares, Asturias y la Rioja, donde hay números para un gobierno del PSOE apoyado en otras fuerzas de izquierdas. En Cantabria el PSOE podría completar, como hizo durante la pasada legislatura, la mayoría del PRC de Miguel Ángel Revilla.
Todas estas decisiones –los pactos liderados por el PSOE con ayuda de Podemos u otras fuerzas de izquierdas y el apoyo a Revilla– deberían, con el reglamento en la mano, ser consultadas de forma obligatoria, exclusiva y vinculante a las bases de las respectivas comunidades. Lo mismo ocurre con el pacto que ha alcanzado el PSOE de Javier Lambán con los conservadores del PAR, al que esperan atraer a Ciudadanos.
La toma de decisiones sobre pactos en el PSOE se volvería potencialmente más conflictiva en caso de pacto con Ciudadanos, siempre que haya alternativa. Aún se recuerda el cántico "¡con Rivera no!" con el que los militantes lanzaron su particular advertencia a Sánchez la misma noche del 28 de abril. Sánchez tomó nota. No obstante, este es un escenario lejano. Ciudadanos niega apoyo al PSOE casi por sistema, y siempre cuando el PSOE tiene la alternativa de Podemos. Rivera ha sido claro e insistente en que votará no a la investidura de Pedro Sánchez.
Barcelona en Comú: paso al frente de Colau
En 2017 Barcelona en Comú planteó una pregunta a sus más de 9.500 inscritos: "Dado el apoyo del PSC/PSOE a la aplicación del artículo 155, ¿Barcelona En Comú debe poner fin al pacto de gobierno con el PSC en la ciudad para gobernar en solitario?". De los alrededor de 3.800 participantes, un 54,18% votó por la ruptura. Y Ada Colau rompió con el PSC. Ahora Barcelona en Comú vuelve a estar en una encrucijada, pero más difícil.
Las municipales han propiciado un empate a diez concejales entre ERC y los comuns, aunque con los independentistas como fuerza más votada. Ello ha dado la iniciativa al candidato de ERC, Ernest Maragall, que no encuentra socios suficientes para su investidura. Colau dice que estaría dispuesta si también se suma el PSC de Jaume Collboni (8), pero este no quiere. Y Colau rechaza la fórmula de ir con ERC y la derecha de Junts. Así las cosas, Manuel Valls, que ha logrado 6 concejales, ha ofrecido el apoyo a BeC de sus ediles –aunque no es seguro que todos lo siguieran por ese camino– para evitar, si Collboni también se suma a la maniobra, un gobierno independentista.
La actual alcaldesa ha rechazado públicamente la propuesta, pero al mismo tiempo este viernes los comuns han anunciado que se presentará candidata a la investidura. Formalmente pretende el apoyo de ERC y PSC, aunque ambos socios potenciales se vetan entre sí y rechazan la fórmula. La decisión de Colau podría, como cualquier asunto "de especial relevancia", ser sometida a votación de las bases, de la misma forma en que se hizo en 2017. No obstante, desde BeC señalan que El Comú, como se llama al órgano conformado por el conjunto de las bases, sólo tiene que ser consultado si hay un acuerdo que someter a consulta. Es decir, "si hay pacto", como apuntan desde BeC. Se remiten a su reglamento, que establece que El Comú debe ser consultado para "aprobar o rechazar pactos con otras fuerzas políticas". En este caso, en efecto, no hay pacto, por lo que formalmente no hay obligación de preguntar. Pero sí existe esa posibilidad, como la hay para "cualquier asunto que se considere de especial relevancia", como dice el reglamento. La pregunta ahora es: ¿Considerará Colau "de especial relevancia" la decisión de presentarse a una investidura en la que podría salir investida alcaldesa con el apoyo del PSC y Valls, aunque no tenga un acuerdo con ellos?
infoLibre trasladó a BeC la pregunta de si no se consideraba esta una decisión de "especial relevancia" que justificara la consulta a todos los inscritos. La respuesta fue que se trata, en efecto, de un "asunto relevante", motivo por el cual se llevó al plenario, que también es un órgano representativo y de gran relevancia. Los comuns subrayan que, al no haber pacto, no hay obligación de convocar a los 10.000 inscritos del Comú, y recalcan la legitimidad del plenario. Dicho órgano es un espacio deliberativo para la "toma de decisiones estratégicas", según el reglamento. Entre sus funciones está la de "validar las grandes decisiones políticas".
Este viernes el plenario validó la decisión de Colau de presentarse a la investidura. La candidata de Barcelona en Comú salió victoriosa de la votación: obtuvo 369 y 17 noes. Ahora se da una situación curiosa. Si llegara a algún pacto antes de la investidura, el día 15, debería someterlo obligatoriamente a la votación de unos 10.000 inscritos en el Comú. Si ese día llega sin haber pactado nada, no lo necesitará. El PSC ya ha advertido de que quiere un acuerdo previo.
Unidas Podemos: preguntar antes de gobernar
Los Estatutos de Podemos señalan que es competencia de la "Asamblea Ciudadana Estatal", es decir, de todas las personas filiadas, "aprobar o rechazar cualquier pacto o alianza preelectoral o postelectoral, de gobierno o de investidura, con otras fuerzas políticas". El documento establece también que se "podrá" convocar la asamblea ciudadana para llevar a cabo "consultas de carácter vinculante sobre elementos de gran relevancia política por decisión del secretario general –actualmente Pablo Iglesias–, la mayoría simple del Consejo Ciudadano, un 10% de los afiliados y un 20% de los círculos activos. Por procesos similares se rigen las asambleas autonómicas y municipales, según establecen los Estatutos.
El documento organizativo de Podemos, aquel con el que el equipo de Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique ganó Vistalegre II, le da al conjunto de los inscritos la facultad de "aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral, así como de gobierno, en que participe Podemos". Es una formulación similar a la recogida en este documento para las asambleas autonómicas y municipales. Con esta letra, podría discutirse si hay que consultar a las bases para un acuerdo postelectoral en el que Podemos no sea gobierno, por ejemplo, para abstenerse y dejar gobernar a Sánchez sin entrar en el Ejecutivo. Ahora bien, es difícil entender que cualquier pacto postelectoral pueda quedar fuera de lo que la normativa del partido llama "asuntos de especial relevancia política u organizativa", sobre los que debe pronunciarse siempre la asamblea ciudadana del nivel que corresponda.
La secretaría de Organización de Podemos no ve margen para la incertidumbre y asegura que cualquier decisión de pacto postelecteral se adoptará en el ámbito que corresponda, estatal, autonómico y municipal, mediante consulta a las bases del territorio concernido. Además no habrá –subrayan– imposiciones desde Madrid. Desde Podemos señalan específicamente que tendrá que haber consultas allí donde sean necesarios pactos, como Baleares, Asturias o La Rioja, y recuerdan que Iglesias es un convencido de esta fórmula que ya ha manifestado públicamente que la posición de Podemos en relación con la investidura y la formación de gobierno será sometida a la voluntad de la militancia. La voluntad clara de la dirección de Podemos es entrar en el gobierno.
En cuanto IU, los Estatutos son claros para el caso de que haya que entrar en un Ejecutivo, sea el estatal o uno autonómico o local: "La posibilidad de un acuerdo de gobierno se considerará motivo inexcusable para la convocatoria de referéndum a cualquier nivel de dirección". No obstante, la dirección de IU ya se ha mostrado contraria a entrar en gobiernos con el PSOE.
Merece comentario el caso de Más Madrid. Íñigo Errejón, candidato en la Comunidad de Madrid, se ha mostrado abierto a un pacto PSOE-Cs-Más Madrid. El caso es meramente hipotético, porque todo apunta a un acuerdo PP-Cs-Vox. Pero, en caso de que la idea de Errejón pudiera llegar a materializarse, ¿tendría que pasar por las bases? Reglamentariamente no sería obligatorio. "No está regulado", señalan desde el partido de Manuela Carmena e Íñigo Errejón, donde explica que hasta el momento las decisiones recaen en los grupos municipal y autonómico.
PP, Cs y Vox: decisiones en la cúpula
Los partidos conservadores se calientan bastante menos la cabeza que los de izquierda con las consultas. No hay por qué preguntar a las bases sobre pactos postelectorales según los estatutos de PP, Ciudadanos y Vox. El caso de la fuerza ultraderechista es curioso, porque renovó sus estatutos en febrero, tras su éxito electoral en Andalucía, para eliminar incluso las primarias. En el poco tiempo que lleva en primera línea Vox ya ha retrocedido en democracia interna. No se prevén en Vox mecanismos de participación de la militancia en lo referente a la decisión sobre los pactos postelectorales.
La negociación 'in extremis' para el Gobierno de coalición complica la consulta a las bases del PSOE
El PP, en cambio, ha hecho algún avance en democracia interna. Pablo Casado se convirtió el año pasado en el primer líder elegido en primarias. No obstante, no ha dado ningún paso para abrir a la decisión de los pastos postelectorales al conjunto de la militancia. El partido, cuestionado por infoLibre por el órgano responsable de la decisión final sobre los pactos, señala al comité constituido tras las elecciones del 26M, que coordina la posición a nivel estatal, autonómica y de ayuntamientos. El equipo está dirigido por el secretario general, Teodoro García Egea, mano derecha de Pablo Casado, y por el vicesecretario Javier Maroto, la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, y la coordinadora de campaña de las municipales y autonómicas, Cuca Gamarra. Es decir, un estrecho círculo de colaboradores del presidente del partido. El PP considera incluso en sus estatutos una "infracción muy grave" que se asuman acuerdos "de carácter político" con otros partidos sin consultar con los "órganos jerárquicamente superiores del partido o de los grupos institucionales".
La posición y la normativa ante la formación de gobiernos del PP, el segundo partido más votado, y Vox, el quinto, no tiene ahora excesiva relevancia a priori, ya que ambas formaciones son inequívocas en la línea a seguir: quieren pactos entre ellos y con Cs allí donde sea posible, si bien la formación de ultraderecha dice que condiciona su apoyo que la formación naranja negocie directamente en una mesa a tres, no como en Andalucía. De hecho, PP y Vox alcanzaron ya este viernes un "principio de acuerdo" para gobernar en las localidades donde suman mayoría. Sin ninguna consulta a las bases.
Más relevante es lo que haga Cs, que tiene la llave de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón y Murcia, así como de los ayuntamientos de once capitales: Madrid, Zaragoza, Huesca, Burgos, Palencia, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Granada y Jaén. El partido indica que la decisión corresponde al comité de negociación de gobiernos creado tras las elecciones. Lo lidera el secretario general, José Manuel Villegas, y forman también parte los responsables de Organización, Fran Hervías, Acción Institucional, José María Espejo, y Comunicación, Fernando de Páramo. El núcleo duro de Rivera. Todas las "propuestas de negociación", que se definirán en diálogo con los niveles autonómicos y municipales de los partidos, serán trasladadas al Comité Ejecutivo, la dirección del partido, según explicó Inés Arrimadas en la constitución del comité.
Las consultas a las bases se cruzan el camino de la izquierda hacia posiciones de poder. Dos casos, Barcelona y Navarra, este último directamente conectado con la posible formación de una mayoría para investir presidente a Pedro Sánchez, ilustran cómo la obligación autoimpuesta de consultar a los militantes las decisiones postelectorales chocan con los intereses inmediatos de la dirigencia política. Ambos casos, que experimentaron este viernes giros y tensiones, están pendientes de resolución, pero tienen algo en común: la existencia de presiones y maniobras para reducir en lo posible el margen de decisión de la totalidad de los militantes. Son problemas que la derecha no tiene. PP, Cs y Vox concentran la decisión sobre los pactos en sus líderes –Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal– y el más estrecho círculo en torno a estos.