Por qué se ha convertido María Jesús Montero en una figura esencial para la investidura de Sánchez

“Me entiendo bien con la ministra de Hacienda. Tanto ella como yo somos bastante directos. Lo prefiero así a la hora de hablar y plantear las cosas. Ya sabe todo el mundo que Hacienda es el Gobierno dentro del Gobierno. Es el que da el permiso al resto de departamentos para hacer cosas”.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, se expresaba claramente tras el encuentro de la semana pasada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que a su lado también estuvo la titular de Hacienda en funciones y ‘número dos’ del PSOE, María Jesús Montero. La sevillana se ha convertido en una pieza clave de la negociación: vis política y la llave presupuestaria, como reconocen fuentes de la negociación.

Montero llegó a la órbita de Pedro Sánchez con la moción de censura cuando fue elegida para capitanear el Ministerio de Hacienda. Desde entonces ha ido ganando mucho peso y llegó a ostentar la Portavocía del Gobierno. Pero ahora, además, tiene un gran poder dentro del partido (algo a lo que había sido reacia durante años en su época en la Junta de Andalucía) y es la vicesecretaria general del PSOE desde el verano pasado.

Interlocutora de confianza y con la vista en los presupuestos

Pero esto no la ha convertido directamente en clave en las negociaciones, sino que se dan otros factores. Uno de ellos es que se ha ido labrando una relación con los grupos durante la pasada legislatura y se ha fortalecido como interlocutora de confianza para muchos. Ella habla de manera muy práctica, negocia con datos y tiene el poder para las partidas ministeriales. Pero es que, además, otro de los puntos esenciales de la negociación es que el PSOE quiere atar también varios presupuestos generales.

El planteamiento de negociación de los socialistas no pasa sólo por los votos para la investidura, sino que aspiran a amarrar varias ediciones de las cuentas públicas para garantizar la legislatura. Aunque en público se habla principalmente por parte de los posibles socios del Gobierno de materias de autogobierno, los temas económicos también tendrán gran importancia a la hora de sellarse un pacto, como reconocen los negociadores.

Por eso, Montero estuvo al lado de Sánchez durante las reuniones la semana pasada del presidente con representantes del PNV, Coalición Canaria, Junts y EH Bildu. Los nacionalistas vascos no quieren concretar en público, según fuentes consultadas, sus peticiones al socialismo, pero sí persiguen varias cuestiones, como han reiterado en público y en su programa. Especialmente miran a las infraestructuras, que se pueden vender además de cara a las próximas elecciones autonómicas. Una de sus principales demandas es que se culmine “con la mayor brevedad” la Y vasca, además de aumentar las partidas para los servicios de cercanías y acometer su transferencia al Gobierno de Euskadi. Los jeltzales, al hilo, ponen sobre la mesa acelerar las conexiones con Europa en materia ferroviaria e impulsar el corredor Atlántico de mercancías.

También los peneuvistas tienen mucho interés en los temas fiscales y se han fijado para esta legislatura lograr una revisión del IVA (analizando el tipo de bienes y servicios) y un cambio en la ley de estabilidad presupuestaria para que los objetivos sean individuales y de manera negociada bilateralmente con el Gobierno. 

Más allá de la amnistía: la carpeta económica catalana

La carpeta catalana tampoco está exenta de temas económicos de cara a la investidura. Aunque sólo el debate se centre públicamente en una posible ley de amnistía, tanto en ERC como en Junts reconocen la importancia que tendrá este aspecto a la hora de cerrar un posible pacto con los socialistas y Sumar. 

Por ejemplo, en ERC hablan de que es vital que ese acuerdo incluya materias que importan en el “día a día” de los ciudadanos. Una reivindicación en la que se trabaja para llegar a un pacto entre las dos partes es la transferencia de Rodalies, un servicio solicitado reiteradamente por la Generalitat y que ha sido siempre motivo de quejas por su funcionamiento desde hace décadas. Por el momento, los socialistas se mueven en un traspaso en el plano económico (que el coste del servicio que el Ministerio de Transportes abona a Renfe pase a la Generalitat), pero el independentismo quiere la transferencia completa que incluya vías, catenarias, estaciones y trenes. 

En la negociación ERC también presiona, como ha reconocido la consellera de Economía, Natàlia Mas, por la “corrección de la infrafinanciación” de Cataluña. Para la Generalitat, en la última década la media de ejecución de la inversión del Estado en Cataluña se situó en el 62% frente al 122% de Madrid. Aunque no se confirma oficialmente desde ERC, otras de las quejas habituales es la petición de una condonación de la deuda que acumula Cataluña por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cuyo origen para la propia Esquerra está en el propio sistema de financiación autonómico.

¿Se va a pactar con los independentistas un nuevo sistema de financiación autonómico? Desde el Gobierno se niega este extremo. María Jesús Montero quiere llevar a cabo la reforma de la ley durante esta legislatura, pero su intención pasa por llegar a consenso con el Partido Popular, ya que ahora mismo tiene la mayoría de gobiernos regionales en España tras el 28M. Por eso, se descarta aprobar ahora esa ley sin el respaldo de los populares. El actual modelo, que data de 2009, ya no sirve para la mayoría de autonomías. Pero en el Ejecutivo son conscientes de que el PP no va a poner fácil este extremo porque ya está haciendo oposición con la renovación.

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El voto para la investidura pasa necesariamente por los siete diputados de Junts. Los de Carles Puigdemont también van a reclamar mejoras en materia económica en la negociación, un punto que no está en las portadas pero que muchos sectores del partido ven como indispensable, según fuentes soberanistas. El expresident, en su discurso en Bruselas, para fijar las condiciones de la negociación habló del déficit fiscal de 20.000 millones al año en perjuicio de Cataluña, la falta “crónica” de inversiones y la no ejecución de todo lo presupuestado. El partido posconvergente, para presionar en mitad de las negociaciones, presentó en el Parlament un estudio que cifra en 450.000 millones la “deuda histórica” del Estado con Cataluña, además de exigir la condonación de la deuda del FLA (que el año pasado se situó en los 71.300 millones de euros). Otra de las reivindicaciones es el traspaso de las competencias de recaudación de la Agencia Tributaria para que la Generalitat pueda cobrar todos los impuestos.

Montero negocia también directamente con Coalición Canaria aspectos económicos, pues los nacionalista están dispuestos a abstenerse si se cumple con la llamada agenda canaria. Y esto abre la puerta, como reconoce ese partido, a que su voto pueda contar también en futuras leyes y especialmente en presupuestos generales. Ese paquete que exigen incluye la recuperación de los convenios de infraestructuras hidráulicas y educativas, la exención de la subida de tasas aeroportuarias que prevé Aena a partir del 1 de enero de 2024, la transferencia total de la competencia de costas y de las partidas en los presupuestos de este año, la ampliación un año en la gratuidad de los transportes y alargar diez años la bonificación del 60% del IRPF para los palmeros. 

En el Gobierno admiten la "complejidad" de esta negociación a varias bandas y con muchas peticiones, pero creen que se puede cuadrar todo y armar una mayoría de investidura. La conversaciones, como deslizan desde La Moncloa, ni se han encallado ni van tan rápidas como quiere hacer ver la derecha. Y buena parte de ello depende de los números que haga Montero.